SE PRESENTA.- FORMULA CONSIDERACIONES PRELIMINARES.- FORMULA DESCARGO.- OFRECE PRUEBAS.- SOLICITA.-

General Rodríguez, 15 de febrero de 2010.-
Señora Presidente del
Honorable Concejo Deliberante
Abogada Griselda N. Saisi
S./D.
Ref.: Dictamen de la Comisión Investigadora del Honorable Concejo
Deliberante creada por Decreto HCD 415/09, notificado por cédula
del 18 de enero de 2010 y mediante Expediente HCD 4050-4059.-

JORGE MARCELO CORONEL, DNI 14.700.608, por derecho propio, habiendo sido notificado del Dictamen “sancionado” por la Comisión Investigadora en el Expte HCD 4050-4059 el día 18 de enero de 2010, a la Sra. Presidente del Departamento Deliberativo, me presento y digo:

I.- DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION.- TERMINO PARA FORMULAR DESCARGO Y APORTAR PRUEBAS: Que la notificación del aludido dictamen fue realizada el 18 de enero de 2010 encontrándose en plena vigencia la Feria Administrativa dispuesta por Decreto Nro. 1.724/09 del Departamento Ejecutivo, motivo por el cual de conformidad con lo dispuesto por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Lomas de Zamora –de turno durante la feria judicial de enero 2010- en los autos caratulados “CORONEL Jorge Marcelo c/ HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE Y COMISION INVESTIGADORA s/ AMPARO” por resolución del 20 de enero de 2010, dicho dictamen debe tenerse por notificado recién el día 1 de febrero de 2010 y el término de diez (10) días que el artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades otorga para efectuar descargo y aportar pruebas comienza a regir el día martes 2 de febrero de 2010 venciendo en consecuencia el lunes 15 de febrero de 2010 conforme aquella resolución judicial y el artículo 68 de la Ordenanza General Nro 267 que regula el procedimiento administrativo en el ámbito de las municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.
Consecuentemente, vengo en tiempo y forma a presentarme en estas actuaciones a los efectos de formular el descargo que me brinda el artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y ofrecer la prueba correspondiente a los efectos de que la Comisión Investigadora elabore el informe que en Sesión Especial deberá ser tratado por la totalidad de los miembros que componen el Departamento Deliberativo.
II.- CONSIDERACIONES PRELIMINARES: Sin perjuicio del descargo que más adelante habré de formular respecto de cada uno de las irregularidades que se me imputan en el absurdo dictamen de la Comisión Investigadora, me veo en la obligación de realizar algunas apreciaciones que hacen a la violación de la garantía del debido proceso establecida en el artículo 18 de la Constitución Nacional, a la falta de imparcialidad de los señores concejales que habrán de decidir sobre la procedencia o improcedencia de los cargos que se me formulan y a la actitud totalmente “destituyente” de alguno de los concejales que han impulsado la absurda creación de la Comisión Investigadora con el único e inocultable objeto de burlar la voluntad de la ciudadanía y acceder al cargo de Intendente Municipal y apropiarse de la administración municipal por el único medio con que cuentan a su alcance, sabedores de la falta de apoyo de la ciudadanía que no cree nada de los cargos que se me imputan.

A.- ACTITUD DESTITUYENTE: En base tan solo a una más que escueta presentación efectuada por dos personas que dicen representar a la entidad “Alimentar enseñando” –sin cumplir con requisitos elementales de la Ordenanza General Nro 267 en materia de acreditación de personería y constitución de domicilio- con inusitada premura el Departamento Deliberativo, a escasos ocho (8) días de producido el recambio de concejales, resolvió la constitución de la Comisión Investigadora para proceder a la investigación de numerosas imputaciones formuladas respecto de la gestión del Intendente Municipal.
La totalidad de las supuestas irregularidades, en caso de existir como tales, están referidas a actuaciones y/o comportamientos de antigua data, producidos casi en su totalidad mucho antes del recambio de concejales y conocidos por la inmensa mayoría de ellos en función de haber ejercido en períodos anteriores similares cargos en el Departamento Deliberativo y alguno de ellos cargos de jerarquía en el Departamento Ejecutivo.
El hecho de haber aguardado a después del 10 de diciembre de 2009 para formular cargos y disponer su investigación a través de la comisión que dispone el artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades tiene como único fundamento la existencia de una actitud meramente “destituyente” en alguno de los concejales que integran los bloques de la oposición y algunos concejales que hasta la fecha indicada integraron el bloque del oficialismo por haber accedido al cargo por figurar en la misma boleta que el Intendente Municipal.
Esta actitud destituyente ha quedado en evidencia y hasta el propio periodismo local la denuncia –aunque sin presentarla como tal- cuando da cuenta de las diferencias existentes entre los dos grupos que impulsan la investigación.
Conforme las elucubraciones periodísticas por un lado se encontraría el primer concejal de la lista elegida en las elecciones del año 2007, quien ya contaría –según los medios- con la promesa de contactos a nivel provincial efectuada por alguna ex funcionaria de la Provincia de Buenos Aires, a quien secundarían en el intento los otros dos concejales “oficialistas” (¿oficialistas?) que votaron favorablemente la constitución de la comisión, a uno de los cuáles ya le habrían ofrecido el cargo de Secretario de Hacienda. Este grupo trabaja en busca del interinato y, tal como adelanta algún medio local, está interesado en extender los plazos a partir de la suspensión del Intendente, que ya anuncian como segura, porque cuanto más éstos se extiendan, más tiempo estarán en el poder, procurando de todos los modos posibles la prolongación del supuesto interinato que impida el llamado a elecciones en el tiempo y con la modalidad que dispone el artículo 123 de la Ley 5.109 (t.o. Decreto 8522/86).
En la misma tarea pero con aspiraciones diferentes se encuentra otro grupo de concejales que al amparo del resultado electoral de junio de 2009 aspira llegar a adueñarse del municipio conforme el procedimiento del artículo mencionado en el párrafo anterior, grupo que teniendo suficiente conocimiento desde hace tiempo de la probable existencia de lo que ahora considera “irregularidades” que pueden derivar en “delitos dolosos” (conforme la invocación del artículo 248 de la Ley Orgánica de las Municipalidades) omitió formular las pertinentes denuncias y aguardó al momento de contar con las manos suficientes en el Departamento Deliberativo para lograr la destitución del Intendente sin tener que arriesgarse a denunciarlo en el terreno de la justicia y ahora urge los términos para adelantar un posible proceso electoral que les otorgue lo antes posible el manejo de la administración municipal.

B.- INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS.- INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR: Tal como se ha dicho en el punto A precedente, la totalidad de las supuestas irregularidades que se me atribuyen, en caso de haber existido como tales, están referidas a actuaciones y/o comportamientos de antigua data, producidos casi en su totalidad mucho antes del recambio de concejales y conocidas por la inmensa mayoría de ellos en función de haber ejercido en períodos anteriores similares cargos en el Departamento Deliberativo y alguno de ellos cargos de jerarquía en el Departamento Ejecutivo, en los tiempos en que alguna de aquellas irregularidades podrían haber existido.
Ahora bien, de la lectura de los considerandos y artículos los artículos 2, 3, 4, 5 y 11 del dictamen “sancionado” por la Comisión Investigadora, resulta que la misma atribuye al Intendente la existencia de conducta grave en el ejercicio de sus funciones “lesivas al interés patrimonial del Municipio” (Art. 249 inc. 2 de la Ley Orgánica de las Municipalices) y en la imputación referida a la supuesta “usurpación de título” (artículo 5) no solo habla del perjuicio patrimonial sino que intenta encuadrar el hecho como la comisión de un delito doloso que merece el tratamiento del artículo 248 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Las imputaciones formuladas en los artículos 2, 3, 4, 5 y 11 del mencionado dictamen, por el supuesto perjuicio patrimonial causado al municipio y la gravedad institucional, hechos –reitero- de supuesta antigua data obligaban a los concejales a formular las pertinentes denuncias ante el órgano jurisdiccional, sin perjuicio de lo cual los mismos –al menos los que integraban el Departamento Deliberativo hasta el pasado 10 de diciembre de 2009- omitieron cumplir con su obligación legal incurriendo en “incumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos”.
El Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires (ley 11.922 y sus modificatorias) en el artículo 287 expresa que tienen obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio “..los funcionarios o empleados públicos que los conozcan con ocasión del ejercicio de sus funciones”.
Entre los concejales que desde el 10 de diciembre de 2009 integran el Departamento Deliberativo, varios de ellos y fundamentalmente de quienes hoy aparecen imputando al Intendente Municipal supuestas irregularidades que habrían provocado perjuicio al patrimonio municipal y pueden ser incluidas en la tipificación de delitos dolosos (conforme art. 248 de la Ley Orgánica de las Municipalidades) han venido desempeñando similar cargo y/o cargos de funcionarios en el Departamento Ejecutivo habrían tenido pleno conocimiento de la enorme cantidad de faltas que prontamente volcaron a estudio de la Comisión Investigadora.
La circunstancia de haberse desempeñado como funcionarios públicos en el tiempo en que tomaron conocimiento de la existencia de tamaña cantidad de irregularidades y la circunstancia de haber incumplido con la obligación impuesta por el artículo 287 del CPP de la Provincia de Buenos Aires amerita que se formule contra ellos la correspondiente denuncia por violación o incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, razón por la cual simultáneamente con la presentación de este escrito se ha formalizado la presentación de las denuncias judiciales ante la UFI de turno, del Departamento Judicial de Mercedes, con jurisdicción sobre el Partido de General Rodríguez, contra los concejales que conociendo las transgresiones e irregularidades encuadradas en el artículo 249 inciso 2) de la LOM omitieron formular las denuncias pertinentes, incurriendo en incumplimiento de los deberes de funcionario público.

C.- SOBRE EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 249 DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS MUNICIPALIDADES.- SU INCONSTITUCIONALIDAD.-
La ley Orgánica de las Municipalidades dispone en el artículo 249 que la Comisión Investigadora deberá constituirse con no menos de una cuarta parte del total de los miembros del Departamento Deliberativo, la que tendrá por objeto reunir los antecedentes y elementos de prueba necesarios para la valoración de los hechos, precisar y definir los mismos y luego de vencido el término de diez (10) días para que se formule el descargo y ofrezca prueba, tendrá que elevar al Concejo su informe para que sea tratado en Sesión Especial por la totalidad del cuerpo para calificar la supuesta gravedad de los hechos.
En el caso que nos ocupa la Comisión Investigadora se encuentra integrada por los concejales Valentín HENGEN, Edgard PEREZ, Liliana SCOPONI, Silvia GIORSEMINO, Héctor GOMEZ, Mario DEGUIZ, Alejandra FERRARI, Susana AYUS, Mauro GARCIA, Carlos DEMARIA y Sergio MAFFIA, vale decir once (11) concejales sobre el total de dieciséis (16) que componen el Departamento Deliberativo.
La Comisión Investigadora luego de un arduo trabajo ha “sancionado” el dictamen precisando los hechos que considera imputables al Intendente Municipal, lo que implica asumir el rol de parte acusadora.
Siguiendo los pasos de procedimiento establecidos por el artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, los mismos concejales que han formulado las imputaciones son los que deberán elevar un informe al Concejo Deliberante referido a la gravedad de los hechos y luego, sumados a los otros cinco (5) concejales que integran el cuerpo son quienes podrán disponer hasta la suspensión del Intendente Municipal mediante el voto de las dos terceras partes del total de los miembros.
Adviértase que los once (11) concejales que integran la Comisión Investigadora ya son las dos terceras partes del total de los miembros del Concejo Deliberante, que dichos concejales asumen en un primer momento el rol de “investigadores”, luego el de “acusadores”, en una tercera etapa “son quienes calificarán la supuesta gravedad de los hechos” y por último concluirán su labor desempeñándose como “jueces” por lo que como se dice vulgarmente ejercen “la función de juez y parte”, circunstancia que anula la “imparcialidad” que necesariamente tiene que tener en todo proceso el órgano juzgador.
A partir de la reforma constitucional de 1994, con la incorporación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8 párrafo 2do. inciso h), la Garantía del Debido Proceso involucra la vigencia concomitante de una serie de garantías sustanciales, tales como el derecho del acusado a ser oído, el de tener ocasión de hacer valer sus medios de defensa, el de ser juzgados por jueces naturales e imparciales, que en caso de ser violados desvirtuarían las previsiones constitucionales que tienden a asegurar la obtención de una “decisión justa” (CS 1994/08/18, “ATE San Juan, Secretario General Sánchez Héctor, DJ 1995-1-954; ED 160-15).
Las garantías deben acentuarse cuando la referencia se dirige al proceso penal y los mismos conceptos se extienden al “procedimiento administrativo” y su incumplimiento o violación de tales garantías es una irregularidad que hace a las formas esenciales, entre las cuáles están involucradas las formalidades o requisitos que deben observarse o respetarse para llegar a la emisión del correspondiente acto administrativo.
El artículo 18 de la Constitución Nacional establece que ningún habitante puede ser penado ni juzgado por “comisiones especiales” y en consecuencia se requiere la intervención de jueces competentes, con plenitud para el ejercicio de la función jurisdiccional y fundamentalmente “imparciales”. La preservación de la garantía de la defensa en juicio debe exigir como presupuesto de validez el respeto de los principios que hacen a la estructura de todo tipo de procesos o juicios revistiendo condición de axioma para la Constitución Nacional, cuales son la ocasión de hacer valer los medios de defensa y la garantía de un pronunciamiento racionalmente fundado por un tribunal imparcial (CS, 1994/08/18 en causa “ATE…” ya citada).
A las apuntadas irregularidades respecto de la doble función (acusadores y jueces) de los concejales integrantes de la Comisión Investigadora debe agregarse el hecho de constituir una “comisión especial” integrada por personas del común –y esto lo digo con el mayor de los respetos hacia los señores y señoras concejales que fueron elegidos por el voto popular para desempeñarse en una función deliberativa y no en una función jurisdiccional- sin el debido y suficiente conocimiento de las normas legales, tanto de fondo como de forma, que les permita diferenciar entre un delito doloso o una irregularidad administrativa y consecuentemente sin que les permita determinar si uno u otra han existido.
El carácter de “acusadores” y “jueces” que asumen los integrantes de la Comisión Investigadora y la carencia de conocimientos legales de la inmensa mayoría de los concejales que integran el Departamento Deliberativo –con excepción quizás de los abogados Griselda Saisi, Sergio Maffía y Héctor Gómez- en modo alguno garantizan un pronunciamiento racionalmente fundado por un Tribunal imparcial y competente, por lo que la resolución que definitivamente se adopte desde el inicio viola la garantía de defensa y del debido proceso, afectando seria y gravemente mis derechos constitucionales al mismo tiempo que pone en juego la estabilidad de una de las instituciones de la República como son las Municipalidades. (conforme artículo 5º de la Constitución Nacional).
Desde ya adelanto que, sabiendo que no corresponde al Departamento Deliberativo expedirse sobre el planteo de inconstitucionalidad del procedimiento impuesto por el artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, con intervención de mis letrados patrocinantes se promoverán acciones judiciales ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nro 1 del Departamento Judicial de Mercedes, planteando serios vicios de procedimiento, tales como falta de imparcialidad en quienes ejercerán la función de juzgadores, el notorio y público prejuzgamiento de alguno de los integrantes de la Comisión Investigadora, la falta de excusación de quienes actuando en funciones de acusadores asumirán el rol de juzgadores, quienes han intervenido en el proceso como testigos y asumirán el rol de juzgadores y quienes también asumirán dicho rol teniendo un notorio interés en la destitución del Intendente Municipal. Simultáneamente con dicha acción y con fundamento en los vicios denunciados se planteará la INCONSTITUCIONALIDAD DE TODO EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTICULO 249 DE LA LEY ORGANICA DE LAS MUNICIPALIDADES.

D.- FALTA DE IMPARCIALIDAD EN QUIENES EJERCERAN LA FUNCION DE JUZGADORES. PREJUZGAMIENTO: Soslayando la ya apuntada carencia de conocimientos legales de la inmensa mayoría de los concejales que integran el Departamento Deliberativo –reiterando que esta manifestación la formulo con el mayor de los respetos hacia las personas que fueron elegidos por el voto popular para desempeñarse en una función deliberativa y no en una función jurisdiccional- no puedo dejar de hacer referencia a la falta de imparcialidad manifiesta y al prejuzgamiento en que ha incurrido en forma pública y notoria alguno de los integrantes de la Comisión Investigadora, olvidando la mesura y prudencia con que deben operar quienes ejercen una función jurisdiccional y desconociendo totalmente el “principio de inocencia” que prescribe que toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se demuestre su culpabilidad.
En materia de “prejuzgamiento” corresponde destacar que el “Diario Acción” de General Rodríguez en su edición digital da cuenta que “El martes 19 de enero de 2009 el concejal Héctor Adán Gómez visitó el programa Despierta Rodríguez en el marco de la investigación sobre la administración del intendente Marcelo Coronel” ocasión en la que el concejal integrante de la Comisión Investigadora explicó los alcances y contenidos del dictamen conocidos el día anterior y que fuera enviado al Departamento Ejecutivo, refiriéndose a ciertas cuestiones puntuales y a la continuidad del proceso iniciado y las probabilidades de su culminación.
En la mencionada intervención radial el concejal Gómez afirmó que la administración de Coronel "Es una gestión que llega a su fin, que se está acabando...”, que “Es un proceso que se inicio con Di Landro, Coronel fue la continuidad de un proceso que está dando, a mi modesto entender, los ultimos estertores de vida” “Tengo la impresión de que este sistema que se inicio hace casi veinte años está cumpliendo sus últimos momentos de vida.” para continuar afirmando respecto de las administraciones municiapales que “… las que siguieron con la línea nacional terminaron su ciclo, como en General Rodríguez y esto revela la inteligencia de la gente...", “La investigación continua y asume entonces el primer concejal de la lista que le sigue a Coronel, Juan P. Anghileri.”
Estas afirmaciones han sido formuladas apenas emitido el dictamen de la Comisión Investigadora que integra el Concejal Gómez, quien aventura ya el resultado del proceso en que actuó hasta el 18 de enero de 2010 como “acusador” y a partir de la presentación del descargo y el ofrecimiento de prueba que me permite el artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades ejercerá la función de “juez”.
Reitero que quienes ejercen una función jurisdiccional están obligados a garantizar el derecho de defensa y el debido proceso y al garantizar los mismos deben guardar prudencia y mesura de forma tal que no se afecten tales derechos y garantías y menos aún se afecte el principio constitucional de inocencia.
Cabe a esta altura preguntarse ¿Qué sentido tiene que el artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades me conceda la posibilidad de efectuar descargo y aportar pruebas si quienes como el concejal Gómez –jueces y parte en esta causa- ya han emitido públicamente su opinión sobre el final de este proceso afirmando que mi gestión llega a su fin, lo que implica prejuzgar sobre la decisión que al menos dispondrá mi suspensión como paso previo a mi destitución?

