Durante la sesion del viernes 14 de mayo se dio lectura a los cargos presentados por el H.C.Deliberante de General Rodriguez contra el intendente suspendido Marcelo Coronel, quien no se hizo presente alegando padecer un inconveniente fisico, presentando su descargo en un escrito.

El siguiente es el listado de cargos elaborados por el Cuerpo


 

ACUSACIONES DEL HONORABLE CONCEJO CONTRA EL INTENDENTE DON JORGE MARCELO CORONEL.

Las acusaciones que se van a leer forman parte de toda la documentación enviada al señor Intendente Municipal y en los expedientes que le sirven de fundamento administrativo e investigativo y que han sido examinadas y justipreciadas en el momento de la suspensión preventiva realizada por Decreto Nº ………;

Primera acusación y cargo:

Que se acusa al Intendente Municipal de no haber sometido previamente a la aprobación del Honorable Concejo Deliberante en las actuaciones de investigación remitidas y justipreciadas mediante Resolución C.I. Nº 3.1.–que constan en el expediente que obra en la Comisión Investigadora– referidas al convenio transaccional celebrado por el Departamento Ejecutivo en los autos caratulados “FERRO, Santiago Manuel c/ Municipio de General Rodríguez s. Pretensión Indemnizatoria”, Expediente Nº 5.103 (a fojas 202, y 202 vuelta, II cuerpo) que tramitan por ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes.

Que asimismo se lo acusa por cuanto la solicitud de autorización para la suscripción del convenio con la contraparte es decir Ferro, Santiago (por un valor de $ 1.800.000) nunca fue autorizada ni puesta a consideración por ante el Concejo y que siendo remitido un nuevo convenio por valor de $ 1.100.000, el mismo fue denegado en la sesión del día ………………. ,

- Se otorga la palabra al Señor Intendente para que ejerza su derecho a la defensa sobre este punto.

Segunda acusación y cargo: Que en las actuaciones de investigación –que constan en el expediente que obra en la Comisión Investigadora– referidas a las denuncias del día 22 de octubre de 2009, por particulares interesados –Ana María Arriarán y Alberto Barrera, Secretaria y Presidente respectivamente de la entidad “Alimentar enseñando” (DPPJ 25.529)– se ha investigado y se lo acusa al señor Intendente de haber cometido irregularidades imputables al mismo como Jefe de la Administración (artículos 108 y demás concordantes de las L.O.M.) en los sorteos realizados los días 19 y 23 de octubre de 2009 por parte del Departamento Ejecutivo, respecto de las preadjudicaciones del Plan Federal de Viviendas ubicadas en el Barrio Villa Arrarás de este Partido.

Concretamente se lo acusa de no haber respetado las disposiciones normativas vigentes y aplicables, es decir, el artículo 2º del Decreto Decreto Nº 1345/09, por el cual se reglamenta 4º de la Ordenanza Nº 3282 dispone: “…asígnanse porcentajes y cupos de unidades habitacionales a los agrupamientos que a continuación se detallan, según agrupamientos, porcentajes y cupos de viviendas respectivamente, a saber: Discapacitados: 7%, 140 unidades; Ex combatientes de Malvinas: 0,50%, 9 unidades; Personal de fuerzas de seguridad: 5%, 100 unidades; Jubilados y pensionados: 6%, 119 unidades; Empleados estatales: 15%, 300 unidades; Familia tipo (4 integrantes): 30%, 597 unidades; Familia numerosa: 15%, 300 unidades; Madres, padres solos con hijos a cargo (hasta 4 hijos): 17,50%, 348 unidades; Ordenanza 3282, artículo 4º: 4%, 80 unidades.

Además se lo acusa de las irregularidades en que la señora GONZALEZ, María Rosa Lourdes, D.N.I. 32.253.395; aparece comprobadamente como beneficiaria de dos casas, la 12 de la manzana 29, y la 36 de la manzana 34. Se lo acusa de los errores o irregularidades en documentos idénticos (DNI 18.166.338) para dos personas con dos casas distintas preadjudicadas, para los señores VALDEZ, Marisa Liliana (casa 19, manzana 18) y VALDEZ, Marta Mercedes (casa 50, manzana 33).- Del mismo modo los casos de ROBLES, Yesica Carolina (casa 16, manzana 32) y ROCHA, Verónica Beatriz (casa 37, manzana 36), las dos con el mismo DNI ( Nº 32.470.873).

Que se lo acusa de proceder a adjudicar viviendas por fuera del marco legal que instaura localmente el artículo 4º de la Ordenanza Nº 3282, reglamentada por Decreto Nº 1345/09.

Que igualmente se lo acusa de no respetar los porcentuales de adjudicación exigidos por las disposiciones que trataban de “garantizar la transparencia del proceso de adjudicación….” (art. 3º del Decreto Nº 1345/09), y de no haber promovido o dictado un acto administrativo o medida gubernamental para ofertarlos tal como surge de la normativa local aplicable, para que esos porcentajes puedan ser ocupados tal como disponía la Ordenanza pertinente.

- Se otorga la palabra al Señor Intendente para que ejerza su derecho a la defensa sobre esta acusación.