E.- RECUSACIÓN A LOS CONCEJALES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA, FUNDAMENTALMENTE AL CONCEJAL HÉCTOR A. GÓMEZ Y DEL MISMO MODO AL CONCEJAL GONZALO ARIEL GRAÑA Y AL CONCEJAL JUAN PABLO ANGHILERI.
Como se ha dicho precedentemente, las garantías sobre el debido proceso deben acentuarse cuando la referencia se dirige al proceso penal y los mismos conceptos se extienden al “procedimiento administrativo” y su incumplimiento o la violación de tales garantías es una irregularidad que hace a las formas esenciales, entre las cuáles están involucradas las formalidades o requisitos que deben observarse o respetarse para llegar a la emisión del correspondiente acto administrativo.
Entre estas formalidades o requisitos se encuentra la obligación de los juzgadores de Excusarse o el derecho de los imputados a recusarlos cuando se acreditan determinados motivos.
En este caso, por aplicación supletoria de la Ley 11.922 (y sus modificatorias (Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires) nos encontramos con la presencia de concejales que conforme el artículo 47 de dicha norma deberán excusarse de participar en la próxima etapa del cuestionado procedimiento del artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y en su defecto quedo habilitado en los términos del artículo 48 del CPP para recusarlos y exigir que para el dictado de la resolución que se pronuncie sobre la gravedad de los hechos en la Sesión Especial , se proceda a conformación del Departamento Deliberativo con los concejales suplentes que naturalmente reemplacen a los que a continuación vengo a recusar.
El mencionado artículo 47 del CPP al referirse a los motivos de excusación dispone que “El Juez deberá excusarse cuando exista alguno de los siguientes motivos:
1.- Si en el mismo proceso hubiere pronunciado o concurrido a pronunciar sentencia sobre puntos a decidir; si hubiere intervenido como funcionario del Ministerio Público, defensor, mandatario, denunciante, particular damnificado o querellante; si hubiera actuado como perito o conocido el hecho investigado como testigo……..10.- Si hubiere dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso.- “
1.- Respecto de los integrantes de la Comisión Investigadora: Como ha quedado suficientemente expresado, los concejales integrantes de la Comisión Investigadora que llevaron a cabo la etapa investigativa y suscribieron el Dictamen del 18 de enero de 2010 formulando las imputaciones en mi contra, han cumplido el rol de “investigadores” y “acusadores” equivalentes a los que cumplen los funcionarios del Ministerio Público, razón por la cual todos ellos, por aplicación del artículo 47 inciso 1) del CPP deberán excusarse de participar en la etapa de juzgamiento.
2.- Respecto del Concejal Héctor Gómez: En el caso concreto del Concejal Héctor Gómez, integrante de la Comisión Investigadora, además de su participación como “investigador” y “acusador” por lo que debería excusarse junto al resto de los integrantes en los términos indicados en el artículo 47 inciso 1) ya citado, tal como se ha detallado en el “Capítulo II punto D.- Falta de imparcialidad. Prejuzgamiento”, en medios periodísticos ha manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso, motivo que lo obliga a excusarse en los términos del inciso 10 del mencionado artículo.
3.- Respecto del Concejal Gonzalo Ariel Graña: En el caso concreto del Concejal Gonzalo Graña, tal como se expresa en el punto 9º de los considerandos del Dictamen de la Comisión Investigadora prestó ante la misma declaración testimonial registrada en el Acta Nro 8 del 13 de enero de 2010 y su testimonio ha sido determinante para la imputación contenida en el artículo séptimo de dicho dictamen. En este caso el Concejal Gonzalo Ariel Graña argumenta que durante su actuación como Director de Juventud, dependiente de la Secretaría de Salud y Acción Social ha sufrido descuentos en sus remuneraciones en concepto de aportes partidarios sin haber consentido tal merma salarial.
En realidad el Concejal Graña consintió los descuentos que se le realizaron para el Partido Justicialista no solo cuando se desempeñaba como Director de Salud sino también ejerciendo el cargo de Concejal, ya que recién en junio de 2009 solicitó se dejarán de practicar dichas retenciones por haber dejado de pertenecer al Partido Justicialista y haber resultado electo concejal representado a otra agrupación política. Sin perjuicio de lo que más adelante se argumentará como descargo de mi parte, corresponde tener presente que el Concejal Gonzalo Graña, mientras se le descontaron aportes para el Partido Justicialista suscribió de plena conformidad y mes a mes los respectivos recibos de haberes sin haber formulado jamás su oposición al descuento, el que se le practicó hasta que expresamente solicitó se dejara de realizar por haber dejado de pertenecer al Partido Justicialista y adherido a otra agrupación política de signo distinto. El hecho por el cual ha prestado declaración testimonial resulta de antigua data y no solo conocido sino consentido pacíficamente por él y consecuentemente corresponde que el mencionado concejal se excuse de participar en la etapa de juzgamiento, tal como resulta del artículo 47 inciso 1) del CPP atento que encuadra en la figura de “quien conoce como testigo el hecho investigado”, pudiendo encuadrase asimismo en la figura de “particular damnificado”.
4.- Respecto del Concejal Juan Pablo Anghileri: En este caso el Concejal Juan Pablo Anghileri también debería excusarse de intervenir en la etapa de juzgamiento. El artículo 47 del CPP al referirse a los motivos de excusación dispone que “El Juez deberá excusarse cuando exista alguno de los siguientes motivos:…..4.- Si él o alguno de dichos parientes tuvieren interés en el proceso…..13.- Si mediaren circunstancias que, por su gravedad, afecten su independencia e imparcialidad.“
Como se ha dicho precedentemente el Concejal Juan Pablo Anghileri es el primer concejal en la lista que acompañó al Intendente Jorge Marcelo Coronel en las elecciones del año 2007 y su natural reemplazante conforme los casos previstos en disposiciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades y de la Ley 5.109 (t.o. Decreto 8522/86). Al respecto el Concejal Héctor Gómez en declaraciones periodísticas ha manifestado que “La investigación continua y asume entonces el primer concejal de la lista que le sigue a Coronel, Juan P. Anghileri.”
Queda claro que el Concejal Juan Pablo Anghileri tiene “interés en el proceso” atento que la suspensión o destitución del suscripto lo posiciona en el cargo de Intendente Municipal y que tal circunstancia reviste en este caso particular una tremenda gravedad que afecta al menos su imparcialidad.

Conciente de que los concejales involucrados no habrán de cumplir con el deber de excusarse para intervenir de aquí en más como “juzgadores”, porque en ellos anida y los inspira una actitud netamente “destituyente” que busca sin fundamento alguno mi separación del cargo de Intendente Municipal hago uso del derecho que me otorga el artículo 50 del CPP y conforme sus disposiciones vengo expresamente a recusar a los concejales que integran la Comisión Investigadora, al Concejal Héctor Gómez, al Concejal Gonzalo Graña y al Concejal Juan Pablo Anghileri, correspondiendo que con carácter previo a la Sesión Especial en que debe calificarse la gravedad de los hechos, se convoque a una sesión de similar carácter para resolver sobre la presente recusación y se convoque a los concejales suplentes para reemplazar a los que aquí han sido recusados, bajo apercibimiento y reserva de accionar judicialmente contra la totalidad de los actuales integrantes del Departamento Deliberativo en caso de negativa.

F.- NULIDAD DE LA SUPUESTA RESOLUCIÓN C.I. (H.C.D./ GRAL. RODRÍGUEZ) Nº 1/2010 Y DE ACTOS DE LA COMISION INVESTIGADORA REALIZADOS CON POSTERIORIDAD A LA NOTIFICACION DE LA RESOLUCION DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE LOMAS DE ZAMORA.- PRECLUSION DE LOS ACTOS PROCESALES.-
Como quedó demostrado con la resolución del 20 de enero de 2010 del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Lomas de Zamora –de turno durante la feria judicial de enero 2010- en los autos caratulados “CORONEL Jorge Marcelo c/ HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE Y COMISION INVESTIGADORA s/ AMPARO” la Comisión Investigadora posee una enciclopédica ignorancia en materia de procedimiento administrativo, que no se agota con su errónea forma de computar los términos sino que sigue ampliando con la adopción de medidas como la que llama “Resolución C.I. (H.C.D./Gral. Rodríguez) Nº 1/2010” que dice haber sancionado con fecha 1 de febrero de 2010, obrante en el Expte 4050-4098 CI 1/2010” que notificaran al Departamento Ejecutivo con fecha 2 de febrero de 2010.
En principio la Comisión Investigadora, tal como dispone el artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, tiene “por objeto reunir los antecedentes y elementos de prueba necesarios para la valoración de los hechos, que deberán ser precisamente definidos. Para ello tendrá un plazo de treinta (30) días.” Coincidente con ello el Decreto Nro 415 del HCD por el que se dispone la creación de la Comisión Investigadora, en el artículo segundo expresa “Encomiéndase a la Comisión Investigadora reunir los antecedentes y elementos de prueba que estime pertinentes” y en el artículo cuarto dispone que “La Comisión tendrá amplias facultades para realizar las investigaciones que considere pertinentes y requerir toda la información y documentación que considere necesaria con el objeto de dar acabo cumplimiento a sus funciones en los plazos establecidos por la ley…” (sic)
Queda más que claro que tanto el artículo 249 de la LOM como el Decreto HCD Nro 415 definen con precisión la función, alcances y términos de la Comisión Investigadora para reunir los antecedentes y elementos de prueba necesarios para la valoración de los hechos y al cabo de treinta días emitir dictamen con la precisa definición de los cargos.
F.a.- La Comisión Investigadora carece de atribuciones legislativas: Ni la Ley Orgánica de las Municipalidades ni el Decreto HCD Nro 415 otorgan facultades legislativas a la Comisión Investigadora que le permitan “sancionar resoluciones” como el instrumento que en el Expte HCD 4050-4098 CI 1/2010 autotitulan “Resolución C.I. (H.C.D./ Gral. Rodríguez) Nº 1/2010, cuyo contenido –sin entrar a valorarlo en este momento- debió ser propuesto por la Comisión Investigadora a la totalidad del Departamento Deliberativo para ser tratado en Sesión Especial del cuerpo y en caso de resultar aprobado, dictado como decreto del HCD, tal como ocurrió con la norma que creó la comisión.
La autotitulada “Resolución C.I. (H.C.D./ Gral. Rodríguez) Nº 1/2010, carece de toda validez por cuanto la Comisión Investigadora no posee facultades legislativas y en el mejor de los casos para ella y sus integrantes, debería haber sido el Departamento Deliberativo en Sesión Especial quien –a su propuesta- dictara un decreto por el cual se modificaran alguna de las disposiciones del Decreto HCD Nro 415.
Pero cabe aquí destacar que tal supuesta norma –si bien luego aparece como consentida por la Presidente del Cuerpo Deliberativo a fojas 6 del Expte HCD 4050-4098 CI 1/2010, quien deberá oportunamente asumir la responsabilidad por este acto- lleva tan sólo la firma de los Concejales Valentín Osvaldo HENGEN, Héctor A. GOMEZ y Edgard Luis PEREZ siendo ellos solo tres de los once integrantes de la Comisión Investigadora y sin que conste en el expediente el tratamiento de un proyecto por los demás integrantes. Si la Comisión Investigadora carece de facultades legislativas más aún carecen de tales facultades tres integrantes de la misma, que no pueden arrogarse la representación del resto de sus pares.

F.b.- La Comisión Investigadora desconoce los alcances de la Resolución Judicial y el Instituto de la PRECLUSION DE LOS ACTOS PROCESALES: A la ya apuntada ignorancia respecto de la forma de contar los términos en el procedimiento administrativo, respecto de las precisas funciones que le fueron encomendadas y de la inexistencia de facultades legislativas, la Comisión Investigadora al “sancionar” la autotitulada “Resolución C.I. (H.C.D./ Gral. Rodríguez) Nº 1/2010, deja aún más en evidencia su desconociendo de los términos de la Resolución Judicial y su ignorancia sobre institutos fundamentales que iluminan las normas de procedimiento como es el “Instituto de la preclusión de los actos procesales” que inspira toda la Legislación Procesal, en virtud del cual, para que los actos procesales sean eficaces, han de realizarse en el momento procesal oportuno, careciendo de validez en otro caso y de acuerdo con él, los actos procedimentales cumplidos quedan firmes y no se puede volver sobre ellos, por el efecto que tiene cada estadio procedimental de clausurar el anterior.
La Comisión Investigadora en el primer párrafo de los considerandos expresa que “…ya había extremado los recaudos para proceder a iniciar la segunda etapa del proceso prefijado legalmente” pero malinterpretando la Resolución del 20 de enero de 2010 del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Lomas de Zamora –de turno durante la feria judicial de enero 2010- en los autos caratulados “CORONEL Jorge Marcelo c/ HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE Y COMISION INVESTIGADORA s/ AMPARO” fija “…el día 1º de febrero del corriente como inicio del proceso investigativo” , como queriendo desconocer que dicho proceso ya fue realizado en el Expte HCD 4050-4059 alcances 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,
15,16,17,18 y 19 y concluido con el Dictamen “sancionado” en el expediente madre y notificado por cédula y por dicho expediente el día 18 de enero de 2010.
Siguiendo con su descabellado análisis, en el sexto párrafo de los considerandos la Comisión Investigadora expresa que “..es menester retomar el procedimiento tal como el ya comenzado, pero computando los plazos legales desde el 1º de febrero de 2010 ya que se ha retrotraído por decisión jurisdiccional la situación administrativa al 31 de diciembre de 2009”.
Queda aquí en evidencia que la Comisión Investigadora no sabe contar los términos procesales, pero menos aún sabe interpretar la Resolución Judicial, ya que la misma en ningún momento ordena volver atrás con todo lo realizado –que implicaría violar el instituto de la preclusión- sino que dispone “que todos los plazos de intimaciones, notificaciones y/o emplazamientos cursados en períodos inhábiles comiencen a computarse a partir del 1º de febrero del año 2010 y deberán ajustarse a lo prescripto en los arts. 68 y 76 de la Ordenanza General Nº 267”. (el subrayado me pertenece)
Para quien además de saber leer tiene capacidad de interpretación, se advierte que la Resolución Judicial no dice “volver atrás” con todo el procedimiento sino que aquellas intimaciones, notificaciones y/o emplazamientos cursados por la Comisión Investigadora al Departamento Ejecutivo en el mes de enero de 2010 –vigente la feria administrativa dispuesta por Decreto Nro 1.724/09— deben tenerse por notificadas recién el 1º de febrero de 2010 y a partir de esa fecha contarse los términos conforme las disposiciones de los artículos 68 y 76 de la Ordenanza General 267.
A la luz de la correcta lectura de dicha resolución y con fundamento en esenciales principios del Derecho Administrativo y de las normas procedimentales que la Comisión Investigadora lamentablemente desconoce, cabe formularse dos preguntas:
a) ¿Qué ocurre con aquellas intimaciones, notificaciones y/o emplazamientos cursados por la Comisión Investigadora al Departamento Ejecutivo durante el mes de diciembre de 2009 antes del comienzo de la Feria Administrativa?
b) ¿Qué ocurre con los actos procesales cumplidos tanto por el Departamento Ejecutivo como por la Comisión Investigadora durante el transcurso del mes de enero de 2010?
La respuesta a la primera de las preguntas la tiene la Comisión Investigadora en el Expte HCD 4050-4059 Alcance14 fojas 4 y en el Expte HCD 4050-4059 Alcance18 fojas 5, donde ante el desconocimiento sobre la forma de contar los términos procesales el Departamento Ejecutivo ilustró a los integrantes de aquella comisión informándoles que de conformidad con la Ordenanza General Nº 267 todos los plazos administrativos se cuentan por días hábiles, salvo expresa disposición legal o habilitación y se computan a partir del día siguiente de la notificación y que por aplicación conjunta del artículo 108 inc. 7 y artículo 68 de la Ordenanza General Nro 267, respecto de las intimaciones, requerimientos y notificaciones efectuadas el día 23 de diciembre de 2009, el término de cinco (5) días hábiles comenzaba a contarse el lunes 28 de diciembre de 2009 culminando el martes 2 de febrero de 2010 en virtud de la Feria Administrativa dispuesta por Decreto Nro 1.724/09 para todo el ámbito del Departamento Ejecutivo. Esta clara y legítima interpretación plasmada en la respuesta volcada en los dos expedientes arriba mencionados –que con inusitada soberbia fue calificada de “mamarracho jurídico” por alguno de los notables integrantes de la Comisión Investigadora hasta en los medios periodísticos locales- es la que corresponde a derecho y de conformidad a ella se ha pronunciado la Resolución del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
Para dar respuesta a la segunda pregunta debe recurrirse al ya mencionado “Instituto de la preclusión de los actos procesales” que, como ya se ha dicho, inspira toda la Legislación Procesal y del que resulta que para que los actos procesales sean eficaces, han de realizarse en el momento procesal oportuno, que carecen de validez si se realizan fuera del término correspondiente y que aquellos actos procedimentales cumplidos quedan firmes y no se puede volver sobre ellos, por el efecto que tiene cada estadio procedimental de clausurar el anterior.
La PRECLUSION, como seguramente debe saber la Sra. Presidente del Honorable Concejo Deliberante –no solo por su función deliberativa sino por el cúmulo de años en el ejercicio de la Abogacía- está vinculada al orden consecutivo legal que se traduce en que todo proceso debe avanzar de acuerdo a las normas preestablecidas de un procedimiento y que para que realmente se logre este objetivo deben ir cerrándose fases o etapas impidiendo –por razones de seguridad jurídica- que el proceso vuelva atrás.
El estudio de la preclusión no puede estar separado del de la “carga procesal” que consiste en el requerimiento de una determinada conducta en un momento determinado, diferenciándose del “derecho a realizar un acto procesal” que es una facultad que la ley otorga al litigante en su beneficio.
A título de ejemplo puede decirse que:
- “Derecho a realizar un acto procesal” en este caso concreto es el que me otorga el artículo 249 LOM cuando me da la posibilidad de presentar o no el descargo y ofrecer pruebas.
- “Carga procesal” es una conminación o compulsión a ejercer el derecho en el momento oportuno y quien tiene esa carga procesal se halla compelido a realizar el acto previsto, como por ejemplo la presentación del Dictamen de la Comisión Investigadora en el término de treinta (30) días que le otorga el artículo 249 LOM.
Hecha esta simple comparación, vale tener presente que por la preclusión se tornan intangibles los actos cumplidos dentro del proceso para permitir el paso a una etapa posterior, de forma tal que el proceso avance aceitadamente hacia su meta. La preclusión es el medio del cual se ha valido el legislador para hacer progresar el proceso impidiendo su retroceso y se basa en que la ley impone un límite temporal a la vida del proceso, a cada una de sus partes y a cada uno de los actos que lo integran.
El fundamento de la preclusión es el cumplimiento de las leyes de procedimiento y de las leyes que regulan el orden del procedimiento resultan las siguientes consecuencias:
1.- La imposibilidad de ejecución posterior de los actos no ejecutados en tiempo y forma, sanción dispuesta para quienes no hacen uso oportuno de las facultades que la ley les otorga.
2.- Plena validez del acto procesal realizado y la imposibilidad de volver a ejercitar una facultad procesal una vez que la misma ha sido ejercida, aún cuando exista plazo pendiente para ello.
Refiriéndonos concretamente al accionar de la Comisión Investigadora en todo el proceso ordenado por el Decreto HCD Nº 415, corresponde remarcar que conforme el artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Comisión Investigadora tenía por función “reunir antecedentes y elementos de prueba necesarios para la valoración de los hechos que deberán ser precisamente definidos” y para ello contaba con un término de treinta (30) días, recordando a tal efecto que en materia de Procedimiento Administrativo cuando se fijan plazos en días los mismos son hábiles y hábiles son sólo aquellos en los que funcione la Administración Pública.
Conforme ello y teniendo en cuenta que el Departamento Deliberativo que le encomendó la investigación no hizo uso de la Feria Administrativa, la Comisión Investigadora tenía tiempo hasta el 3 de febrero de 2010 inclusive para producir su dictamen, pero en un palmario desconocimiento no solo de estos plazos procedimentales sino también de lo dispuesto por el Departamento Ejecutivo por Decreto Nro 1.724/09, en una clara muestra de apresuramiento, impulsada por la urgencia de su “intención destituyente” y violando expresamente el Derecho de Defensa y la Garantía del Debido Proceso, a escasos dieciocho (18) días de iniciada su labor emitió el Dictamen y dio por concluida la “primera etapa procedimental dispuesta por el artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades” (ver artículo 16º del mencionado Dictamen).
Con la emisión del Dictamen notificado el 18 de enero de 2010, la Comisión Investigadora quedó entrampada en su propia telaraña y, consecuentemente resulta pasible de las dos consecuencias arriba apuntadas relacionadas con el instituto de la preclusión de los actos procesales.
1.- Plena validez del acto procesal consistente en la emisión y notificación del Dictamen de la Comisión Investigadora del 18 de enero de 2010: Como se ha dicho precedentemente, una de las más importantes consecuencias de la preclusión de los actos procesales es la plena validez de aquellos que han sido realizados y la imposibilidad de volver a ejercitar una facultad procesal una vez que la misma ha sido ejercida, aún cuando exista plazo pendiente para ello.
Como precedentemente se ha dicho, la Comisión Investigadora disponía de tiempo para producir su dictamen hasta el 3 de febrero de 2010 y por las razones precedentemente expuestas apuró el trámite del proceso emitiendo el mismo con fecha 18 de enero de 2010, sin agotar la etapa investigativa e imposibilitando que el Departamento Ejecutivo respondiera en tiempo y forma sus requerimientos, lo que equivale a violar el derecho de defensa y con ello la garantía del debido proceso.
La notificación del dictamen por el que, además de definir vagamente los cargos, se da por concluida la etapa investigativa, trae como única y lógica consecuencia el paso a la siguiente etapa procedimental, consistente en la presentación del descargo del Intendente Municipal y el ofrecimiento de la prueba que éste estime pertinente.
Conforme el “instituto de la preclusión de los actos procesales” ni el Departamento Deliberativo ni la Comisión Investigadora pueden volver a ejercitar una facultad procesal que ya ha sido ejercida, como es la etapa de investigación y la presentación del dictamen con los cargos, ni siquiera existiendo plazo pendiente para ello, porque cuando ya se hizo uso de esa facultad se produce lo que para los entendidos en Derecho se llama “preclusión por consumación” o “consumación procesal” que consiste en la imposibilidad de volver a realizar un acto ya realizado. El ejercicio de un acto procesal se consuma con el uso por lo que una vez ejercido no es posible volver a comenzar y queda extinguida la oportunidad que la ley otorga para el ejercicio de esa facultad procesal. No es posible volver a ejercitar una facultad procesal una vez que la misma haya sido ejercida –como en este caso con la presentación del Dictamen- aunque al tiempo de ejercerla quedara plazo pendiente para su producción.
2.- La Comisión Investigadora agotó la etapa investigativa. Pérdida de la posibilidad de reabrir la instancia investigativa o declarar la apertura de un nuevo procedimiento: Pese a sostener mendazmente en el considerando 22º del Dictamen que “Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 249 de la LOM y se han contemplado, en varias oportunidades y en honor a la verdad que se persigue, plazos de gracia o especiales a favor del Señor Intendente Municipal para que no se altere el derecho de su defensa que le asiste y a los efectos de obtener la mayor calidad y cantidad de piezas probatorias que desemboquen en la finalidad de la defensa de los más altos intereses públicos que animan nuestro accionar” ha quedado más que claro -a la luz de las argumentaciones del Departamento Ejecutivo contenidos en el Expte HCD 4050-4059 Alcance14 fojas 4 y en el Expte HCD 4050-4059 Alcance18 fojas 5 y los términos de la Resolución del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de Lomas de Zamora- que la Comisión Investigadora abruptamente dio por concluida el 18 de enero de 2010 la etapa de investigación sin permitir que el Departamento Ejecutivo respondiera en tiempo y forma cada uno de los requerimientos contenidos en diversos alcances del Expte HCD 4050-4059, reiterando una vez más que el mismo tenía tiempo hasta el 2 de febrero de 2010.
Este apresuramiento de la Comisión Investigadora, impulsado por la soberbia e ignorancia de alguno de sus notables integrantes y en la urgencia de la “intención destituyente” de alguno de los ediles, violando expresamente el Derecho de Defensa y la Garantía del Debido Proceso, emitió Dictamen el 18 de enero de 2010 y dio por concluida la “primera etapa procedimental” cuando aún disponía de doce (12) días hábiles para cumplir su cometido.
Como se ha dicho precedentemente entre las consecuencias de la “preclusión de los actos procesales” encontramos la imposibilidad de ejecución posterior de los actos no ejecutados en tiempo y forma y conforme ello de ningún modo puede la Comisión Investigadora en la autotitulada y cuestionada “Resolución C.I. (H.C.D./ Gral. Rodríguez) Nº 1/2010 disponer “..a partir del 1º de febrero del corriente… la fecha de inicio para la reunión de antecedentes y elementos de prueba necesarios para la valoración de los hechos que deberán ser precisamente definidos” (artículo 3).
Con tan insólita resolución la Comisión Investigadora pretende “volver atrás” el proceso queriendo ignorar la plena y total validez del Dictamen emitido el 18 de enero de 2010 sin haber ejercido en su totalidad las facultades que le otorgaba la ley y sin posibilitar al Intendente Municipal responder en tiempo y forma todos y cada uno de los requerimientos que le fueron formulados, por el cual dispuso tener por concluida la etapa de investigación.
Cuando en el artículo 4 de la insólita Resolución C.I. (H.C.D./Gral. Rodríguez) Nº 1/2010 resuelve “Aplicar el plazo de diez (10) días hábiles para los casos en que se requieran informes, documentos, elementos de prueba y demás que fuere menester al Departamento Ejecutivo, para que éste los envíe a la Comisión investigadora” parece ignorar por una parte que no puede “volver atrás” el camino andado y los actos procesales ejecutados y que ha sido ella –en su apresuramiento- quien sin haber permitido que el Departamento Ejecutivo respondiera en tiempo y forma cada uno de sus requerimientos dio por terminada la investigación perdiendo el derecho a continuar o reiniciar la misma.
3.- Nulidad de la autotitulada “Resolución C.I. (H.C.D./ Gral. Rodríguez) Nº 1/2010: En el Expte HCD 4050-4059 C.I. 1/2010, como ha quedado dicho los Concejales Valentín Osvaldo HENGEN, Héctor A. GOMEZ y Edgard Luis PEREZ, con su sola firma aparecen “sancionando” la pretendida resolución.
Al respecto corresponde destacar que:
a) Como se ha dicho, la Comisión Investigadora carece de facultades legislativas.
b) Los Concejales Valentín Osvaldo HENGEN, Héctor A. GOMEZ y Edgard Luis PEREZ, además de carecer de facultades legislativas no pueden arrogarse la representación de un órgano colegiado.
c) Con la pretendida norma, la Comisión Investigadora desconoce los alcances de la Resolución Judicial en cuanto forma de cómputo de los términos de procedimiento y el Instituto de la preclusión de los actos procesales.
d) Concluida la etapa investigativa con la presentación del Dictamen del 18 de enero de 2010 carece la Comisión Investigadora de facultades declarar la apertura de un nuevo proceso investigativo (artículo 2), para disponer que a partir el 1 de febrero de 2010 se fija como fecha de inicio de una tarea que ya ha sido realizada (artículo 3), requerir nuevamente informes otorgando el plazo de diez (10) días hábiles (artículo 4), disponer el archivo de las actuaciones que sirvieron como pruebas para la producción del Dictamen y la iniciación de una nueva etapa investigativa (artículo 5).
Por lo apuntado, sumado a ello el flagrante desconocimiento respecto del extensamente explicado “instituto de la preclusión de los actos administrativos”, la cuestionada medida de la Comisión Investigadora suscripta por los Concejales Valentín Osvaldo HENGEN, Héctor A. GOMEZ y Edgard Luis PEREZ, plasmada en la supuesta Resolución C.I. (H.C.D./ Gral. Rodríguez) Nº 1/2010 resulta NULA DE NULIDAD ABSOLUTA , razón por la cual vengo expresamente a solicitar se convoque al Departamento Deliberativo a Sesión Especial para dejar sin efecto alguno tan absurda e ilegal disposición y para juzgar la conducta de los concejales involucrados en el supuesto dictado y convalidación.
Pongo en su conocimiento y por su intermedio a la totalidad del cuerpo que ante la posibilidad de que se nieguen a lo peticionado en el párrafo anterior y a los efectos de lograr que la justicia declara NULA DE NULIDAD ABSOLUTA aquella supuesta resolución de la Comisión Investigadora y a los efectos legales correspondientes se promoverán ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Mercedes las acciones judiciales pertinentes contra el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE y/o COMISION INVESTIGADORA creada por Decreto HCD Nro 415/09 y/o Concejales Griselda N. SAISI, Valentín Osvaldo HENGEN, Héctor A. GOMEZ y Edgard Luis PEREZ planteando la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a la notificación de la resolución judicial dictada en los autos caratulados “CORONEL Jorge Marcelo c/ HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE Y COMISION INVESTIGADORA s/ AMPARO” dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, acompañando como prueba documental la siguiente:
a) Expte HCD 4050-4059 Alcance 1 conteniendo Decreto Nro 415/09.-
b) Copia del Dictamen de fecha 18 de enero de 2010 emitido por la Comisión Investigadora en el que además de precisar las supuestas irregularidades da por concluida la etapa investigativa en su artículo 16.
c) Copia de demanda presentada en los autos caratulados “CORONEL Jorge Marcelo c/ HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE Y COMISION INVESTIGADORA s/ AMPARO” tramitados ante Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, por encontrarse de turno durante la feria judicial de enero 2010.-
d) Copia de los oficios librados en los autos mencionados por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, dirigidos respectivamente a la Presidente del Honorable Concejo Deliberante y a la Comisión Investigadora.
e) Copia de las cédulas notificadas el 25 de enero de 2010 a la Presidente del Honorable Concejo Deliberante y a la Comisión Investigadora.
f) Expte HCD 4050-4098 C.I 1/2010 conteniendo la cuestionada Resolución C.I. (H.C.D./ Gral. Rodríguez) Nº 1/2010.
g) Expte HCD 4050-4098 C.I. Alcance 1.1/2010.
h) Expte HCD 4050-4098 C.I. Alcance 1.2/2010
i) Expte HCD 4050-4098 C.I. Alcance 1.3/2010.
j) Expte HCD 4050-4098 C.I. Alcance 1.4/2010
k) Expte HCD 4050-4098 C.I. Alcance 1.5/2010.
l) Expte HCD 4050-4098 C.I. Alcance 1.6/2010
m) Expte HCD 4050-4098 C.I. Alcance 1.7/2010.
n) Expte HCD 4050-4098 C.I. Alcance 1.8/2010
o) Expte HCD 4050-4098 C.I. Alcance 1.9/2010
p) Expte HCD 4050-4098 C.I. Alcance 1.10/2010.
q) Expte HCD 4050-4098 C.I. Alcance 1.11/2010


III.- FORMULA DESCARGO.- OFRECE PRUEBAS.-
Sin perjuicio de todo lo anteriormente expresado en los capítulos I y II precedentes, en tiempo y forma vengo a presentar el descargo de mi parte respecto de todas y cada una de las imputaciones que infundadamente se me imputan.
Como quedó dicho precedentemente en el capítulo I de esta presentación el Dictamen de la Comisión Investigadora fue notificado por cédula y también mediante Expte HCD 4050-4059 el 18 de enero de 2010 encontrándose en plena vigencia la Feria Administrativa dispuesta por Decreto Nro. 1.724/09 del Departamento Ejecutivo.
De conformidad con lo dispuesto por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Lomas de Zamora –de turno durante la feria judicial de enero 2010- en los autos caratulados “CORONEL Jorge Marcelo c/ HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE Y COMISION INVESTIGADORA s/ AMPARO” por resolución del 20 de enero de 2010, y sin perjuicio de la existencia de la Feria Administrativa vigente en el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de General Rodríguez, los actos administrativos realizados durante la misma tienen plena validez, porque es pacífica la jurisprudencia en materia judicial, tributaria y administrativa en el sentido de reconocer la validez de todos los actos que se efectivicen durante la suspensión de los plazos como consecuencia del otorgamiento de feria en los respectivos ámbitos citados.
La propia Comisión Investigadora, en la cuestionada y contradictoria Resolución dictada el 1 de febrero de 2010 en el Expte HCD 4050-4098 C.I. 1/2010 y notificada al Departamento Ejecutivo el 2 de febrero de 2010, reconoce la validez de la notificación del Dictamen realizada el 18 de enero de 2010 en cuanto sostiene en el artículo primero que convalida “..todos los actos administrativos de organización, investigación y funcionamiento de la Comisión Investigadora, salvo aquellos por los que se ha requerido informes al Departamento Ejecutivo y, desde su creación hasta el 31 de diciembre de 2009”.
Sin perjuicio de mantener el planteo de NULIDAD ABSOLUTA de tal supuesta resolución, cabe destacar que la Comisión Investigadora convalida todos los actos administrativos de organización, investigación y funcionamiento entre los que se encuentra la emisión del Dictamen del 18 de enero de 2010 y la notificación del mismo
Previo a entrar definitivamente a responder todos y cada uno de los cargos formulados por la Comisión Investigadora, que por una cuestión de ordenamiento del descargo habrá de realizarse manteniendo el orden del articulado del mencionado dictamen, corresponde remarcar que conforme el artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Comisión Investigadora tenía por función “reunir antecedentes y elementos de prueba necesarios para la valoración de los hechos que deberán ser precisamente definidos” y para ello contaba con un término de treinta (30) días, recordando a tal efecto que en materia de Procedimiento Administrativo cuando se fijan plazos en días los mismos son hábiles y hábiles son sólo aquellos en los que funcione la Administración Pública.
Conforme ello y teniendo en cuenta que el Departamento Deliberativo que le encomendó la investigación no hizo uso de la Feria Administrativa, la Comisión Investigadora tenía tiempo hasta el 3 de febrero de 2010 inclusive para producir su dictamen, pero en un palmario desconocimiento no solo de estos plazos procedimentales sino también de lo dispuesto respecto del Departamento Ejecutivo por el Decreto Nro 1.724/09, en una clara muestra de apresuramiento, impulsada por la urgencia de su “intención destituyente” y violando expresamente el Derecho de Defensa y la Garantía del Debido Proceso dio por concluida la “primera etapa procedimental dispuesta por el artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades” (ver artículo 16º del mencionado Dictamen) a escasos dieciocho (18) días de comenzada su labor, sin permitir que el Departamento Ejecutivo respondiera en tiempo y forma cada uno de los requerimientos contenidos en diversos alcances del Expte HCD 4050-4059, pese a sostener mendazmente en el considerando 22º del Dictamen que “Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 249 de la LOM y se han contemplado, en varias oportunidades y en honor a la verdad que se persigue, plazos de gracia o especiales a favor del Señor Intendente Municipal para que no se altere el derecho de su defensa que le asiste y a los efectos de obtener la mayor calidad y cantidad de piezas probatorias que desemboquen en la finalidad de la defensa de los más altos intereses públicos que animan nuestro accionar”.
Cabe aquí tener presente que a la Comisión Investigadora no le correspondía otorgar “plazos de gracia o especiales” sino someterse a los lineamientos procedimentales del artículo 249 LOM, los que conforme la Resolución del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Lomas de Zamora –de turno durante la feria judicial de enero 2010- en los autos caratulados “CORONEL Jorge Marcelo c/ HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE Y COMISION INVESTIGADORA s/ AMPARO” han sido desconocidos y, pese a que dicha resolución judicial ordena retrotraer los efectos al 31 de diciembre de 2009 resulta indiscutible que ello se refiere solamente a “..todos los plazos de intimaciones, notificaciones y/o emplazamientos cursados en períodos inhábiles” pero no al resto de los actos procesales ejecutados por lo que cabe reiterar la total validez del Dictamen “sancionado” y notificado el 18 de enero de 2010 del que resulta que la Comisión Investigadora se ha expedido sobre “presuntas irregularidades” sin aguardar que el Departamento Ejecutivo remitiera en tiempo y forma lo requerido en los respectivos alcances del Expte HCD 4050-4059, ni aguardar la respuesta a las cartas documentos remitidas a la Universidad de Belgrano, a la Universidad de Morón y a la Universidad Nacional de Luján, con fecha 29 de diciembre de 2009 y que fueran recibidas por dichas Casas de Estudio durante el mes de enero de 2010, como consta en el Expte HCD 4050-4087, cuando las mismas se encontraban en el lógico y habitual receso administrativo de verano.
Realizadas las apreciaciones precedentes y siguiendo el orden del articulado del mencionada Dictamen paso a responder punto por punto y, en la medida que resulte necesario, ofrecer la prueba de cargo que resulte conveniente.


PRIMERO: La Comisión Investigadora en el artículo primero del dictamen dice textualmente:
“Definir precisamente los actos denunciados e investigados en los expedientes mencionados y que llevan los siguiente números 4050-4059, alcances 2,3,4,5,6,7, 8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 y 19 como presuntas irregularidades del Intendente Municipal en el ejercicio de sus funciones de acuerdo con las disposiciones del artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades Decreto Ley Nro 6769/58, sobretodo en sus incisos 1º Y 2º y artículo 40º del Reglamento Interno del Cuerpo. Definir dentro de la tipicidad del inciso 1º del artículo 249 de las presentes denuncias que se imputan al señor Intendente, sin perjuicio de que de ellas se considere y se pruebe perjuicio patrimonial o gravedad institucional y se lo halle incurso en lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Todo ello resulta imputable al desempeño del señor Intendente Municipal Jorge Marcelo Coronel.”

En este punto nótese la contradictoria redacción del artículo transcripto y el incumplimiento del requisito exigido por el artículo 249 LOM en cuanto a la necesidad de definir con precisión las imputaciones al Intendente Municipal.
En su afán de atribuir irregularidades al Intendente Municipal la Comisión Investigadora parece no haber advertido que en los Alcances 9, 10, 11,12,13,16,17,18 no se definen conductas asumidas por el Intendente Municipal sino que en ellos la misma comisión requiere a la Presidencia del Departamento Deliberativo la remisión de documentación para su análisis sin que en los mismos exista pronunciamiento o definición sobre los documentos anexados.
Vale decir que en el Alcance 9 se pide a la Presidencia del HCD copia del expediente referente a la renuncia del Sr. Diego Martín Ghirardi; en el Alcance 10 se le pide a la misma presidencia una copia de la Ordenanza Nro 3282; en el Alcance 12 información sobre la existencia de respuestas del Departamento Ejecutivo a comunicaciones del Departamento Deliberativo; en el Alcance 11 copia de la denuncia presentada ante el Ministerio Público referida al Título del Intendente Municipal; en el Alcance 13 se le solicita copia fotostática de actuaciones judiciales; en el Alcance 14 se intima en forma improcedente al Departamento Ejecutivo urgiendo la presentación de respuestas a requerimientos de la Comisión Investigadora desconociendo la vigencia de los términos para responder; en el Alcance 16 se pide a la Presidencia del HCD copia de la Ordenanza Nro 3.388; en el Alcance 17 se requiera a la misma presidencia solicitar cierta información ante la Universidad de Belgrano, la Universidad de Morón y la Universidad Nacional de Luján; en el Alcance 18 en forma improcedente se otorga al Departamento Ejecutivo prórroga de plazo, encontrándose el mismo en tiempo legal de responder y en el Alcance 19 se requiere al Departamento Ejecutivo la remisión de los libros de Decretos, los que ante la imposibilidad de salir de la Dirección de Despacho fueron puestos a disposición de la Comisión en dicha dependencia.
Consecuentemente la redacción del artículo primero adolece de un defecto de fondo cuando dice que define “precisamente los actos denunciados e investigados” en tales alcances cuando en los mismos no existe imputación alguna y agregada la documentación solicitada no existe el más mínimo pronunciamiento sobre la misma.
Además, de la redacción de dicho artículo resulta que la Comisión Investigadora comienza diciendo que define los actos (del Departamento Ejecutivo) como “presuntas irregularidades del Intendente Municipal” y a renglón seguido cambia el carácter de las mismas dando por cierta su existencia como transgresiones diferentes a las previstas en el artículo 248 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, sin siquiera identificarlas.


SEGUNDO: En el artículo segundo del dictamen la Comisión Investigadora resuelve:
“Definir el acto imputable al señor Intendente Municipal y denunciado por firma del convenio transaccional celebrado por el Departamento Ejecutivo en los autos caratulados “FERRO Santiago Manuel c/Municipio de General Rodríguez s/ Pretensión Indemnizatoria” Expediente 5.103 (a fojas 202 y 202 vta, II cuerpo) que tramita por ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nro 1 , Departamento Judicial de Mercedes, sin haberse sometido a la aprobación del Honorable Concejo Deliberante expediente (4050-4059 alcance 13 de la Comisión Investigadora) y habiéndose disminuido considerablemente su monto, en forma suspicaz, en una segunda etapa administrativa (expediente 4050-4059 alcance 6 de la Comisión Investigadora) como presunta irregularidad del Intendente Municipal en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con las disposiciones del artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades Decreto Ley Nº 6769/58, sobretodo en sus incisos 1º y 2º. Definir la tipicidad del inciso 1º del artículo 249 de las presentes denuncias que se imputan al señor Intendente, sin perjuicio que de ellas se considere y se pruebe perjuicio patrimonial o gravedad institucional incurso en el inciso 2º del artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades”

También en la redacción de este artículo la Comisión Investigadora hace gala de su contradicción cuando en un principio con firmeza imputa al Intendente la firma del convenio transaccional obrante a fojas 202 y 202 vta. del Expediente como conducta tipificada en las disposiciones del artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades Decreto Ley Nº 6769/58, sobretodo en sus incisos 1º y 2º e inmediatamente la imputación se vuelve laxa al encuadrar la conducta solo en el inciso 1º “sin perjuicio que de ellas se considere y se pruebe perjuicio patrimonial o gravedad institucional incurso en el inciso 2º del artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades”.
Analizado el contenido del expediente 4050-4059 alcance 13 de la Comisión Investigadora) en el que se encuentra totalmente fotocopiado el Expediente Judicial Nro 5.103 caratulado “FERRO Santiago Manuel c/Municipio de General Rodríguez s/ Pretensión Indemnizatoria”, tramitado por ante el Juzgado de Primera Instancia Nro 1 en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Mercedes, se advierte que a fojas 212 y 213 del mismo se encuentran las fotocopias de las fojas originales 202 y 202 vta. de aquel expediente judicial, consistente en el “CONVENIO DE PAGO” suscripto por el Intendente Municipal con el Sr. Santiago Manuel Ferro, que la Comisión Investigadora mencionada en el artículo segundo de su Dictamen, pretendiendo tipificar la firma del mismo en las transgresiones definidas en el artículo 249 inciso 1 de la LOM, “sin perjuicio que de ellas se considere y se pruebe perjuicio patrimonial o gravedad institucional incurso en el inciso 2º del artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades”, argumentando que en ocasión de proceder a la firma de dicho convenio el Departamento Ejecutivo omitió someterlo a la aprobación del Honorable Concejo Deliberante.
En la formulación del cargo contenido en el artículo segundo del Dictamen de la Comisión Investigadora, entendiendo que el mismo se encuentra “precisamente definido” en cumplimiento del artículo 249 de la LOM y del Decreto HCD Nº 415, se advierte con palmaria evidencia la torpeza y la ligereza con que dicha comisión ha realizado el estudio de documentación para concluir con la formulación de dicho cargo, porque:
a) El “Convenio de Pago” obrante a fojas 202 y 202 vta. del Expediente Judicial Nro 5.103 caratulado “FERRO Santiago Manuel c/Municipalidad de General Rodríguez s/ Pretensión Indemnizatoria”, tramitado por ante el Juzgado de Primera Instancia Nro 1 en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Mercedes, no es un “convenio transaccional” celebrado en dichos autos, sino el cumplimiento de una condena en los autos caratulados ““FERRO Santiago Manuel c/Municipalidad de General Rodríguez s/ Contencioso Administrativo” Expte Letra B-57841 que tramitara por ante la Secretaría de Demandas Originarias de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
b) Dicho “Convenio de Pago” no es el resultado de una transacción antojadiza del Departamento Ejecutivo sino el cumplimiento de la Municipalidad de General Rodríguez de su obligación de pago de la suma de Pesos Treinta y cinco mil ($35.000.-), monto al que fue condenada en concepto de reparación de “Daño Moral” en los autos “FERRO Santiago Manuel c/Municipalidad de General Rodríguez s/ Contencioso Administrativo” Expte Letra B-57841 ya citados, sentencia de la que obra copia a fojas 99 a 125 del Expte HCD 4050-4059 Alcance 13 que la Comisión Investigadora ha omitido considerar en su constante “actitud destituyente” que con premura, liviandad e irresponsabilidad la ha llevado a formular cargos inexistentes como el que tenemos en tratamiento.
c) El Intendente Municipal Jorge Marcelo Coronel al suscribir el “Convenio de Pago” agregado a fojas 202 y 202 vta. del Expediente Judicial Nro 5.103 caratulado “FERRO Santiago Manuel c/Municipalidad de General Rodríguez s/ Pretensión Indemnizatoria”, tramitado por ante el Juzgado de Primera Instancia Nro 1 en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Mercedes, al que se refiere concretamente el cargo formulado en el artículo segundo del Dictamen, no estaba obligado a someter el mismo a la aprobación del Honorable Concejo Deliberante, porque la Ley Orgánica de las Municipalidades en el artículo 119 inciso a) autoriza el pago directo de las condenas judiciales, aún cuando el concepto de ellos no esté previsto en el Presupuesto General o exceda el monto de las partidas autorizadas.
d) En este caso concreto la grave conducta en el ejercicio de sus funciones que puedan resultar lesivas a los intereses patrimoniales del Municipio no puede ser atribuida al Intendente Municipal que cumple con la manda de una condena judicial sino a quien ejercía el Departamento Ejecutivo en al año 1996 y a los concejales que, previo permitir que se fraguara el Decreto Nro 597/96, lo acompañaron en el proceso de destitución del Concejal Santiago Manuel Ferro.
En cuanto a la segunda parte de la imputación, referida a la documentación aportada por el Departamento Ejecutivo en el Expediente 4050-4059 alcance 6 de la Comisión Investigadora, consistente en fotocopias autenticadas del Expte 4050-85.919/09 solicitada por la Comisión Investigadora, donde ésta “en forma suspicaz”, pretende imputar al Intendente Municipal una presunta irregularidad en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con las disposiciones del artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades Decreto Ley Nº 6769/58, cabe destacar que en estas actuaciones administrativas el Subsecretario de Asuntos Jurídicos propuso la firma de un convenio con el ex Concejal Santiago Manuel Ferro con la finalidad de poner fin a sus reclamos judiciales contra la Municipalidad de General Rodríguez fundados en su destitución y en la desafectación y venta de calles a la firma “Mastellone Hnos S.A.”.
A los fines de justificar y fundamentar la propuesta, el Subsecretario de Asuntos Jurídicos a fojas 100 a 103 del expediente original (fotocopias de fojas 104 a 107 del Expediente 4050-4059 alcance 6 de la Comisión Investigadora) elaboró un minucioso y detallado análisis de los reclamos formulados por la parte actora en los autos “FERRO, Santiago Manuel c/Municipalidad de General Rodríguez s/ Pretensión indemnizatoria” (Expte 5013 del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Mercedes) , “FERRO Santiago Manuel y otros c/MASTELLONE HNOS S.A. y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS” y “FERRO Santiago Manuel c/ Municipalidad de General Rodríguez s/ Inconstitucionalidad de Ordenanzas 2096/93, 2274/95 y 1484/86” , informando como conclusión los importes que eventualmente debería afrontar el municipio en concepto de salarios caídos, daño moral, daño psíquico, daño a la salud, disminución del valor locativo, daño emergente, intereses y costas en caso de una sentencia condenatoria, concluyendo que la suma de Pesos Un millón cien mil ($1.100.000.-) y la forma de pago propuesta para el acuerdo resultaba conveniente para concluir los procesos mediante conciliación.
En este punto corresponde destacar que antiguamente el Honorable Tribunal de Cuentas, en caso de reclamos judiciales, exigía extremar las acciones en defensa de los derechos del municipio y recién ante una sentencia firme proceder al pago del monto de la condena. Pero el órgano de control fue variando su jurisprudencia y ante una expresa consulta de la Municipalidad de General Rodríguez en el Expte 4050-31.347/05 Alcance 01, referido a un reclamo de pago de una empresa constructora contra el municipio, fundado en que la administración anterior –casualmente la misma que con la irracional destitución del Concejal Santiago Manuel Ferro dio origen a los reclamos antes mencionados— omitió hacerle entrega en tiempo y forma de los certificados de deuda correspondientes a obras por ella realizada el Honorable Tribunal de Cuentas, en el mes de febrero de 2006 emitió dictamen que se agregó a fojas 16/17 de dichas actuaciones, del que resulta que aún sin sentencia y mientras las actuaciones judiciales se encuentran en pleno trámite puede resolverse la conclusión del juicio mediante un acuerdo transaccional, estimando que con ello se evitan las mayores consecuencias de una sentencia condenatoria por la que deba afrontar el pago de los rubros y montos reclamados, los intereses, gastos y costas. En este expediente el Tribunal de Cuentas dictaminó que “Se entiende que esta última (por la sentencia condenatoria) o el acuerdo son las alternativas que las autoridades municipales pueden adoptar según su propio criterio. En ambos casos deberán intentar el recupero, de acuerdo a lo establecido por el artículo 245 de la ley Orgánica de las Municipalidades”.
Conociendo el criterio del Honorable Tribunal de Disciplina, y ante la eventualidad de tener que afrontar las mayores consecuencias resultantes de una sentencia condenatoria, el Departamento Ejecutivo en el Expte 4050-85.919/09 ( que en fotocopia obra en el Expte HCD 4050-4059 Alcance 6 de la Comisión Investigadora), siguiendo expresas disposiciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades redactó a fojas 104 del primero de los nombrados (fojas 108 del segundo) el correspondiente Proyecto de Ordenanza solicitando la autorización para la firma del “Convenio Conciliatorio” obrante a fojas 103 y remitió las actuaciones al Honorable Concejo Deliberante el día 22 de septiembre de 2009 para su tratamiento.
Tal como consta a fojas 106 del Expte 4050-85.919/09 (fojas 110 del Expte HCD 4050-4059 Alcance 6), en la Sesión Ordinaria del Departamento Deliberativo, sin siquiera intentar analizar o investigar la procedencia y conveniencia de suscribir un acuerdo que liberara al municipio de las mayores consecuencias de una sentencia condenatoria, se resolvió el rechazo del mencionado proyecto de ordenanza, negando al Departamento Ejecutivo la autorización para suscribir el acuerdo conciliatorio.
Resumiendo todo lo precedentemente expresado por mi parte respecto del cargo formulada en el artículo segundo del Dictamen de la Comisión Investigadora:
1.- El “Convenio de pago” agregado a fojas 202 y 202 vta. del Expediente
Judicial Nro 5.103 caratulado “FERRO Santiago Manuel c/Municipalidad de General Rodríguez s/ Pretensión Indemnizatoria”, tramitado por ante el Juzgado de Primera Instancia Nro 1 en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Mercedes, por el que la Comisión Investigadora imputa irregularidad al Intendente Municipal no es un “convenio transaccional” celebrado en dichos autos, sino el cumplimiento de una condena en los autos caratulados ““FERRO Santiago Manuel c/Municipalidad de General Rodríguez s/ Contencioso Administrativo” Expte Letra B-57841 que tramitara por ante la Secretaría de Demandas Originarias de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que no requería ser sometido a la aprobación del Honorable Concejo Deliberante, porque la Ley Orgánica de las Municipalidades en el artículo 119 inciso a) autoriza el pago directo de las condenas judiciales, aún cuando el concepto de ellos no esté previsto en el Presupuesto General o exceda el monto de las partidas autorizadas.
2.- En el Expediente 4050-85.919/09, fotocopiado íntegramente en el Expte
4050-4059 alcance 6 de la Comisión Investigadora, el Departamento Ejecutivo en uso de sus atribuciones y con fundamento en jurisprudencia actual del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, proyectó un “Convenio Conciliatorio” tendiente a poner fin a los reclamos contenidos en los “FERRO, Santiago Manuel c/Municipalidad de General Rodríguez s/ Pretensión indemnizatoria” (Expte 5013), “FERRO Santiago Manuel y otros c/MASTELLONE HNOS S.A. y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS” y “FERRO Santiago Manuel c/ Municipalidad de General Rodríguez s/ Inconstitucionalidad de Ordenanzas 2096/93, 2274/95 y 1484/86” ya citados y de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades remitió el correspondiente proyecto de ordenanza al Honorable Concejo Deliberante requiriendo la autorización para la firma del referido convenio.
Rechazado el proyecto de ordenanza en la Sesión Ordinaria del 24 de septiembre de 2009 el Departamento Ejecutivo acató lo resuelto por el Departamento Deliberativo, por lo que las actuaciones judiciales habrán de seguir su curso con la posibilidad de eventuales sentencias condenatorias contra el municipio.

CONCLUSIÓN: En ninguno de los dos actos “precisamente definidos” por la Comisión Investigadora en el artículo segundo del Dictamen han existido “negligencias reiteradas que califiquen de grave la conducta” del Intendente en el ejercicio de sus funciones no pudiendo en consecuencia calificarse las mismas como “lesivas al interés patrimonial del municipio”, por lo que dicha imputación carece de sustento y corresponde que el Departamento Deliberativo en la Sesión Especial que impone el artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades proceda a desestimar este cargo en su totalidad.

PRUEBAS: Como prueba de mi parte ofrezco la siguiente:
1.- Informativa: Deberá librarse oficio a la Secretaría de Demandas Originarias de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, requiriendo en el marco de esta investigación, copia certificada de la sentencia dictada en los autos caratulados “FERRO Santiago Manuel c/Municipalidad de General Rodríguez s/ Contencioso Administrativo” Expte Letra B-57841 y del “Convenio de Pago” celebrado por las partes en dichas actuaciones.
Se librará oficio al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires-Delegación Mercedes para que en el marco de esta investigación informe al Honorable Concejo Deliberante de General Rodríguez si a requerimiento de la Municipalidad de General Rodríguez emitió dictamen en el Expediente 4050-31.347/05 Alcance 01 y en caso afirmativo remita copia certificada de dicho dictamen.
En ambos oficios deberá dejarse constancia que se encuentran indistintamente autorizados para su diligenciamiento el Señor Jorge Marcelo Coronel y/o el Dr. Luis Rappazzo y/o el Dr. Raúl Alfredo Roldán y/o las personas que éstos expresamente designen.
2.- Documental: Se ofrece como prueba documental la siguiente:
2.a) Copia del “Convenio de Pago” obrante a fojas 202 y 202 vta. del Expediente Judicial Nro 5.103 caratulado “FERRO Santiago Manuel c/Municipalidad de General Rodríguez s/ Pretensión Indemnizatoria”, tramitado por ante el Juzgado de Primera Instancia Nro 1 en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Mercedes, que se encuentra agregada a fojas 213 y 214 del Expte HCD 4050-4059 Alcance 13 de la Comisión Investigadora (que se devuelve al HCD).
2.b) Copia del Proyecto de Ordenanza de fojas 104 del Expediente 4050-85.919/09 remitido al Honorable Concejo Deliberante con fecha 22 de septiembre de 2009 y de lo informado con fecha 24 de septiembre de 2009 por el Honorable Concejo Deliberante con las firmas de Juan Pablo Anghileri como Presidente y Héctor Carlos Graña como Secretario, que obra a fojas 106 del mismo expediente (conforme fotocopias de fojas 108, 109 y 110 del Expte HCD 4050-4059 Alcance 6 de la Comisión Investigadora (que se devuelve al HCD)


TERCERO: En el artículo tercero del dictamen la Comisión Investigadora resuelve:
“Definir el acto imputable al señor Intendente Municipal por denuncia de particulares interesados, Ana María Arriarán y Alberto Barrera, Secretaria y Presidente respectivamente de la entidad “Alimentar enseñando” (DPPJ 25.529) respecto de presuntas irregularidades en los sorteos realizados los días 19 y 23 de Octubre de 2009 por parte del Departamento Ejecutivo, con relación a las preadjudicaciones del Plan Federal de Viviendas ubicado en el Barrio Villa Arrarás de este Partido, el que no contempló la disposición normativa vigente, Ordenanza Nº 3282/08 y sus Decretos Reglamentarios, como presunta irregularidad del Intendente Municipal en el ejercicio de sus funciones de acuerdo con las disposiciones del artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades Decreto Ley Nº 6769/58 sobretodo en sus incisos 1º y 2º y del artículo 40º del Reglamento Interno del Cuerpo. Definir la tipicidad del inciso 1º del artículo 249 de la LOM de la presente denuncia que se imputa al señor Intendente, sin perjuicio de que de ellas se considere y se pruebe perjuicio patrimonial o gravedad institucional e incurso en el inciso 2º del artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Además podrían existir irregularidades de pre-adjudicación a personas que no reunirían las condiciones de residencias previas en el distrito para ser adjudicatarios, esto es como mínimo tres años anteriores a la fecha de la inscripción (artículo 5º de la Ordenanza 3282/08 y sus Decretos Reglamentarios). (Tanto lo resaltado como subrayado me pertenecen)

Nuevamente en el artículo tercero de su Dictamen la Comisión Investigadora hace gala de reiteradas contradicciones e indefiniciones cuando en un principio con firmeza imputa “irregularidad del Intendente Municipal en el ejercicio de sus funciones de acuerdo con las disposiciones del artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades Decreto Ley Nº 6769/58 sobretodo en sus incisos 1º y 2º” y a continuación –no segura de sus afirmaciones- dispone “Definir la tipicidad del inciso 1º del artículo 249 de la LOM de la presente denuncia que se imputa al señor Intendente, sin perjuicio de que de ellas se considere y se pruebe perjuicio patrimonial o gravedad institucional e incurso en el inciso 2º del artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.”
Respecto de este cargo que la Comisión Investigadora tenía la obligación de imputar “precisamente definido” tal como le ordena el artículo 249 de la LOM y el Decreto HCD Nro 415, corresponde realizar las siguientes observaciones:
a) La Sra. Ana María Arriarán y el Sr. Alberto Barrera, quienes dicen ser respectivamente Secretaria y Presidente respectivamente de la entidad “Alimentar enseñando” (DPPJ 25.529) presentan el 22 de octubre de 2009 la denuncia que da origen al Expte HCD 4050-4059 incumpliendo requisitos esenciales de la Ordenanza General Nro 267 tales como:
a.1) Acreditación de la personería invocada (art. Art. 14 Ord. Citada): “Los representantes o apoderados acreditarán su personería desde la primera intervención que hagan a nombre de sus mandantes, con el instrumento público correspondiente o con carta-poder con firma autenticada por la Justicia de Paz o por escribano público”.
a.2) Constitución de domicilio (Art. 24 Ord. Citada): “Toda persona que comparezca ante la autoridad administrativa, sea por sí o en representación de terceros, constituirá en el primer escrito o acto en que intervenga un domicilio dentro del radio urbano del asiento de la comuna o delegación que corresponda. El interesado deberá además manifestar su domicilio real.”
a.3) Acreditación de interés legítimo (art. 10 Ord. Citada) “La actuación administrativa municipal puede iniciarse de oficio o a petición de cualquier persona o entidad pública o privada, que tenga derecho o interés legítimo” y (art. 13 misma norma) “La persona que se presente en las actuaciones administrativas por un derecho o interés que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de representación legal, deberá acompañar con el primer escrito los documentos que acrediten la calidad invocada”.
a.4) Formalidades de los escritos: (art. 33 Ord. Citada): ”Todo escrito por el cual se promueve la iniciación de una gestión ante la autoridad administrativa deberá contener los siguientes recaudos: a) Nombres, apellido, indicación de identidad y domicilio real del interesado. b) Domicilio constituido de acuerdo con el art. 24. c) Relación de los hechos y, si se considera pertinente, indicará la norma en que funde su derecho. d) La petición concretada en términos claros y precisos. e) Ofrecimiento de toda la prueba de que ha de valerse, acompañando la documentación en que funde su derecho el peticionante o en su defecto su mención con la individualización posible, expresando lo que de ella resulte y designando el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales. f) Firma del interesado o apoderado”.
Pese a las notorias deficiencias que se observan en la presentación que da inicio al Expte HCD 4050-4059 y al incumplimiento de los requisitos exigidos por la Ordenanza General 267, el Honorable Concejo Deliberante inicia con dicha presentación todo el proceso de investigación en que nos encontramos inmersos y a partir de tan inconsistente presentación adosan a la misma una importante cantidad de acusaciones inconsistentes, que le permiten llevar adelante sus “intenciones destituyentes”.
b) La imputación del artículo tercero no se encuentra “precisamente definida” ya que la precisión a la que alude el artículo 249 LOM exige la afirmación concreta que no puede ser suplida con la utilización de términos “potenciales” tales como “presuntas irregularidades”, “podrían existir irregularidades”, “personas que no reunirían las condiciones”.
c) La Comisión Investigadora atribuye al Intendente Municipal presuntas irregularidades pretendiendo ignorar la responsabilidad que le cabe a la totalidad de los integrantes del Departamento Deliberativo que previo a la aprobación del listado de preadjudicatarios omitieron darle al tema el debido tratamiento, teniendo en cuenta que la cuestionada denuncia de la Sra. Ana María Arriarán y el Sr. Alberto Barrera fue realizada el 22 de octubre de 2009 y el Honorable Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza Nro 3.388/09 en la Sesión realizada el 11 de noviembre de 2009.
d) La argumentación contenida en el artículo tercero referida al “artículo 40 del Reglamento Interno del Cuerpo” resulta totalmente improcedente ya que de ningún modo las disposiciones internas del Departamento Deliberativo pueden ser de aplicación para evaluar la conducta del Departamento Ejecutivo.
En este estado corresponde destacar que en la construcción y adjudicación de las unidades habitacionales que componen el Plan Federal de Viviendas construidas en General Rodríguez no tiene ingerencia alguna la Municipalidad de General Rodríguez, ya que las mismas pertenecen al Instituto Provincial de la Vivienda y esta repartición provincial es la que habrá de realizar las adjudicaciones correspondientes. Si bien el municipio debió tomar intervención en la inscripción de interesados registradas en el Registro Unico de Demanda (RUD) y definir un listado de preadjudicatarios titulares y suplentes para someter a la posterior intervención del organismo provincial, vale tener presente que el Instituto Provincial de la Vivienda no proporcionó pautas para la confección de dicho listado y que a tal fin el Departamento Ejecutivo debió recurrir a los instrumentos legales a su alcance como la Ordenanza Nro 3.282/08 que en este caso concreto no era de aplicación obligatoria ya que el artículo primero de la misma se refiere a “…cualquier plan de vivienda existente o a crearse en el futuro de carácter municipal o de carácter nacional o provincial cuando el municipio sea el órgano que tenga a su cargo la selección y adjudicación de las unidades habitacionales”.
Ante la carencia de instrucciones provinciales, el Departamento Ejecutivo procedió a reglamentar tan solo el artículo cuarto de la Ordenanza Nro 3.282/08 por Decreto Nro 1.345/09 dictado en el Expte 4050-85.797/09 (modificado por Decreto Nro 1.406/09) a los fines de definir los agrupamientos habitacionales y los cupos de viviendas para cada uno de ellos , quedando en consecuencia eximido de cumplir con el resto de sus disposiciones en un caso como el que nos ocupa en el que la selección y adjudicación de las unidades funcionales está exclusivamente a cargo del Instituto Provincial de la Vivienda.
Hecha esta aclaración respecto de la limitada aplicación de la Ordenanza Nro 3.282/08 en el caso que nos ocupa, corresponde sostener que en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Nro 1.345/09 (modificado por Decreto Nro 1.406/09) el Departamento Ejecutivo convocó a la Escribana Pública Karina Mariel SIROTTI para la realización del sorteo de preadjudicatarios titulares y suplentes que, previa aprobación del Honorable Concejo Deliberante, debía ser remitido al Instituto Provincial de la Vivienda para su evaluación y adjudicación definitiva de las unidades habitacionales.
El día 19 de octubre de 2009, con la intervención de la Escribana Pública Karina Mariel SIROTTI, se realizó el sorteo de 1.798 viviendas sociales construidas conforme el Programa Federal de Construcción de Viviendas en base a las 2.605 solicitudes registradas en el Registro único de Demanda (RUD), completándose dicho sorteo el día 23 de octubre de 2009 con las 95 viviendas restantes y el listado de preadjudicatarios suplentes y el 30 de octubre de 2009 la Escribana SIROTTI entregó el Testimonio de la Escritura Pública Doscientos treinta y siete (237) pasada por ante su registro el día 19 de octubre de 2009 con el detalle del sorteo de 1.798 viviendas y Testimonio de la Escritura Pública Doscientos cuarenta (240) con el sorteo de las restantes 95 viviendas, resultando de ambos testimonios el listado de los adjudicatarios titulares y suplentes.
En la misma fecha -30 de octubre de 2009- se procedió a la redacción del Proyecto de Ordenanza que dio origen al Expte 4050-89.046/09 que el día 2 de noviembre de 2009 fue remitido al Honorable Concejo Deliberante con los dos testimonios de escrituras mencionados, a los efectos de la aprobación de los listados, como requisito previo para remitir el mismo al Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación.
Téngase presente que en el Expte HCD 4050-4059 Alcance 2 de la Comisión Investigadora se encuentra totalmente fotocopiado el Expte 4050-89.046/09 , resultando del mismo que con fecha 2 de noviembre de 2009 el mismo ingresó al Departamento Deliberativo y que con fecha 11 de noviembre de 2009 dicho cuerpo sancionó la Ordenanza Nro 3.388 aprobando el listado en base a los dos testimonios de escritura pública acompañados, con mil ochocientos noventa y tres (1.893) preadjudicatarios titulares y setecientos doce (712) preadjudicatarios suplentes, encomendando al Departamento Ejecutivo en el artículo tercero de dicha norma remitir la misma y sus anexos al Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación “..a los fines de la aprobación definitiva del listado de adjudicatarios titulares y suplentes”.
Reiterando lo expresado en el punto c) de las observaciones precedentes corresponde afirmar que la Comisión Investigadora atribuye al Intendente Municipal presuntas irregularidades pretendiendo ignorar la responsabilidad que le cabe a la totalidad de los integrantes del Departamento Deliberativo que –teniendo pleno conociendo la cuestionada e inconsistente denuncia presentada por la Sra. Ana María Arriarán y el Sr. Alberto Barrera—omitieron darle al tema el debido tratamiento y ahora tardíamente pretenden volver sobre sus pasos promoviendo la investigación y el estudio que debieron realizar antes de la sanción de la Ordenanza Nro 3.388/08.
Como quedó dicho y resulta de fojas 32 del Expte 4050-89.046/09, el mismo ingresó en el Departamento Deliberativo el 2 de noviembre de 2009 con un proyecto de ordenanza y por la premura con que fue tratado el mismo y aprobada la Ordenanza Nro 3.388 se deduce que en la sesión ordinaria del 11 de noviembre de 2009 primero se aprobó el tratamiento sobre tablas para lo que se requieren los dos tercios de los concejales como paso previo al tratamiento y aprobación de la norma.
Sirve esta referencia para advertir que el Honorable Concejo Deliberante tuvo la oportunidad de constatar “eventuales irregularidades en el sorteo realizado los días 19 y 23 de octubre del corriente año..” cuando el Departamento Ejecutivo remitió el Expte 4050-89.046/09 con el proyecto de ordenanza propiciando la aprobación del listado contenido en las Escrituras Públicas 237 y 240 otorgadas por la Escribana Pública Karina Mabel Siroti. Es más, teniendo conocimiento de la denuncia presentada por Sra. Ana María Arriarán y el Sr. Alberto Barrera, como funcionarios públicos que eran los dieciséis (16) concejales que integraban el cuerpo en noviembre de 2009, tenían la obligación legal de extremar el estudio y análisis de la documentación aportada para verificar la existencia o no de “eventuales irregularidades”.
Sin entrar a analizar la conciencia o inconciencia de los concejales que integraban el Departamento Deliberativo en noviembre de 2009 y fundamentalmente de aquellos que dieron quórum para la sesión del 11 de noviembre de 2009, corresponde argumentar que conociendo la denuncia presentada por Sra. Ana María Arriarán y el Sr. Alberto Barrera, de haber tenido dudas o sospechas sobre la realización del sorteo y sobre “eventuales irregularidades” tuvieron la oportunidad de:
a) Rechazar de plano el proyecto de ordenanza devolviendo el expediente al Departamento Ejecutivo;
b) Disponer el pase del expediente para ser analizado por las comisiones internas que estimaran corresponder y luego del estudio y análisis del contenido de la Escritura Pública definir su aprobación o su rechazo y de constatar la existencia de irregularidades en las Escrituras Públicas promover las acciones judiciales que estimaran correspondientes por redargución de falsedad respecto de los dos testimonios de escrituras agregados como Anexo I y Anexo II del proyecto de ordenanza.
Pese a las diversas posibilidades que le brindaban las normas de procedimiento del Departamento Deliberativo, los concejales optaron por el tratamiento inmediato del proyecto, para lo cual tanto los del oficialismo y como los de la oposición –muchos de los cuáles aún continúan en funciones- dieron el quórum necesario, votaron el “tratamiento sobre tablas” y al momento de la votación “todos emitieron su voto” algunos en forma favorable, otros dejando asentada su abstención, pero todos convalidando el procedimiento y permitiendo por acción u omisión que el proyecto fuera aprobado y con él el listado de pre-adjudicatarios que debía remitirse al Instituto de la Vivienda para su ulterior análisis y aprobación del listado definitivo.

CONCLUSION: En ningún momento del procedimiento que culminó con la sanción de la Ordenanza Nro 3.388 han existido irregularidades que puedan atribuirse al Departamento Ejecutivo y menos aún a la persona del Intendente Municipal, porque en todo lo referido a la recepción de solicitudes para el Registro Unico de Demandas (RUD), al sorteo de las viviendas y a la aprobación de la Ordenanza Nro 3.388 con el listado contenido en las Escrituras Públicas Nro 237 y 240, otorgadas por la Escribana Siroti, no ha existido transgresión o negligencia del Señor Intendente que permita calificar como grave su conducta en el ejercicio de sus funciones y que resulte lesiva al interés patrimonial del municipio, como prescribe la citada norma.
Si bien el Departamento Ejecutivo impulsó el procedimiento para el sorteo de las viviendas, fueron los concejales –todos los concejales- que dieron quórum para el tratamiento y aprobación del listado los que por acción u omisión permitieron la sanción de la Ordenanza Nro 3.388, cuando de haber tenido dudas sobre la veracidad, legalidad y contenido de las escrituras públicas tuvieron la posibilidad de rechazar el proyecto en su totalidad o disponer el pase a las comisiones que estimaran necesarias para su análisis minucioso y detallado.
Prescindiendo todo tipo de análisis los concejales oficialistas y los de la oposición dieron quórum para el tratamiento sobre tablas y con el voto favorable de algunos y la abstención de otros posibilitaron –por acción u omisión- que el proyecto de ordenanza fuera aprobado y con ello quedara convalidado el sorteo en el que ahora la Comisión Investigadora pretende encontrar irregularidades que no define con precisión y a las que podría llegar a querer asignarle el carácter de lesivas al interés patrimonial del municipio.
Debe quedar claro que en este estado, que en lugar de analizar la supuesta conducta del Intendente Municipal en los términos del art. 249 de la LOM, debería analizarse de conformidad con las disposiciones del art. 255 de la misma norma el accionar de los Señores Concejales que en la sesión del día 11 de noviembre de 2009 posibilitaron con su acción u omisión la aprobación de la Ordenanza Nro 3.388 convalidando el listado del sorteo que ahora se cuestiona, por lo que dicha imputación carece de sustento y corresponde que el Departamento Deliberativo en la Sesión Especial que impone el artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades proceda a desestimar este cargo en su totalidad.

PRUEBAS: Como prueba de mi parte ofrezco la siguiente:
1.- Informativa: Deberán librarse sendos oficios al Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación solicitando informen al Honorable Concejo Deliberante de General Rodríguez, en el marco de esta investigación: a) Si la Municipalidad de General Rodríguez tuvo participación en la adquisición del predio en que se construyeron las unidades habitacionales del Plan Federal de Viviendas; b) Si a la Municipalidad de General Rodríguez se la instruyó en relación con la modalidad de realizar la confección de los listados de preadjuditarios titulares y suplentes en relación a dicho Plan de Viviendas; c) Si la Municipalidad de General Rodríguez tenía facultades para definir los listados definitivos de adjudicatarios titulares y suplentes o solo la confección de los listados de preadjudicatarios; d) Si tanto el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación son quienes aprueban los listados definitivos y adjudican las unidades habitacionales a los beneficiarios. En los oficios deberá dejarse constancia que se encuentran indistintamente autorizados para su diligenciamiento el Señor Jorge Marcelo Coronel y/o el Dr. Luis Rappazzo y/o el Dr. Raúl Alfredo Roldán y/o las personas que éstos expresamente designen.
2.- Documental: Se ofrece como prueba documental la siguiente:
2.a) Expediente HCD 4050-4059 (que se devuelve al HCD) en el que a fojas 1 consta la supuesta denuncia de la Sra. Ana María Arriarán y el Sr. Alberto Barrera, en nombre de la entidad “Alimentar enseñando”.
2.b) Expediente 4050-89.046/09 que se encuentra íntegramente fotocopiado en el Expte HCD 4050-4059 Alcance 2 de la Comisión Investigadora (que se devuelve al HCD)-


CUARTO: En el artículo cuarto del Dictamen la Comisión Investigadora resuelve:
“Definir el presunto incumplimiento de los Decretos Reglamentarios Nº 1.345/09 y Nº 1.406/09 respecto de los cupos especiales allí establecidos (art. 2º de los referidos Decretos) los que no se habrían cumplido. Además la señora GONZALEZ, María Rosa Lourdes, DNI 32.253.395, aparece como beneficiaria de dos casas, la 12 de la manzana 29 y la 36 de la manzana 34. Existen errores o irregularidades en documentos idénticos para dos personas con dos casas distintas preadjudicadas, para los señores VALDEZ María Liliana (casa 19, manzana 18) y VALDEZ Marta Mercedes (casa 50 manzana 33). Del mismo modo los casos de ROBLES Yesica Carolina (casa 16, manzana 32) y ROCHA Verónica Beatriz (casa 37, manzana 36), las dos con el mismo DNI (32.470.873); como presunta irregularidad del Intendente Municipal en el ejercicio de sus funciones de acuerdo con las disposiciones del artículo 249 de la ley Orgánica de las Municipalidades Decreto Ley Nº 6769/58, sobretodo en sus incisos 1º y 2º”

De la redacción del artículo cuarto del dictamen resultarían las siguientes irregularidades:
1) Presunto incumplimiento de los Decretos Reglamentarios Nº 1.345/09 y Nº 1.406/09 respecto de los cupos especiales allí establecidos (art. 2º de los referidos Decretos) los que no se habrían cumplido.
2) Preadjudicación de dos casas a la Sra. María Rosa Lourdes GONZÁLEZ.
3) Errores o irregularidades en documentos idénticos para dos casas distintas preadjudicadas a VALDEZ Marta Mercedes y VALDEZ María Liliana.
4) Errores o irregularidades en documentos idénticos para dos casas distintas preadjudicadas a Yésica Carolina ROBLES y Verónica Beatriz ROCHA.
Respecto del primero de los puntos precedentes, corresponde en primer lugar recordar que el objeto de la tarea encomendada a la Comisión Investigadora en el artículo 249 de la LOM es presentar “precisamente definidos” los hechos que imputa al Departamento Ejecutivo y el párrafo expresado en forma potencial “presunto incumplimiento de los Decretos Reglamentarios Nº 1.345/09 y Nº 1.406/09 respecto de los cupos especiales allí establecidos (art. 2º de los referidos Decretos) los que no se habrían cumplido”
resulta de tamaña vaguedad que impide ejercer el legítimo derecho de defensa al no tener precisados en qué consistirían los incumplimientos o cuáles serían los cupos especiales que no se habrían cumplido. Cabe acotar que no han existido reclamos formales ni cuestionamientos de ninguna de las personas detalladas en el listado de preadjudicatarios suplentes respecto del sorteo y menos aún por no haberse respetado los cupos preestablecidos en los decretos mencionados.
En cuanto al segundo de los puntos precedentes corresponde rechazar la imputación de irregularidad por preadjudicación de dos casas a la Sra. María Rosa Lourdes GONZÁLEZ. La Sra. María Rosa Lourdes GONZALEZ, DNI 32.253.395, domiciliada en El Hornero 2930 de General Rodríguez resultó preadjudicataria de la casa 36 de la manzana 34, mientras que la Sra. María Rosa GONZALEZ, DNI 12.862.835, domiciliada en Misiones 469 de General Rodríguez resultó preadjudicataria de la casa 12 de la manzana 29.
Corresponde asimismo rechazar la imputación de irregularidades –aun pudiendo reconocer errores de transcripción de datos- en el caso de las preadjudicarias Marta Mercedes VALDEZ y María Liliana VALDEZ. La Sra. Marta Mercedes VALDEZ, DNI 18.166.338, domiciliada en Aste e/ Curupaití y Fiorio, Casa 68, de General Rodríguez resultó preadjudicataria de la casa 50 manzana 33, en tanto que la Sra. Marisa Liliana VALDEZ, DNI 12.737.577, domiciliada en El Cano 18, Barrio Raffo, de General Rodríguez, resultó adjudicataria de la casa 19 manzana 18.
Por último, también corresponde rechazar la imputación de irregularidades en el caso de las señoras Yesica Carolina ROBLES y Verónica Beatriz ROCHA, quienes quizás por un error de transcripción de datos figuran con el mismo documento. La Sra. Yesica Carolina ROBLES, DNI 32.470.873, domiciliada en Alberdi 288 de General Rodríguez, resultó preadjudicataria de la casa 16 de la manzana 32, en tanto que la Sra. Verónica Beatriz ROCHA, DNI 24.848.512 resultó preadjudicataria de la casa 37 manzana 32.

CONCLUSION: La Comisión Investigadora omite definir con precisión el “..presunto incumplimiento de los Decretos Reglamentarios Nº 1.345/09 y Nº 1.406/09 respecto de los cupos especiales allí establecidos (art. 2º de los referidos Decretos) los que no se habrían cumplido.” de donde resulta que no ha cumplido con la carga establecida en el artículo 249 LOM y ante la imprecisión y vaguedad de la imputación impide el ejercicio del legítimo derecho de defensa, lo que por sí mismo amerita el total rechaza en este punto.
En cuanto a los posibles errores de transcripción de datos en las actas notariales que reflejaron el resultado de un sorteo del que participaron 2.605 interesados, los mismos se encuentran suficientemente aclarados precedentemente y la aclaración brindada en este descargo hubiera llegado a conocimiento de los señores concejales si con motivo del tratamiento del Proyecto de Ordenanza que concluyó con la sanción de la Ordenanza nro 3.388, promulgada por Decreto Nro 1.655/09, en lugar de votar la misma “sobre tablas”, sin el más mínimo análisis, hubieran girado el proyecto a estudio de comisiones internas y analizado minuciosamente el contenido de las actas notariales contenidas en los testimonios de Escritura Pública Nros 237 y 240 otorgados por la Escribana Karina Mabel Sirotti.
Sin perjuicio de lo explicado precedentemente y sin el más mínimo ánimo de resultar reiterativo, vale recordar que el Intendente Municipal no participó en el sorteo de los preadjudicatarios titulares y suplentes de las unidades habitacionales del Plan Federal de Vivienda, que no fue él quien redactó los Testimonios de Escrituras Doscientos treinta y siete (237) y Doscientos cuarenta (240) y menos aún quien aprobó el listado que como Anexo I y Anexo II forman parte de la Ordenanza Nro 3.388 del Honorable Concejo Deliberante, promulgada por Decreto Nro 1.655/09.
Los listados de preadjudicatarios titulares y suplentes fueron aprobados por Ordenanza Nro 3.388 en cuyo proceso de sanción intervinieron todos los concejales que dieron quórum en la sesión del 11 de noviembre de 2009 y fueron todos ellos –los que votaron afirmativamente y los que votaron por la abstención- quienes posibilitaron la aprobación de dichos listados, sin tomarse el trabajo que les correspondía de enviar el proyecto de ordenanza a las comisiones que consideraran necesarias y en el seno de las mismas estudiar y analizar el contenido de los dos Testimonios de Escritura Pública para corroborar la corrección del procedimiento.
La pretendida imputación al Intendente Municipal formulada en el artículo cuarto del dictamen de la Comisión Investigadora resulta de una absurdidad total puesto que los listados de preadjudicatarios titulares y suplentes fueron aprobados por los señores concejales que votaron en ocasión de la sanción de la Ordenanza Nro 3.388, ya fuera votando por el sí o votando por la abstención y si realmente hubieran existido incumplimientos a los Decretos Nro 1.345/09 y 1.406/09 y errores en transcripción de nombres y/o documentos personales de los preadjudicatarios deberían haber rechazado el proyecto de ordenanza y requerir la adecuación a las normas citadas y la corrección de los supuestos errores apuntados.
Debe quedar claro también en este caso que, en lugar de analizar la supuesta conducta del Intendente Municipal en los términos del artículo 249 de la LOM, debería analizarse de conformidad con las disposiciones del art. 255 de la misma norma el accionar de los Señores Concejales que en la sesión del día 11 de noviembre de 2009 posibilitaron con su acción u omisión la aprobación de la Ordenanza Nro 3.388 convalidando el listado del sorteo que ahora se cuestiona, por lo que dicha imputación carece de sustento y corresponde que el Departamento Deliberativo en la Sesión Especial que impone el artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades proceda a desestimar este cargo en su totalidad.

PRUEBA: Como prueba de mi parte ofrezco la siguiente:
1.- Documental:
1.a) Solicitud de Registro de Demanda Unico y Permanente presentada por
la Sra. María Rosa Lourdes GONZALEZ.
1.b) Solicitud de Registro de Demanda Unico y Permanente presentada por
la Sra. María Rosa GONZALEZ.
1.c) Solicitud de Registro de Demanda Unico y Permanente presentada por
la Sra. Marta Mercedes VALDEZ.
1.d) Solicitud de Registro de Demanda Unico y Permanente presentada por
la Sra. Marisa Liliana VALDEZ..
1.e) Solicitud de Registro de Demanda Unico y Permanente presentada por
la Sra. Yesica Carolina ROBLES.
1.f) Solicitud de Registro de Demanda Unico y Permanente presentada por
la Sra. Verónica Beatriz ROCHA.


QUINTO: En el artículo quinto del Dictamen la Comisión Investigadora resuelve:
“Definir el acto del señor Intendente Municipal denunciado por ante la UFI Nº 13 de Luján, Departamento Judicial de Mercedes, respecto de la posible usurpación de título de Licenciado que el Intendente dice poseer y posible violación a los arts. 12 y 20 de la Ordenanza de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2009 y equivalentes de ejercicios anteriores, como presunta irregularidad del Señor Intendente en el ejercicio de sus funciones de acuerdo al artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Definir dentro de la tipicidad del inciso 1º del artículo 249 de las presentes denuncias que se imputan al señor Intendente, sin perjuicio que de ellas se considere y se pruebe perjuicio patrimonial o gravedad institucional y se lo halle incurso en lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 248 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto Nº 6769/58.
En principio corresponde destacar que tampoco en esta imputación la Comisión Investigadora cumple con su misión de “definir precisamente” los hechos y ello resulta de los propios términos utilizados en el artículo quinto, donde se dice “posible usurpación de titulo”, “posible violación a los arts. 12 y 20 de la Ordenanza de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2009 y equivalentes de ejercicios anteriores” y “presunta irregularidad en el ejercicio de sus funciones”.
Corresponde también afirmar que de toda la documentación acompañada por la Comisión Investigadora al Dictamen notificado el 18 de enero de 2010 queda en total evidencia que la misma no agotó las medidas investigativas a este respecto.
En efecto:
a) En el Expte HCD 4050-4059 Alcance 11 resulta que la Comisión Investigadora requirió a la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante copia de la denuncia efectuada por un particular ante el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires-UFI Nº 13 de la ciudad de Luján Departamento Judicial de Mercedes y agregada a fojas 2 de dichas actuaciones una fotocopia simple de una denuncia en la que ni siquiera se identifica el Nro de IPP terminan con ello la tramitación del expediente, sin intentar siquiera oficiar a la mencionada Unidad Funcional solicitando mayores precisiones sobre la causa.
b) En el Expte HCD 4050-4059 Alcance 17 resulta que la Comisión Investigadora requiere a la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante solicite información a la Universidad de Belgrano, Universidad de Morón y Universidad Nacional de Luján y de conformidad con lo requerido la Presidencia del Departamento Deliberativo remitió sendos pedidos de informes que en copia obran agregados a fojas 2/3, 4/5 y 6/7, los que se encuentran fechados el 29 de diciembre de 2009. Adviértase que con la nota de fojas 8 firmada por Presidente y Secretario del HCD se termina la tramitación de este expediente, sin contar con respuesta de aquellas Casas de Estudio.
c) En el Expte HCD 4050-4087 que en abierto desconocimiento de las normas de procedimiento administrativo la Presidente del Departamento Deliberativo remite en forma directa a un empleado del Departamento Ejecutivo, con fecha 8 de enero de 2010 se le exige al Subdirector de Mesa de Entradas y Salidas que remita de modo inmediato los avisos de retorno y/o constancia de entrega de aquella correspondencia remitida a la Universidad de Belgrano, Universidad de Morón y Universidad Nacional de Luján, expresando en la nota de requerimiento que las mismas fueron dejadas en Mesa de Entradas para su remisión el día 29 de diciembre de 2009 a las 13 horas para su posterior envío. Sin darle posibilidad al Departamento Ejecutivo de responder en término esta intimación de la Presidencia del HCD, la Comisión Investigadora se privó de constatar que la carta dirigida a la Universidad de Morón fue decepcionada el 4 de enero de 2010, la dirigida a la Universidad Nacional de Luján el 5 de enero de 2010 y la dirigida a la Universidad de Belgrano el 6 de enero de 2010, tal como consta en los avisos de recepción e informe de “Blue Mail” agregados a dicho expediente.
Vale decir que sin requerir información a la UFI Nro 13 de Luján, sin aguardar respuesta de las universidades de Belgrano, Morón y Nacional de Luján y sin siquiera saber si las tres cartas a ellas dirigidas habían sido recepcionadas, la Comisión Investigadora sin agotar las instancias de investigación da por sentado la existencia presunta –vaya contradicción- de la supuesta irregularidad que se imputa en este artículo quinto del dictamen.

Si la Comisión Investigadora, en lugar de apurar los términos impulsada por la “voluntad destituyente” de varios de sus miembros hubiera aguardado la respuesta de la Universidad de Belgrano o al menos hubiera requerido al suscripto la presentación de su título universitario –cosa que soslayó realizar— hubiera podido tomar conocimiento que Jorge Marcelo Coronel DNI 14.700.608 cursó en la Facultad de Ciencias Económicas de aquella alta Casa de Estudios la carrera de “Administración de Recursos Humanos”, carrera de tres (3) años de duración que concluyó con la entrega del certificado registrado en el Libro Nº 1 Folio 232 Nº 1008, como resulta de la fotocopia simple que se acompaña.
La vinculación de Jorge Marcelo Coronel con la Universidad de Belgrano no se limitó a la realización de la precitada carrera universitaria, sino que se prolongó en el tiempo, siendo invitado en varias oportunidades por el Rector de la misma, Dr. Avelino Porto, a realizar cursos de posgrado e incluso a integrar el plantel docente de la universidad, como se acredita con las cartas de fechas 5 y 8 de noviembre de 1996, que también se acompañan en fotocopia.
Respecto de la “posible violación” de los artículos 12 y 20 de las sucesivas ordenanzas por las que año a año se aprobaron los respectivos cálculos de recursos y presupuestos de gastos, corresponde poner en su conocimiento lo siguiente:
1.- Jorge Marcelo Coronel ingresó a la Municipalidad de General Rodríguez el 21 de mayo de 1996, designado “Director General de Vivienda e Infraestructura”, por. Decreto Nro 320/96
2.- Desde el preciso momento de su incorporación la Municipalidad de General Rodríguez le abonó en concepto de “bonificación por título” el porcentaje del 20% establecido en la respectiva Ordenanza de Presupuesto, debiendo destacarse que como “Director General de Vivienda e Infraestructura”, no tenía poder de decisión como para influir en los responsables de liquidar sueldos y ordenar el pago, para que se le abonara dicha bonificación.
3.- Es más, la Municipalidad de General Rodríguez abonó a Jorge Marcelo Coronel la “bonificación por título” establecida en el veinte por ciento (20%) en forma continuada, permanente y pacífica en los períodos en que el mismo se desempeñó como Coordinador de Casa de Tierras, Delegado Municipal de la Delegación Malvinas y Secretario de Economía, todo ello bajo otras administraciones en las que ejercía el cargo de Contador Municipal el actual concejal Luis María del Carre, no existiendo antecedentes de cuestionamientos formuladas por quien conforme dispone el artículo 186 de la Ley Orgánica Municipal no podía dar curso “..a resoluciones que ordenen gastos infringiendo disposiciones constitucionales, legales, de ordenanzas o reglamentarias” teniendo la obligación de observar las transgresiones señalando los defectos de la resolución que ordene el gasto.
4.- El titulo de Jorge Marcelo Coronel es un “título universitario” otorgado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Belgrano, inscripto en el Libro Nº 1 al Folio 232 bajo en Nro 1008, correspondiendo a la carrera de “Administración de Recursos Humanos” con una extensión de tres (3) años.
5.- La Municipalidad de General Rodríguez, mucho antes que Jorge Marcelo Coronel asumiera el cargo de Intendente Municipal, abonó con el porcentaje del veinte por ciento (20%) la bonificación por título a numerosos profesionales, sin perjuicio de que sus títulos correspondieran a carreras universitarias de menos de cinco (5) años de duración.
Tal el caso de los siguientes agentes:
a) GARRALDA Angélica (Legajo 632) Licenciada en Desarrollo Social;
b) RUIZ María Cristina (Legajo 1399) Técnica en Minoridad;
c) LAVALLEN Pedro (Legajo 2283) Licenciado en Administración de Empresas;
d) SAENZ Daniela (Legajo 1672) Licenciada en Trabajo Social;
e) MONZON Stella Maris (Legajo 2386) Licenciada en Trabajo Social;
f) CAMPOS Rosa Esther (Legajo 1827) Licenciada en Trabajo Social.
Como ilustran las constancias extendidas por la Dirección de Sueldos, todos los arriba mencionados, al igual que Jorge Marcelo Coronel, han cobrado dicha bonificación aún cuando sus títulos correspondieran a carreras de menos de cinco (5) años de duración.
6.- En las sucesivas Ordenanzas de Presupuesto se verifica en materia de “bonificación por título” la existencia de un vacío legal que en caso se aplicarse la norma tal cual figura en la misma ocasionaría un trato desigual y discriminatorio.
En efecto, en el artículo 12 de cada una de ellas, se fija la bonificación por título definiendo las siguientes categorías:
a) Título universitario de carreras de 5 o más años …………..………….. 20%;
b) Título Terciario de carreras de hasta 4 años…………………………….15%;
c) Título Secundario ……………………………………………………… 10%;
d) Títulos Cursos Menores ……………………………………………….. 8%.
En la enumeración precedente, tal como se ha dicho, existe un vacío y es el que se refiere a aquellos títulos universitarios de carreras de menos de cinco (5) años, como el caso de gran cantidad de licenciaturas e incluso el caso de varias universidades nacionales y privadas que, por ejemplo, han reorganizado la carrera de Abogacía en cuatro (4) años.
De la estricta aplicación del artículo 12 resultaría que todos estos títulos no se harían merecedores a la bonificación que establece la Ordenanza de Presupuesto, lo que redundaría en una discriminación inaceptable en cuanto se pagaría por un título terciario de hasta cuatro años pero no se pagaría por un título universitario de menos de cinco años.
Sin poder precisar las razones por las cuales la Municipalidad de General Rodríguez ha abonado desde antigua data la bonificación por título en igual porcentaje, ya fuere una carrera de 5 o más años o de menor duración –presuponiendo que procedió de tal forma para igualar todos los títulos universitarios y evitar acciones por trato discriminatorio- corresponde destacar que el pago reiterado, constante y pacífico durante tantos años ha generado en los beneficiarios –entre los que siempre estuvo incluido Jorge Marcelo Coronel- un “derecho adquirido”.
Se reitera que la bonificación por título universitario fue percibida desde antiguo no solo por Jorge Marcelo Coronel sino por la totalidad de los profesionales con título de carreras de menos de cinco (5) años, reiterando al respecto que durante muchísimos años en que la Municipalidad de General Rodríguez abonó el título de tal forma, el actual concejal Luis María del Carre –uno de los tantos que votó a favor de la constitución de la Comisión Investigadora- ejerció el cargo de Contador Municipal, por lo que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 186 de la LOM no estaría exento de responsabilidad si tal pago se considera efectuado infringiendo disposiciones constitucionales, legales, de ordenanzas o reglamentarias.

CONCLUSION: Por lo expresado, resulta totalmente infundada la imputación que se formula en el artículo quinto del dictamen, porque Jorge Marcelo Coronel jamás presentó ante la Municipalidad de General Rodríguez un título de licenciado. Por el contrario, el único título universitario presentado es el que corresponde a la Carrera de “Administración de Recursos Humanos” que cursó en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Belgrano, el que como se ha dicho se encuentra Registrado en el Libro Nro 1 al Folio 232 bajo el número 1008 de aquella Casa de Estudios.
En cuanto a la posible violación de las disposiciones de los artículos 12 y 20 de las sucesivas Ordenanzas Complementarias del Presupuesto, como se ha dicho, con mucha anterioridad a que Jorge Marcelo Coronel asumiera el cargo de Intendente Municipal, la Municipalidad de General Rodríguez ha abonado con el porcentaje del 20% la bonificación por título a todos los profesionales universitarios, fuera a no la carrera de 5 o más años de duración, generando con la repetición pacífica, mensual y continuada de dichos pagos un “derecho adquirido” para cada uno de los beneficiarios, entre los que se encontró el actual Intendente Municipal desde los tiempos en que se desempeñó como Coordinador de Casa de Tierras, Delegado Municipal de la Delegación Malvinas y Secretario de Economía en gestiones anteriores a la presente, las que contaron invariablemente con la actuación como Contador Municipal del actual concejal Luis María del Carre quien –reitero- de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 186 de la LOM no estaría exento de responsabilidad si tal pago se considera efectuado infringiendo disposiciones constitucionales, legales, de ordenanzas o reglamentarias.
Por todo lo expresado respecto de los infundados cargos contenidos en el artículo quinto del Dictamen de la Comisión Investigadora corresponde que el Departamento Deliberativo en la Sesión Especial que impone el artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades proceda a desestimar este cargo en su totalidad.

PRUEBAS: Como prueba de mi parte ofrezco la siguiente:
1.- Informativa: Se librará oficio a la Universidad de Belgrano solicitando informe al Departamento Deliberativo de la Municipalidad de General Rodríguez si el señor Jorge Marcelo Coronel cursó en dicha Universidad la carrera de “Administración de Recursos Humanos” dictada por la Facultad de Ciencias Económicas y si obtuvo en dicha Casa de Estudios la certificación de estudios inscripta en el Libro Nro 1 Folio 232 Nro 1008 del año 1991, informando a su vez el número de materias que integraban el programa de estudios y el tiempo de duración de la carrera. Asimismo informará si con posterioridad al egreso del señor Jorge Marcelo Coronel la carrera por él cursada se transformó en Licenciatura en Administración de Recursos Humanos o Licenciatura en Recursos Humanos. En el oficio deberá dejarse constancia que se encuentran indistintamente autorizados para su diligenciamiento el Señor Jorge Marcelo Coronel y/o el Dr. Luis Rappazzo y/o el Dr. Raúl Alfredo Roldán y/o las personas que éstos expresamente designen.
2.- Documental: Se ofrece la siguiente prueba documental:
2.a) Ordenanza Nro 2.466 de Presupuesto del ejercicio 1998 promulgada por Decreto Nro 921/97
2.b) Ordenanza Nro 3.316 de Presupuesto del ejercicio 2009;
2.c) Listado de profesionales con título de carreras universitarias de menos de cinco (5) años de duración que percibieron y perciben la bonificación por título con el porcentaje del veinte por ciento (20%).
2.4) Fotocopia del título universitario de Jorge Marcelo Coronel
2.5) Notas de invitación al Egresado Jorge Marcelo Coronel firmadas por el
Rector de la Universidad de Belgrano, fechadas los días 5 y 8 de
noviembre de 1996.
2.6) Expte HCD 4050-4059 Alcance 11, Expte HCD 4050-4059 Alcance 17
Y Expte HCD 4050-4087 que se devuelven al HCD.


SEXTO: La Comisión Investigadora en el artículo sexto del Dictamen resuelve:
“Definir el presunto incumplimiento de las normativas legales de administración pública municipal resultante de la situación de renuncia del señor Subsecretario de Gobierno, Educación y Turismo, Doctor Diego Ghirardi, quien presentó su renuncia el día 11 de noviembre de 2009 y le fue aceptada el día 16 de diciembre de 2009 por el Departamento Ejecutivo, observándose liquidaciones del sueldo en su favor y no habiendo prestado servicios en dicho mes y presunciones de incompatibilidad con los intereses públicos y contradictorio el accionar del Señor Intendente Municipal Coronel, quien aduce, después de más de un mes de presentada por el funcionario precitado, que se le acepta la renuncia “por ser presentada en forma indeclinable”. Su intención era volver a la banca de concejal para la cual había sido electo, circunstancia que le fue impedida por el retardo injustificado en la aceptación de su renuncia al cargo de Subsecretario de Gobierno, Educación y Turismo. Además no consintió ningún descuento de su sueldo en concepto de aporte al Partido Justicialista, ya que no se encontraba afiliado, en el momento de comenzarse a practicar tales descuentos.”

En la formulación del cargo contenido en el artículo sexto del Dictamen de la Comisión Investigadora, tan confuso e impreciso como los analizados hasta el presente, pareciera ser que se imputa al Intendente Municipal:
a) No haber aceptado la renuncia del señor Diego Martín Ghirardi en forma inmediata a su presentación.
b) Haber impedido que el señor Diego Martín Ghirardi reasumiera la banca de concejal para la cual había sido electo para el período 2005-2009;
c) Haberle abonado al señor Diego Martín Ghirardi el sueldo sin que el mismo hubiera prestado servicios.
d) Haberle retenido al señor Diego Martín Ghirardi aportes para el Partido Justicialista sin su consentimiento.
Hecha la diferenciación precedente para posibilitar una mejor y más ordenada presentación del descargo, cabe afirmar lo siguiente:
A.- El señor Diego Martín Ghirardi, en el Expte 4050-89.866/09 con fecha 11 de
noviembre de 2009 presentó su renuncia al cargo de Subsecretario de Gobierno, Cultura, Educación y Turismo para el que había sido designado por Decreto Nro 1.381 del 12 de septiembre de 2008, pero la mencionada renuncia no implicaba la renuncia al cargo de planta permanente Categoría XVII del Agrupamiento Administrativo al que había sido ascendido por Decreto Nro 912/06.
Al respecto, los integrantes de la Comisión Investigadora –al menos alguno de ellos que cuentan con título habilitante para ejercer la profesión de abogados- deberían saber que la aceptación de la renuncia de un funcionario es una atribución legal del titular del Departamento Ejecutivo y de ningún modo una obligación que le imponga la ley. El artículo 108 inciso 9º de la Ley Orgánica de las Municipalidades dice que es una atribución del Departamento Ejecutivo nombrar, aplicar medidas disciplinarias y disponer la cesantía de los agentes, en tanto resulta un deber del mismo departamento realizar los correspondientes actos administrativos “con arreglo a las leyes y ordenanzas sobre estabilidad del personal”. De tal modo la aceptación de una renuncia no resulta obligatoria para el titular del Departamento Ejecutivo que ante la presentación de la misma –siempre con arreglo a las leyes y ordenanzas sobre estabilidad- puede proceder a su rechazo y producir la extinción del vínculo por cesantía, expulsión o exoneración, según el caso.
Es más –algo que también deberían saber los integrantes de la Comisión Investigadora, fundamentalmente aquellos a los que me he referido identificándolos como poseedores de título habilitante para ejercer la profesión de abogados – en el caso concreto del señor Ghirardi no se trata solamente de un agente municipal encuadrado en el Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, sino que gran parte de su prestación laboral la realizó en el área de la Secretaría Legal y Técnica, manejando constantemente la Ley Orgánica de las Municipalidades y el mencionado Estatuto, teniendo en varias ocasiones a su cargo la sustanciación de sumarios administrativos, sumado a su condición de Abogado, y por ello es más que probable que el señor Ghirardi conociera el contenido de las disposiciones de los artículos 11 inciso b) y 48 de la ley 11.757, que indican que una vez presentada la renuncia el Departamento Ejecutivo debe dictar el correspondiente acto administrativo de aceptación dentro de los treinta (30) días corridos de recepcionada en la Oficina de Personal y que la falta de acto expreso de aceptación, en el plazo previsto, autoriza al agente renunciante a tenerla por aceptada.
El agente Ghirardi se limitó a la simple y escueta renuncia al cargo político, la que quizás producto de su situación psiquiátrica concluyó con la amenazante expresión latina “..a cane muto et aqua silente cave tibi…”
En el preciso momento de la presentación de la renuncia del señor Ghirardi hacía varios meses que el mismo se encontraba sin prestar servicios en el cargo mencionado, como consecuencia de afecciones de origen psiquiátrico que le impedían cumplir con su débito laboral y en ese estado, sin haber podido tomar contacto con el mismo no pareció prudente aceptar la dimisión con apresuramiento y aguardar que ya en condición de agente municipal Categoría XVII del Agrupamiento Administrativo volviera a sus funciones originales.
Lamentablemente el señor Ghirardi no volvió a cumplir con su débito laboral conforme el agrupamiento correspondiente y sin siquiera apersonarse en el Municipio, con fecha 11 de diciembre de 2009 envió una nueva certificación médica, firmada por el Dr. Daniel Zotta-Medico Psiquiatra, dando cuenta que el agente municipal se encontraba bajo su asistencia y tratamiento psicoterapéutico desde tiempo atrás como consecuencia de padecer el síndrome de Burnout (que se refiere a un síndrome que se ha transformado en un grave problema que afecta a los que cuidan la salud de personas afectadas por enfermedades crónicas, que incide tanto en el staff como en los miembros de la familia (OMS 1994). Según la OMS es un síndrome de fatiga emocional, despersonalización y baja realización personal, que puede ocurrir entre individuos que trabajan directamente con personas. Otros autores lo definen como una pérdida progresiva del idealismo, energía y motivos vividos por la gente en las profesiones de ayuda como resultado de las condiciones del trabajo y la OMS dice que no es una afección individual ni aislada sino enmarcada dentro de una perspectiva organizacional, social y cultural; por eso se llama staff Burnout .
Para la Lic. Angeles Solaberrieta, Jefe de la Sección Psicología de la División Nefrología del Hospital Naval, “la imagen del Burnout es similar a la de una bomba que recién acaba de caer en un edificio. El edificio está intacto, pero: ¿por dentro? Se ve el humo… entonces es así como hoy en día encuentra a los hospitales (institución): con muchos médicos que hablan como médicos, visten como médicos, caminan como médicos PERO POR DENTRO ESTÁN VACÍOS”
La certificación médica del Dr. Daniel Zotta asimismo da cuenta del agravamiento de su afección y en esta situación atendiendo a las características de su renuncia y con la certeza de que no podría cumplir con las funciones de carácter político que la habían sido asignadas, el Departamento Ejecutivo en uso de sus atribuciones aceptó la misma mediante Decreto Nº 1.730/09 tan solo al cargo de Subsecretario de Gobierno, Cultura, Educación y Turismo, manteniendo como correspondía la relación de empleo como Personal de Planta Permanente Categoría XVII del Agrupamiento Administrativo.
B.- En la confusa redacción del cargo que nos ocupa, pareciera que la Comisión Investigadora atribuye al Intendente Municipal haber impedido que el Diego Martín Ghirardi reasumiera la banca de concejal para la cual había sido electo para el período 2005-2009. Al respecto viene a cuento aquella expresión popular que dice que “SOLO PIENSA MAL QUIEN ES CAPAZ DE HACERLO”.
En la escueta presentación de fojas 1 del Expte 4050-89.866/09 el Señor Ghirardi limitó su renuncia tan solo al cargo de Subsecretario de Gobierno, Cultura, Educación y Turismo, por lo cual debía deducirse su intención de mantener la relación de empleo público en la categoría y agrupamiento antes mencionada. Nada dijo sobre su intención de reasumir el cargo de concejal, cosa poco probable teniendo en cuenta que hacía meses que venía sufriendo la afección de carácter psiquiátrico antes apuntada, la que se vio incrementada conforme la certificación médica del Dr. Daniel Zotta, firmada el 11 de diciembre de 2009.
El señor Ghirardi, como se ha dicho, además de funcionario público ha obtenido el título de abogado y, consecuentemente debe conocer a la perfección el valor de las palabras y que si su intención hubiera sido reasumir el cargo de concejal debería haberlo expresado como motivo de su renuncia y debería contemporáneamente haber solicitado licencia como personal de Planta Permanente, en los términos del artículo 8 bis de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Cuando digo que “SOLO PIENSA MAL QUIEN ES CAPAZ DE HACERLO” me refiero a los concejales integrantes de la Comisión Investigadora que pretenden ver en la falta de aceptación inmediata de la renuncia una “irregularidad” del Intendente para impedir que el señor Ghirardi asumiera como concejal.
Reiterando todo lo anteriormente expresado, solo en la mente de quienes son capaces de hacer algo semejante puede caber una interpretación en tal sentido y al respecto cabe referirse a una situación similar planteada en el seno del Departamento Deliberativo cuando la Señora María Jesús Amado presentó su renuncia al cargo de concejal en los primeros días de noviembre de 2009 y el cuerpo jamás trató la misma hasta el vencimiento de su mandato el 10 de diciembre de 2009, impidiendo la realización de sesiones ordinarias por falta de quórum y abonando la retribución de la misma como concejal hasta el preciso momento de la terminación del mismo.
Por ello, desconociendo los motivos de la supuesta demora en la aceptación de la renuncia del señor Ghirardi sólo pueden encontrar una “supuesta irregularidad” del Departamento Ejecutivo, aquellos que impulsados por una “actitud destituyente” omitieron tratar y aceptar la renuncia de la Concejal María Jesús Amado e integrar el cuerpo con el concejal suplente, con la finalidad de evitar la conformación del quórum necesario para el tratamiento de proyectos de ordenanza fundamentales para el desarrollo de la administración comunal como la llamada Ordenanza de Presupuesto.
C.- La Comisión Investigadora considera una irregularidad el hecho de haberle
abonado al señor Diego Martín Ghirardi el sueldo sin que el mismo hubiera prestado servicios. En este sentido se reitera que el señor Ghirardi hacía meses que se encontraba impedido de brindar su prestación laboral por razones de salud y que actualmente se encuentra con uso de licencia psiquiátrica. Parece ser que los integrantes de la Comisión Investigadora que formulan este cargo desconocen que las disposiciones del artículo 33 de la Ley 11.757, atento la antigüedad que el agente Diego Martín Ghirardi tiene en esta Administración Municipal y la circunstancia de tener el mismo cargas de familia, obligan al municipio al pago de los haberes por enfermedad inculpable hasta el término de doce (12) meses que se encuentran en plena vigencia.
D.- Por último, en la formulación del cargo contenido en el artículo 6º del
Dictamen la Comisión Investigadora atribuye el carácter de “irregularidad” del Intendente Municipal el haber retenido al señor Diego Martín Ghirardi aportes para el Partido Justicialista sin su consentimiento.
En principio debe conocer la Comisión Investigadora como la totalidad de los integrantes del Departamento Deliberativo que el artículo 82 de la Carta Orgánica del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires impone la obligación de contribuir con el cinco por ciento (5%) de los sueldos, a todos los legisladores, concejales, consejeros escolares que hayan accedido a sus cargos participando de listas partidarias y todos los funcionarios de administraciones de extracción justicialista.
Sin perjuicio de la obligatoriedad de retener del sueldo del señor Ghirardi los porcentajes de aportes para el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires deberían saber los integrantes de la Comisión Investigadora –al menos sus más notable e ilustrados miembros- que conforme el artículo 1.145 del Código Civil el consentimiento puede ser expreso o tácito y que es tácito el que resulta de hechos o de actos que lo presupongan, o que autoricen a presumirlo como es el hecho de que el Sr. Ghirardi haya firmado de conformidad durante años en forma reiterada, pacífica e ininterrumpida sus recibos de haberes mensuales sin haber formulado jamás la más mínima observación al respecto ni expresado su voluntad de no sufrir más las retenciones en concepto de aportes al Partido Justicialista.

CONCLUSION: La pretendida imputación al Intendente Municipal formulada en el artículo sexto del dictamen de la Comisión Investigadora resulta de una absurdidad e improcedencia total por todo lo precedentemente argumentado, de donde resulta que la misma carece de sustento, por lo que corresponde que el Departamento Deliberativo en la Sesión Especial que impone el artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades proceda a desestimar este cargo en su totalidad.

PRUEBAS: Como prueba de mi parte ofrezco la siguiente.
1.- Informativa: Se librará oficio al Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires solicitando se sirva informar al Honorable Concejo Deliberante de General Rodríguez, en el marco de esta investigación los alcances del artículo 82 inciso c) de la Carta Orgánica partidaria, con relación a las retenciones sobre el sueldo de las personas que ocupan cargos de funcionarios en el Departamento Ejecutivo de los municipios y de la dieta de los concejales en el Departamento Deliberativo, indicando el porcentaje de retención y si dicho aporte reviste el carácter de obligatorio o voluntario. En el oficio deberá dejarse constancia que se encuentran indistintamente autorizados para su diligenciamiento el Señor Jorge Marcelo Coronel y/o el Dr. Luis Rappazzo y/o el Dr. Raúl Alfredo Roldán y/o las personas que éstos expresamente designen.
2.- Documental: Como prueba documental se ofrece la siguiente:
2.a) Expte HCD 4050-4070/2009 por el cual el señor Diego Martín Ghirardi puso en conocimiento del HCD su renuncia al cargo político desempeñado en el Departamento Ejecutivo., que se devuelve al HCD.
2.b) Exp. 4050-89.866/09 por el cual el señor Diego Martín Ghirardi presentó su renuncia al cargo político desempeñado en el Departamento Ejecutivo.
2.c) Copia autenticada del Decreto Nro 1.381/08 por el cual se designó al señor Diego Martín Ghirardi en el cargo de Susbsecretario de Gobierno, Cultura, Educación y Turismo con retención del cargo de planta permanente Categoría XVII del Escalafón Administrativo.
2.d) Copia del certificado médico del Dr. Daniel Zotta, firmada el 11 de diciembre de 2009.


SEPTIMO: En el artículo séptimo del Dictamen de la Comisión Investigadora se resuelve:
“Definir el presunto incumplimiento de las normativas legales de administración pública municipal resultante de la situación de descuentos en concepto de aportes partidarios del Señor Gonzalo Graña, por entonces Director de Juventud dependiente de la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de General Rodríguez, no habiendo consentido tal merma salarial y de lo que surge de su testimonio volcado en el acta Nº 8, del 13 de enero de 2010, fojas 33 y 34 del libro de actas de la Comisión Investigadora”

En la formulación del cargo contenido en el artículo séptimo del Dictamen la Comisión Investigadora, con la falta de precisión con que ha formulado la totalidad de los cargos, sin demasiada seguridad ni convicción argumenta “presunto incumplimiento de las normativas legales de administración pública municipal”, pero sin identificar a quien sería responsable de tal presunto incumplimiento y sin definir precisamente las normas que se encontrarían incumplidas. Pero a la luz de toda la brillante investigación llevada a cabo por dicha comisión debe entenderse que una vez más se imputa tal “presunto incumplimiento” al Intendente Municipal, como en el caso de la última parte del cargo formulado en el artículo sexto, referido en esta oportunidad a la retención de aportes para el Partido Justicialista sin su consentimiento del Sr. Gonzalo Ariel Graña.
En este caso resulta totalmente aplicable todo lo expresado en el punto D.- del descargo formulada en el punto SEXTO ya que el artículo 82 de la Carta Orgánica del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires impone la obligación de contribuir con el cinco por ciento (5%) de los sueldos, a todos los legisladores, concejales, consejeros escolares que hayan accedido a sus cargos participando de listas partidarias y todos los funcionarios de administraciones de extracción justicialista y durante mucho tiempo el actual concejal Gonzalo Ariel Graña, cuando se desempeñaba como Director de Juventud dependiente de la Secretaría de Salud y Acción Social de la Municipalidad de General Rodríguez y hasta el mes de junio de 2009 en que dejó de pertenecer al Partido Justicialista por haber sido electo concejal por otra agrupación política, percibió sus remuneraciones mensuales de plena conformidad y firmó con el mismo carácter sus recibos de haberes en forma reiterada, pacífica e ininterrumpida sin haber formulado jamás la más mínima observación al respecto ni expresado su voluntad de no sufrir más las retenciones en concepto de aportes al Partido Justicialista.
Por el contrario –como ya se dijo- esta manifestación la formuló el actual concejal Gonzalo Ariel Graña cuando por propia determinación dejó de pertenecer al Partido Justicialista que la permitió acceder en su momento a una banca de concejal por haber participado en el acto eleccionario del 28 de junio de 2009 representando a otra agrupación política y desde ese momento el Departamento Ejecutivo dejó de retenerle aportes, precisamente por no ser más un concejal del Partido Justicialista.
Consecuentemente, al igual que en el caso del señor Diego Martín Ghirardi, prescindiendo de la obligación resultante del artículo 82 inciso c) de la Carta Orgánica del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, el concejal Gonzalo Graña, en los términos del artículo 1.145 del Código Civil, ha prestado el consentimiento que resulta de sus hechos –consistentes en la firma reiterada, pacífica e ininterrumpida de sus recibos de haberes— sin haber formulado jamás la más mínima observación al respecto hasta el momento en que dejó de pertenecer al Partido Justicialista.

CONCLUSION: La pretendida imputación al Intendente Municipal formulada en el artículo séptimo del dictamen de la Comisión Investigadora resulta de una improcedencia total por todo lo precedentemente argumentado, de donde resulta que la misma carece de sustento y consecuentemente corresponde que el Departamento Deliberativo en la Sesión Especial que impone el artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades proceda a desestimar este cargo en su totalidad.

PRUEBAS: Como prueba de mi parte ofrezco la siguiente.
1.- Informativa: Se librará oficio al Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires solicitando se sirva informar al Honorable Concejo Deliberante de General Rodríguez, en el marco de esta investigación los alcances del artículo 82 inciso c) de la Carta Orgánica partidaria, con relación a las retenciones sobre el sueldo de las personas que ocupan cargos de funcionarios en el Departamento Ejecutivo de los municipios y de la dieta de los concejales en el Departamento Deliberativo, indicando el porcentaje de retención y si dicho aporte reviste el carácter de obligatorio o voluntario. En el oficio deberá dejarse constancia que se encuentran indistintamente autorizados para su diligenciamiento el Señor Jorge Marcelo Coronel y/o el Dr. Luis Rappazzo y/o el Dr. Raúl Alfredo Roldán y/o las personas que éstos expresamente designen.
2.- Documental: Se acompaña como prueba documental la siguiente:
2.a) Recibo del señor Gonzalo Ariel Graña del mes junio de 2009 último mes en que se le efectuó retención en concepto de aportes al Partido Justicialista.
2.b) Recibo del señor Gonzalo Ariel Graña del mes julio de 2009 primer mes en el que sus remuneraciones no sufrieron retenciones en concepto de aportes al Partido Justicialista.


OCTAVO: En el artículo octavo la Comisión Investigadora en su dictamen resuelve:
“Definir como presuntas transgresiones o incumplimiento de disposiciones legales, sobre todo del artículo 108, inciso 7º de la L.O.M. la falta de respuesta las siguientes comunicaciones:
1) Expediente Nº 4050-3971,Comunicación Nº 1555, en la sesión Ordinaria del 28 de mayo de 2009;
2) Expediente Nº 4050-3983, Comunicación Nº 1561, en la sesión Ordinaria del 13 de agosto de 2009;
3) Expediente Nº 4050-4001, Comunicación Nº 1559, en la sesión Ordinaria del 30 de julio de 2009;
4) Expediente Nº 4050-4011, Comunicación Nº 1562, en la sesión Ordinaria del 13 de agosto de 2009;
5) Expediente Nº 4050-4012, Comunicación Nº 1567, en la sesión Ordinaria del 27 de agosto de 2009;
6) Expediente Nº 4050-4017, Comunicación Nº 1569, en la sesión Ordinaria del 27 de agosto de 2009;
7) Además Expediente Nº 4050-4057, Comunicación Nº 1582, en la sesión Ordinaria del 22 de octubre de 2009, la que agrava la inconducta del señor Intendente debido a se fijó un plazo de quince (15) días para que conteste todas las comunicaciones anteriores.”

En la formulación del artículo octavo, en el que la Comisión Investigadora una vez más omite definir con precisión el cargo que imputa al Intendente Municipal y que con total liviandad define como “presuntas transgresiones o incumplimiento de disposiciones legales” que no identifica salvo en la referencia al artículo 108 inciso 7º de la LOM, queda nuevamente en evidencia la pobreza conceptual que tienen quienes desde la Comisión Investigadora formulan este cargo y el escaso criterio para interpretar en forma conjunta los artículos 77 y 108 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
El artículo 77 de la LOM expresa que “Las disposiciones que adopte el Concejo se denominarán: ….b) Decreto…en general, toda disposición de carácter imperativo que no requiera promulgación del Departamento Ejecutivo; …d) Comunicación, si tiene por objeto contestar, recomendar, pedir o exponer algo”
Coincidente con lo expresado respecto de la denominación de las disposiciones del Departamento Deliberativo se observa que en el artículo 108 inciso 7º de la LOM se define la “falta grave” del Departamento Ejecutivo.
En este inciso del artículo 108 se dice que es atribución y deber del Departamento Ejecutivo “concurrir personalmente, o por intermedio del secretario o secretarios de la Intendencia, a las sesiones del Concejo cuando lo juzgue oportuno, o sea llamado por decreto del cuerpo, con una antelación de cinco (5) días para suministrar informes… La falta de concurrencia del Intendente o secretarios cuando haya sido requerida su presencia por decreto, o la negativa de ellos a suministrar la información solicitada por dicho cuerpo, será considerada falta grave”.
Para que exista falta grave del Departamento Ejecutivo resulta necesaria la existencia de un Decreto por el que en forma imperativa y con la antelación que marca el artículo 108 inciso 7 se le requiera suministrar información y que exista negativa a suministrarla.
Por más esfuerzo que realice la Comisión Investigadora las siete (7) “comunicaciones” que detalla en el artículo octavo no son más que ello, “comunicaciones”, y como tales no tienen el carácter imperativo que el artículo 77 otorga al “decreto”.
Los simples pedidos formulados por el Departamento Deliberativo en los siete (7) expedientes detallados y a través de sendas comunicaciones no revisten el mismo carácter de los decretos a los que hace mención el artículo 108 inciso 7° de la LOM y consecuentemente la falta de respuesta a dichas comunicaciones en modo alguno puede ser equiparada a la negativa a suministrar información a la que alude dicha norma.

CONCLUSION: Ninguna de las siete (7) comunicaciones a las que alude la Comisión Investigadora en el artículo octavo de su dictamen revisten el carácter imperativo de un decreto (tal como lo define el artículo 77 de la Ley Orgánica de las Municipalidades) y tampoco fueron formuladas con los requerimientos del artículo 108 inciso 7) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, razón por la cual de ninguna forma pueden ser calificadas de “falta grave” en los términos de la última norma citada y consecuentemente resulta totalmente infundada la imprecisa imputación de “presuntas transgresiones o incumplimientos de disposiciones legales” por lo que corresponde que el Departamento Deliberativo en la Sesión Especial que impone el artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades proceda a desestimar este cargo en su totalidad.


NOVENO: La Comisión Investigadora en el artículo noveno de su dictamen dice:
“Fijar y precisar presuntas transgresiones mediante los Decretos del Departamento Ejecutivo que el mismo Intendente ha definido Ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante, los que nunca fueron tratados ni convalidados por el propio Concejo, por no haberse comunicado por el Departamento Ejecutivo, a saber:
1) Decreto Nº 202/08 referente al convenio entre la Municipalidad de General Rodríguez y el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires, “programa protección y promoción de derechos de chicos y chicas en situación de calle”;
2) Decreto Nº 205/08 con la empresa “S.I.C.O., Servicios Informáticos S.A.”, convenio de asistencia y soporte EFI-ASIST-GOLD”;
3) Decreto Nº 355/08 convenio con el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires, referente al “proyecto de prevención y responsabilidad penal juvenil”;
4) Decreto Nº 416/08 por el que se asigna un régimen horario semanal a Andrés Rivadenera y Mauro Oksencuk, cargos de conducción de maquinarias Samsung afectadas a la limpieza de canales viales;
5) Decreto Nº 978/08, convenio con la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires sobre “prestación de servicio de prevención de la salud y control de ausentismo”;
6) Decreto Nº 1.174/08 de asignación de régimen horario de cuarenta horas semanales al cargo de Cajero en el área de Calidad de Vida;
7) Decreto N° 1.222/08 de creación de la Dirección de Museo Histórico, Biblioteca Popular y Archivo Municipal Enrique Cadícamo.”

No es intención de este descargo resultar reiterativo, pero ocurre que nuevamente la Comisión Investigadora, en lugar de definir con precisión el cargo que pretende formular, recae en el vicio que tiñe todo el dictamen al terminar refiriéndose a “presuntas transgresiones” que evidentemente no puede ni sabe identificar ya que no menciona ninguna norma que pueda haber sido violada u omitida por el Departamento Ejecutivo.
Respecto de las “presuntas transgresiones” detalladas en el artículo noveno del dictamen de la Comisión Investigadora, corresponde adentrarnos en el estudio de cada uno de los expedientes en los que se dictaron los respectivos decretos.

1) En el Expte 4050-60689/08 tramitó la convalidación del Convenio suscripto entre la Subsecretaría de Promoción y Protección de los Derechos del Niño y la Municipalidad de General Rodríguez, que había sido convalidado por Resolución 11118 Nro 578 del 8 de octubre de 2007, por el cual se destinaron a esta municipalidad quince (15) becas para niños y adolescentes en situación de calle, por las que cada uno de los beneficiarios recibirían la suma de $328 mensuales durante ocho (8) meses en el período 1 de mayo de 2007 a 31 de diciembre de 2007, sumas que recién llegaron al municipio en febrero de 2008 y obligaron con urgencia el incremento del Cálculo de Recursos y del Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2008 mediante Decreto 357/08.
Para convalidar dicho convenio ya cumplido, el Departamento Ejecutivo dictó el Decreto Nro 202/08, que pretende cuestionar la Comisión Investigadora atribuyéndole el carácter de “transgresión”.
Al respecto el Honorable Tribunal de Cuentas, en el Dictamen emitido en el Expte 5300-1.904/02 por la Vocalía Municipalidades (Vocalía BA 8-Delegación XI) ha sostenido que “la contratación con Entes estatales en forma directa es una facultad que tienen los municipios, constituyendo esta alternativa un acto de gestión que decide el autorizado a gastar presupuestariamente” y que “no deben ser autorizados en forma específica por el H. Concejo Deliberante en el marco del artículo 41 de la Ley Orgánica de las Municipalidades”, salvo cuando comprometan más de un presupuesto y ello en base al artículo 273 de la norma citada.
En el caso que nos ocupa se trata de una contratación con un Ente estatal, con una vigencia que no excedía del ejercicio y donde los fondos eran provistos por dicho ente.
Es más, tanto la ampliación del Cálculo de Recursos como del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2008 motivada por la recepción de los fondos para el pago de las becas objeto del convenio, fueron realizadas por el Departamento Ejecutivo en el marco del artículo 28 de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, por lo cual tanto el ingreso de los fondos como el pago de las becas estaban autorizados presupuestariamente, sin necesidad de la intervención del Honorable Concejo Deliberante.
A ello se suma que el artículo 119 de la Ley Orgánica de las Municipalidades dice expresamente “….Exceptúanse de los establecido en el presente artículo, las ampliaciones o creaciones de partidas que se financien con recursos afectados. Con respecto a dichas partidas, el Departamento Ejecutivo podrá practicar directamente las ampliaciones o creaciones que correspondan según el monto de los recursos efectivamente autorizados o realizados y acordes con la finalidad a que deben ser aplicados los aludidos recursos afectados”, debiendo tenerse presente que anualmente con la Rendición de Cuentas se remiten las mismas para su aprobación, primero del Honorable Concejo Deliberante y luego del Honorable Tribunal de Cuentas, adjuntando a la misma todos los decretos de ampliación resultantes de convenios como el que es objeto del Expte 4050-60.689/08 y que la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2008 ha sido aprobada por los dos organismos arriba indicados.
2) En el Expte 4050-60920/08 tramitó el llamado Convenio de Asistencia y Soporte EFI-ASIST-GOLD que previo dictado del dictado del Decreto Nro 205/08 suscribió la Municipalidad de General Rodríguez con la empresa “S.I.C.O. Servicios Informáticos S.A.”. Si bien el instrumento suscripto entre las partes lleva la denominación “convenio” el mismo no se encuentra comprendido en las disposiciones del artículo 41 de la LOM sino en el artículo 108 inciso 14) de la misma norma que atribuye al Departamento Ejecutivo la facultad de “celebrar contratos”.
El Honorable Tribunal de Cuentas –que semanalmente concurre a la Municipalidad de General Rodríguez a compulsar la documentación de la misma y anualmente ha emitido dictamen aprobando las cuentas del municipio-
a través de la Vocalía “Municipalidades” (vocalía A-delegación VIII) en el Expediente 4112-624/08 ha expresado que “Si bien según los diccionarios jurídicos el término “convenio” es sinónimo de contrato, convención, pacto, ajuste, tratado, desde el punto de vista del derecho público los términos “convenio” y “contrato” exigen algunas consideraciones previas, ya que la Ley Orgánica de las Municipalidades, se interpreta que marca diferencias entre ambos actos jurídicos, según esté referido a los artículos 41 o 108 inciso 14) de dicho texto legal. En primer término, se debe manifestar que los convenios en los términos del artículo 41 de la Ley Orgánica de las Municipalidades contienen acciones conjuntas de dos o más entidades administrativas que reglan así una actividad común cuyas voluntades son concurrentes o paralelas. Cuando se habla de celebrar contratos en los términos del artículo 108 inciso 14), se hace referencia a los actos de voluntades con intereses en cierta forma opuestos, donde los municipios y los entes administrativos o privados reglan sus derechos y obligaciones”
Conforme esta clara diferenciación que realiza el Honorable Tribunal de Cuentas, el instrumento suscripto por la Municipalidad de General Rodríguez con la empresa “S.I.C.O. Servicios Informáticos S.A.” constituye un “contrato” que el artículo 108 inciso 14) autoriza a celebrar sin necesidad de requerir la aprobación del Departamento Deliberativo, no sólo por la facultad de la citada norma sino porque en el Presupuesto de Gastos del ejercicio 2008 estaba contemplado el gasto y prevista la partida presupuestaria y teniendo el contrato una vigencia de cuatro (4) meses a partir del 1 de enero de 2008 comprometía fondos de un solo ejercicio por lo que tampoco encuadraba en la norma del artículo 273 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
3) En el Expediente 4050-61.623/08 se dictó el Decreto Nro 355/08 por el que se dispuso convalidar y tener por aprobado el Convenio oportunamente suscripto por la Municipalidad de General Rodríguez con la Subsecretaría de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires, referido al Proyecto “Prevención y responsabilidad penal juvenil. Tal como consta a fojas 17 de dicho expediente el día 10 de marzo de 2008 el Departamento Ejecutivo remitió el mismo al Departamento Deliberativo para su convalidación y a fojas 23 figura la contestación brindada por el Presidente del HCD Concejal Juan Pablo Anghileri por la que devuelve el expediente sin haber sido tratado porque el convenio en cuestión ya había sido sometido a la intervención del cuerpo, que con fecha 14 de junio de 2007 había sancionado la Ordenanza Nro 3.217, promulgada por Decreto Nro 872/2007. En este caso concreto queda en evidencia el desconocimiento de la Comisión Investigadora respecto de lo ocurrido con el mencionado expediente, de la oportuna remisión del mismo al HCD y la respuesta dada por el Presidente Concejal Juan Pablo Anghileri, quedando al descubierto la mendacidad en la que incurren en el artículo noveno inciso 3) del dictamen al sostener con ligereza que el Decreto Nro 355/08 “nunca fue tratado ni convalidado por el propio Concejo, por no haberse comunicado por el Departamento Ejecutivo”.
4) En el Expediente 4050-61.349/08 se dictó el Decreto Nro 416/08 por el cual se otorgó el régimen de jornada prolongada a dos cargos de conducción de maquinarias afectadas a la limpieza de canales.
Entre las facultades que el artículo 108 de la Ley Orgánica de las Municipalidades figura en el inciso 10) “Fijar el horario de la administración municipal”, facultad que implica determinar el alcance y extensión de la jornada de trabajo para los respectivos cargos de planta del municipio.
Al respecto anualmente el Honorable Concejo Deliberante aprueba el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos y con ello las partidas e importes para afrontar el pago de las remuneraciones del personal municipal y el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado para realizar erogaciones imputadas a dichas partidas conforme a la legislación vigente y en la medida que las mismas cuente con suficiente crédito. En ocasión de otorgar la jornada de cuarenta (40) horas semanales a dos cargos de conducción de maquinarias, con la previa intervención de la Contaduría Municipal a fojas 5 del Expediente, el Decreto Nro 416/08 imputó las erogaciones resultantes a la Partida Jurisdicción 111.01.05.000 Estructura Programática 01.00.00-1.1.1.1 Básico del Presupuesto de Gastos vigente, que contaba con crédito suficiente, resultando en consecuencia totalmente innecesaria la intervención del Departamento Deliberativo.
5) En el Expediente 4050-61.447/08 se dictó el Decreto Nro 978/08 por el cual se dispuso suscribir con la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires el Convenio de Prestación del Servicio de Prevención de la Salud y Control de Ausentismo, que tal como se expresa en al artículo primero de dicho acto administrativo “…constituye una nueva prórroga del convenio original suscripto en junio de 2005 aprobado por Resolución Nro 2.605/05 de aquella repartición provincial que fuera prorrogado en anteriores oportunidades por Decreto Nro 541/07 y Decreto Nro 1.330/07”
En este caso se trata de una contratación con un Ente estatal, iniciada en junio de 2005 y reiteradamente prorrogada, autorizada tanto por Resoluciones de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, como por el propio Departamento Deliberativo de la Municipalidad de General Rodríguez, como resulta de la Ordenanza Nro 3.246 del 22 de noviembre de 2007, promulgada por Decreto Nro 1.621/07.
Mediante la Ordenanza citada el Honorable Concejo Deliberante convalidó por el artículo primero “… el Decreto Nro 1.330/07 dictado por el Departamento Ejecutivo ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante por el cual se dispuso suscribir con la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires el Convenio de Prestación del Servicio de Prevención de la Salud y Control de Ausentismo obrante a fojas 2 a 12 del Expediente 4050-57.756/07, que como Anexo I forma parte de la presente ordenanza”.
En el convenio que –conforme el precitado artículo primero- forma parte de la Ordenanza Nro 3.246 se advierte que al referirse al “Plazo del Convenio”, en la cláusula cuarta de acuerda que “…”La Dirección” queda facultada a optar, si lo juzga de su interés, por prorrogar por semestres, trimestre o períodos menores la vigencia del mismo”. Como resulta del convenio suscripto conforme el Decreto Nro 978/08, el mismo constituyó una nueva prórroga de convenios anteriores y tuvo una vigencia de seis meses, acorde con lo autorizado por el Honorable Concejo Deliberante al sancionar la Ordenanza Nro 3.246, que posiblemente sea desconocida para la mayor parte de los concejales integrantes de la Comisión Investigadora
6) En el Expediente 4050-67.012/08 se dictó el Decreto Nro 1.174/08 por el cual se otorgó el régimen de jornada prolongada al cargo de Cajero en el área de Calidad de Vida. Vale para este caso lo apuntado en el punto 4) precedente respecto de la facultad del Departamento Ejecutivo de fijar el horario de la administración municipal y proceder al pago de remuneraciones conforme a la existencia de partidas presupuestarias con crédito suficiente. En este caso el Decreto Nro 1.174/08 dispuso la ampliación de jornada y dentro de los montos autorizados por el Presupuesto de Gastos oportunamente aprobado por el HCD imputó las erogaciones a la partida Jurisdicción 111.01.04.000 Estructura Programática 01.00.00-1.1.1.1 Básico, Fuente de financiamiento 110 “Tesoro Municipal” del Presupuesto de Gastos vigente, previa intervención del Contador Municipal a fojas 3 del referido expediente, por lo que tampoco en este caso debía requerirse al intervención del Departamento Deliberativo resultando en consecuencia totalmente innecesaria la misma.
7) En el Expediente 4050-64.469/08 se dictó el Decreto Nro 1.222/08 por el cual se dispuso crear la Dirección de Museo Histórico, Biblioteca Pública y Archivo Municipal y designar al Sr. Néstor Jorge Merino a cargo de dicha dirección con carácter ad honoren.
Como reiteradamente se ha dicho es una atribución legal del Departamento Ejecutivo nombrar personal con arreglo a las leyes y las ordenanzas y teniendo en cuenta que en el caso del Decreto Nro 1.222/08 no se originaban (ni originaron) gastos en el Presupuesto de Gastos vigente, también resultaba superflua e innecesaria la pretendida intervención del Honorable Concejo Deliberante respecto de dicho decreto.

CONCLUSION: Ninguno de los decretos detallados por la Comisión Investigadora en el artículo noveno del dictamen en el que imprecisamente los presenta como “presuntas irregularidades” del Departamento Ejecutivo requerían la posterior convalidación del Departamento Deliberativo, resultando totalmente inexistentes las deficiencias que vanamente pretenden imputar al Intendente Municipal. Por ello corresponde que el Departamento Deliberativo en la Sesión Especial que impone el artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades proceda a desestimar este cargo en su totalidad.

PRUEBA: Como prueba de mi parte ofrezco la siguiente:
1.- Informativa: Se librarán oficios al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires requiriendo se sirva remitir al Departamento Deliberativo de la Municipalidad de General Rodríguez, en el marco de la presente investigación copia certificada de los dictámenes emitidos en el Expediente 4112-624/08 por la Vocalía Municipalidades (vocalía A-Delegación VIII) y en el Expediente 5300-1904/02 por la Vocalía Municipalidades (vocalía BA 8-delegación XI). En los oficios deberá dejarse constancia que se encuentran indistintamente autorizados para su diligenciamiento el Señor Jorge Marcelo Coronel y/o el Dr. Luis Rappazzo y/o el Dr. Raúl Alfredo Roldán y/o las personas que éstos expresamente designen.
2.- Documental: Se acompañan como prueba documental:
2.a) Expediente 4050-60.689/08;
2.b) Expediente 4050-60920/08;
2.c) Expediente 4050-61.623/08;
2.d) Expediente 4050-61.349/08;
2.e) Expediente 4050-61.447/08;
2.f) Ordenanza Nro 3.246 promulgada por Decreto Nro 1.621/2007;
2.g) Expediente 4050-67.012/08;
2.h) Expediente 4050-64.469/08.


DECIMO: La Comisión Investigadora en el artículo décimo del Dictamen dispone:
“Denunciar la conducta del Señor Intendente Municipal respecto de la designación de cargos políticos presuntamente por fuera del organigrama aprobado mediante presupuesto y sometido a la definición del Honorable Concejo Deliberante”

Pareciera ser que a medida que avanzaba en su arduo trabajo por encontrar transgresiones para imputar al Departamento Ejecutivo la Comisión Investigadora fue sintiendo un fuerte desánimo que la llevó a concluir prácticamente su dictamen con una notoria laxitud conceptual, con mayor cantidad de presunciones que certezas lo que la llevó a incumplir con su deber de “definir con precisión” las irregularidades que imputaría al Intendente Municipal, como es el caso de la conducta denunciada en el artículo décimo.
En el punto 14°) de los considerandos que sirven de fundamento (¿sirven de fundamento?) al dictamen, la Comisión Investigadora expresa sin sonrojarse “Que hay presunciones que el Intendente Municipal ha creado cargos políticos en el Departamento Ejecutivo al margen del marco normativo vigente” (el subrayado me pertenece) y parece ser que ante tamañas y nunca definidas presunciones no tuvo más remedio que “denunciar la conducta del Intendente respecto de la creación de cargos políticos presuntamente por fuera del organigrama aprobado mediante presupuesto y sometido a la definición del Honorable Concejo Deliberante”.
Como reiteradamente se ha dicho en este descargo, conforme el artículo 249 de la LOM la Comisión Investigadora ha tenido por función “definir precisamente” los hechos que imputa al Intendente Municipal y cabe aquí preguntar si en el artículo décimo del dictamen existe al menos un hecho “precisamente definido”.
La Comisión Investigadora ha tenido a su disposición las respectivas Ordenanzas de Presupuesto aprobadas por el Departamento Ejecutivo, de las que puede deducirse el organigrama sometido a la definición de dicho cuerpo y aprobado por el mismo.
Además solicitó mediante nota obrante a fojas 1 del Expte HCD 4050-4059 Alcance 5 se le informara sobre los cargos políticos creados durante el ejercicio 2009, respondiendo el Departamento Ejecutivo el 5 de enero de 2010 adjuntando de fojas 4 a 30 fotocopias de los decretos de creación de cargos y fojas 31 fotocopia del Decreto Nro 1.702 por el que se dispuso la baja de numerosos cargos y cuando solicitó por Expediente HCD 4050-4059 Alcance 19 la remisión de los Libros de Decretos se le informó la posibilidad de consultar los mismos en la Dirección de Despacho.
Si la Comisión Investigadora se hubiera tomado el trabajo de cotejar “el organigrama aprobado mediante presupuesto y sometido a la definición del Honorable Concejo Deliberante” con la respuesta dada por el Departamento Ejecutivo en el Expte HCD 4050-4059 Alcance 5 y/o los Libros de Decretos puestos a su disposición por Expte HCD 4050-4059 Alcance 19, seguro hubiera podido encontrar algún cargo político creado con posterioridad a la aprobación de la Ordenanza Nro 3.316 y la Ordenanza Complementaria del Presupuesto del Ejercicio 2009, hecho ocurrido en la Sesión del 11 de diciembre de 2008.
Pero agotada quizás por tan ardua y fructífica tarea –que seguramente le hizo pensar que con los cargos formulados en los nueve artículos anteriores le bastaba para lograr su “proyecto destituyente”- la Comisión Investigadora omitió cotejar los elementos arriba mencionados y aunque lo hubiera hecho y como consecuencia de ello hubiera encontrado cargos creados con posterioridad a la aprobación del presupuesto, tampoco hubiera podido atribuir a ello la conducta que pretende definir en este artículo décimo, puesto que en modo alguno pueden desconocer los concejales integrantes de la misma que el Honorable Concejo Deliberante, en el artículo 28° de la Ordenanza Complementaria del Presupuesto dejó expresamente establecido que “El Departamento Ejecutivo podrá disponer las reestructuraciones, modificaciones y creaciones de crédito y cargos que considere necesarias”.

CONCLUSION: De la simple lectura del artículo décimo del Dictamen de la Comisión Investigadora queda claro que la misma no ha identificado ni definido precisamente la creación de cargo político alguno por fuera del organigrama aprobado mediante presupuesto.
Queda también claro el absoluto desconocimiento que los integrantes de la Comisión Investigadora que emitieron el mencionado dictamen tienen respecto de las normas sancionadas por el Departamento Deliberativo del que forman parte y que si con posterioridad a la sanción y promulgación de la Ordenanza Nro 3.316 y la Ordenanza Complementaria del Presupuesto hubieran encontrado que el Departamento Ejecutivo procedió a la creación de nuevos cargos políticos se encontraba suficientemente autorizado por el artículo 28° de la última norma citada, sancionada por aquel cuerpo el 11 de diciembre de 2008.
Consecuentemente, como respecto de todos los cargos anteriores, corresponde que el Departamento Deliberativo en la Sesión Especial que impone el artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades proceda a desestimar este cargo en su totalidad.

PRUEBA: Como prueba de mi parte ofrezco la siguiente:
1.- Documental:
1.a) Copia de la Ordenanza Nro 3.316 y de la Ordenanza Complementaria
del Presupuesto para el Ejercicio 2009;
1.b) Expediente HDC 4050-4059 Alcance 5 (que se devuelve al HCD);
1.c) Expediente HCD 4050-4059 Alcance 19 (que se devuelve al HCD).

DECIMO PRIMERO: La Comisión Investigadora en el artículo once de su dictamen resuelve:
“Denunciar presunciones de existencia de donaciones recibidas por el departamento Ejecutivo sin la debida aprobación por parte del Honorable Concejo Deliberante”

Si hasta aquí había resultado totalmente imprecisa la definición de cargos formulados por la Comisión Investigadora, no puede dejar de sorprender en este punto la inconsistencia y falta de fundamento de la imputación.
Como fundamento para que una persona pueda ejercer su derecho de defensa en juicio resulta necesaria la concreta y precisa imputación de una falta y en este caso concreto la Comisión Investigadora debería haber precisado cuáles serían las donaciones recibidas por el Departamento Ejecutivo, quien las habría efectuado, en qué ocasión se habrían producido y a quien o a donde se habrían destinado.
Cabe aquí preguntarse ¿cómo puede uno formular un descargo ante la inexistencia de un cargo concreto?.

CONCLUSION: De la simple lectura del artículo décimo primero del Dictamen de la Comisión Investigadora queda claro que la misma no ha identificado ni definido con precisión ninguna donación recibida por el Departamento Ejecutivo sin la debida intervención del Honorable Concejo Deliberante y lo que más debe preocupar no solo a la clase política sino a la ciudadanía en general es advertir la ligereza con que los miembros de dicha comisión formulan denuncias e imputan irregularidades sin tener el más mínimo elemento de prueba que lo justifique, sumado a la pobreza conceptual evidenciada en cada una de las imputaciones hasta aquí formuladas.
Consecuentemente, como respecto de todos los cargos anteriores, corresponde que el Departamento Deliberativo en la Sesión Especial que impone el artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades proceda a desestimar este cargo en su totalidad.

DECIMO SEGUNDO: La Comisión Investigadora en el artículo décimo segundo dispone:
“Denunciar la transgresión configurada por la designación por fuera del sistema legal, Ley 11.757, de una agente de más de cincuenta (50) años de edad, OTERO María Cristina, el 1º de octubre de 2009, por Decreto 1.618/09. Agravada su conducta al anular el Decreto precitado mediante otro acto administrativo Decreto 1765/09 del 29 de diciembre de 2009, cuando el perjuicio contra el erario municipal ya se había perpetrado”

No conforme con la inusitada serie de imprecisiones en que ha incurrido hasta el artículo once, en este nuevo artículo la Comisión Investigadora “definir precisamente” a quien o quienes le imputa la supuesta transgresión. Suponiendo que la Comisión Investigadora pretendió atribuir la misma al Departamento Ejecutivo, concretamente al Intendente Municipal, corresponde reconocer que mediante Decreto Nro 1.618/09 se procedió a designar a la agente María Cristina OTERO, DNI 10.814.246, como Personal Administrativo Categoría X a partir del 1 de octubre de 2009.
Al respecto cabe destacar que la agente María Cristina OTERO presta servicios en la Municipalidad de General Rodríguez desde el 11 de mayo de 2004 desempeñando diversos cargos políticos y que al momento de su designación en planta permanente contaba con cinco (5) años, cuatro (4) meses y diecinueve (19) días de antigüedad en el municipio.
Si bien el artículo tercero inciso b) de la Ley 11.757 para el ingreso a la administración municipal requiere “Tener ... cincuenta (50) años de edad como máximo” no es menos cierto que a continuación el mismo inciso expresa que “…Los aspirantes que por servicios prestados anteriormente tengan años computables a los efectos de la jubilación, debidamente certificados, podrán ingresar hasta la edad que resulte de sumar a los de cincuenta (50) años, los servicios prestados, pero en ningún caso la edad de los aspirantes puede exceder los sesenta (60) años. Debiendo hacer posible acreditar en todos los casos al momento de cumplir su edad previsional quince (15) años de aporte como agente municipal.”
Atento la antigüedad de la Sra. María Cristina Otero en el municipio, por un error de cómputo, se llegó al convencimiento de que resultaba posible su incorporación a planta permanente, pero advertido por la Secretaría Legal y Técnica que existía un vacío de aproximadamente cinco (5) meses y medio se dispuso con fecha 30 de diciembre de 2009 la anulación del Decreto Nro 1.618/09 “..en razón de advertirse que al momento de su designación no reunía los requisitos de admisibilidad dispuestos por el artículo 3 inciso b) del Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires”.
Vale decir que el propio Departamento Ejecutivo enmendó el error en cuanto el mismo fue advertido.
En una prueba de la total absurdidad del Dictamen de la Comisión Investigadora en este punto, parece ser que a criterio de la misma enmendar un error agrava el error cometido.
Remediado el error de aquella designación, cabe sostener la total mendacidad del artículo doce del dictamen cuando dice que el Decreto Nro 1.765/09 fue dictado “..cuando el perjuicio contra el erario municipal ya se había perpetrado”.
Esta tajante afirmación demuestra una vez más la falta de cumplimiento de los miembros de la Comisión respecto de lo encomendado en el artículo 249 LOM, porque para definir con precisión los hechos se imponía obtener todos los antecedente y elementos de prueba necesarios para la valoración de los hechos y de haber extremado la observación de dicho mandato hubieran advertido que pese a la designación en planta permanente la agente María Cristina Otero continuó percibiendo sus remuneraciones por el desempeño de un cargo político. En efecto, la agente Otero en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2009 percibió sus remuneraciones igual que en mes anterior al Decreto Nro 1.618/09, ya que continuó ejerciendo el cargo de Directora de Relaciones Empresariales, en el ámbito de la Secretaría de Producción y Desarrollo.
No hubo durante los meses de octubre, noviembre y diciembre “perjuicio contra el erario municipal” como ligera e infundadamente argumenta la Comisión Investigadora.

CONCLUSION: Si bien por un error de cómputo de la antigüedad que la señora María Cristina OTERO registraba en la Municipalidad de General Rodríguez se la designó en planta permanente por Decreto Nro 1.618/09, el Departamento Ejecutivo procedió a anular tal designación por similar Decreto Nro 1.765 al advertir que al momento de su designación no reunía los requisitos de admisibilidad dispuestos por el artículo 3 inciso b) del Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.
Resulta totalmente absurdo argumentar que enmendar por propia determinación un error cometido en aquella designación agrava la situación o la conducta del Intendente Municipal.
Por último, tal como se ha dicho, no se ha “perpetrado” el menor perjuicio al erario municipal y, consecuentemente por todo lo expresado, como respecto de todos los cargos anteriores, corresponde que el Departamento Deliberativo en la Sesión Especial que impone el artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades proceda a desestimar este cargo en su totalidad.

PRUEBA: Como prueba de mi parte ofrezco la siguiente:
1.- Documental:
1.a) Copia del Decreto Nro 1.618/09;
1.b) Copia del Decreto Nro 1.765/09
1.c) Copia de cuatro recibos de haberes de la agente Marìa Cristina Otero correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009.-

IV.- PETITORIO: Que por todo lo precedentemente expuesto, a la Sra. Presidente del Honorable Concejo Deliberante, respetuosamente pido:
Primero: Se me tenga por presentado en tiempo y forma conforme lo planteado en el Capítulo I de este responde, respecto del cómputo de los días hábiles administrativos.
Segundo: Se tenga presente lo expuesto en el Capítulo II – Consideraciones Preliminares y se considere el incumplimiento de los deberes de funcionario público de aquellos concejales que integraban el Departamento Deliberativo con anterioridad al 10 de diciembre de 2009 y hoy impulsan la investigación de supuestas irregularidades encuadradas en el artículo 249 inciso 2) de la LOM que ingresaron en la esfera de su conocimiento y omitieron denunciar ante la justicia ordinaria.-
Tercero: Se tenga presente el Planteo de Inconstitucionalidad respecto del procedimiento establecido en el artículo 249 de la LOM, conforme se expresa en el Capítulo II –C de este escrito.
Cuarto: Conforme los argumentos vertidos en el Capítulo II - E de este escrito se tenga presente la recusación de los concejales integrantes de la comisión investigadora, fundamentalmente al concejal Héctor A. Gómez y del mismo modo el concejal Gonzalo Ariel Graña y el concejal Juan Pablo Anghileri, correspondiendo que con carácter previo a la Sesión Especial en que debe calificarse la gravedad de los hechos, se convoque a una sesión de similar carácter para resolver sobre la presente recusación y, en su caso, se convoque a los concejales suplentes para reemplazar a los que aquí han sido recusados, bajo apercibimiento y reserva de accionar judicialmente contra la totalidad de los actuales integrantes del Departamento Deliberativo en caso de negativa o silencio.
Quinto: Conforme lo expresado en el Capítulo II – F del presente escrito se convoque a Sesión Especial del Honorable Concejo Deliberante para tratar el planteo de nulidad de la supuesta Resolución C.I (H.C.D./Gral. Rodríguez) nº 1/2010 firmada por los concejales Valentín Osvaldo HENGEN, Héctor A. GOMEZ y Edgard Luis PEREZ y de todo lo actuado por la Comisión Investigadora y/o la Presidencia del Departamento Deliberativo con posterioridad a la notificación de la resolución judicial dictada en los autos caratulados “CORONEL Jorge Marcelo c/ HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE Y COMISION INVESTIGADORA s/ AMPARO” dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
Sexto: En la misma Sesión Especial a la que alude el punto quinto de este petitorio se proceda a juzgar la conducta de los concejales Valentín Osvaldo HENGEN, Héctor A. GOMEZ y Edgard Luis PEREZ por haberse arrogado funciones legislativas y de la Concejal Griselda N. Saisi por haber convalidado lo actuado por aquellos modificando el Decreto HCD Nro 415/09 sin la intervención de la totalidad del Departamento Deliberativo.
Séptimo: Haciendo lugar al principio de preclusión de los actos procesales, tal como se explicita en el Capítulo II – F.b) se reconozca la plena validez del acto procesal consistente en la emisión y notificación del Dictamen de la Comisión Investigadora del 18 de enero de 2010 y se tenga por agotada la etapa investigativa, con la pérdida de la posibilidad de reabrir dicha instancia o declarar la apertura de un nuevo procedimiento, todo ello bajo apercibimiento de demandar por vicios de procedimiento en caso de negativa o silencio.
Octavo: Sin perjuicio del tratamiento judicial respecto de los planteos de vicios de procedimiento e inconstitucionalidad del procedimiento del artículo 249 LOM, planteados en este escrito, se tenga por presentado el descargo referido a todos y cada uno de los cargos formulados por la Comisión Investigadora en los artículos uno a doce del Dictamen emitido el 18 de enero de 2010 y por ofrecida la prueba detallada en este escrito y convocando a la Sesión Especial que impone el artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades se tengan por válidas, ciertas y ajustadas a derecho las respuestas brindadas y se proceda a desestimar todos y cada uno de dichos cargos.



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