Tercera acusación y cargo: Que en las actuaciones de investigación –que constan en el expediente que obra en la Comisión Investigadora– referidas a la denuncia efectuada por ante el Ministerio Público del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, UFI Nº 13 de la ciudad de Luján, del Departamento Judicial de Mercedes, respecto de la usurpación del título de Licenciado que el Intendente dijo poseer y del cobro de la bonificación del 20%, y de la bonificación por “técnico” del diez por ciento (10%) se han investigado y se lo acusa por las irregularidades imputables al Intendente como Jefe de la Administración (artículos 108 y demás concordantes de la L.O.M.) y por percepción de bonificaciones por fuera de las disposiciones legales.

Que se lo acusa de haber percibido los beneficios sin haber probado las condiciones que la Ordenanza exige es decir un título universitario de una carrera cuya duración no debiera ser menor de cinco (5) años.

Que se lo acusa como responsable de la administración pública municipal (artículos 107 y 108 de la LOM) de haber percibido durante todo el ejercicio de su mandato y desde el año ….. una bonificación indebida de alrededor de PESOS ………………..

Que se lo acusa de irregularidad por violación de la Ordenanza Nº 3.316/08 (Programación de Recursos y Presupuesto Analítico de Gastos de la Municipalidad de General Rodríguez, correspondiente al ejercicio 2009.- Anexo XI Ordenanza Complementaria de Presupuesto, artículo 12) que textualmente reza: “Fijase para la bonificación por título los siguientes porcentajes mensuales liquidados sobre la asignación correspondiente al cargo de revista de cada agente, con un tope máximo del equivalente al doble del básico al correspondiente a la categoría diez del escalafón: Título Universitario de Carreras de 5 o más años: 20 %, Título Terciario de Carreras de hasta 4 años: 15 %,…”;

Que además se lo acusa también de otra irregularidad grave comprobada cual es la percepción indebida de una bonificación del diez por ciento (10%) en concepto de “bonificación técnica”, título que tampoco posee y que debe interpretarse alternativa con la otra bonificación, nunca de modo acumulativo, lo que constituye un enriquecimiento sin causa, indebido o ilícito, deleznable para un representante del pueblo juzgado en el trasluz de los más altos principios patrióticos y de defensa del Bien Común que deben animar cualquier magistratura;

Que también se lo acusa porque la “bonificación técnica” debe entenderse para agentes de la administración municipal como lo dispone el artículo 20 de la Ordenanza Municipal aplicable precitada, para el personal profesional, que reviste en el agrupamiento jerárquico y superior, ya que el Intendente municipal, no pertenece a ningún agrupamiento del personal y está excluido como personal municipal propiamente dicho; todo ello, amén de ser el responsable y jefe máximo de la administración pública municipal (artículo 192 inciso 3 de la Constitución Provincial y artículos 107, 108 incisos 9º) y demás concordantes);

Que se lo acusa porque en el caso hay un cobro indebido reprochable y repudiable, en las dos bonificaciones observadas a ojos vista, por todo el ordenamiento jurídico, debiendo poner a consideración y estudio de la denuncia sobre acciones típicamente antijurídicas cuya culpabilidad deberá instruirse y juzgarse en la sede judicial competente porque la lesividad patrimonial al fisco es ostensible y muy grave, ya que redunda en provecho propio del Intendente.

Que concretamente se lo acusa de que siendo el de Intendente, el cargo electivo más importante, es el jefe de la administración pública municipal (artículos 107 y 108 de la LOM), y que, no estando incluido en ningún agrupamiento de personal por ende (artículo 2º de la Ley 11.757) porque no le corresponde cobrar ninguna bonificación extra, puesto que la Ordenanza Nº 3.316/08 es clara al determinar en su manda 12, lo siguiente: “Fijase para la bonificación por título los siguientes porcentajes mensuales liquidados sobre la asignación correspondiente al cargo de revista de cada agente, con un tope máximo del equivalente al doble del básico al correspondiente a la categoría diez del escalafón:… “

- Se otorga la palabra al Señor Intendente para que ejerza su derecho a la defensa sobre esta acusación.

Cuarta acusación y cargo:

Que en las actuaciones de investigación –que constan en el expediente que obra en la Comisión Investigadora– referida a la situación del Concejal (M.C.) Diego Ghirardi, la que obra como expediente nº 4050-4059, alcances 3 y 9, quien pidió licencia para desempeñarse como Subsecretario de Gobierno, Educación y Turismo, quien, a su turno, presentó la renuncia al cargo ejecutivo el día 11 de noviembre de 2009 y le fue aceptada el día 16 de diciembre de 2009, por el Departamento Ejecutivo, se lo acusa al Intendente Municipal de irregularidades graves, por especulaciones políticas por fuera de las reglas éticas y de la administración pública y afectar el patrimonio municipal en un monto de PESOS CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON TREINTA TRES CENTAVOS ($ 5.191,33) –vide fojas 6 del expediente 4050-4059, alcance 3–, toda vez que se trata de un pago indebido y sin mediar la diligencia que le correspondía como jefe de la administración pública (artículos 107 y 108 y concordantes de la LOM), sin haber deslindado responsabilidades de antemano respecto del descuento practicado mensualmente por aportes al Partido Justicialista, los que nunca fueron autorizados por Diego Ghirardi.

Que se lo acusa de que existiendo una normativa provincial sobre estos descuentos y sus códigos respectivos –al cual bien pudo haber adherido la municipalidad mediante Ordenanza–, y no existiendo ningún requerimiento ni personal ni por citación al interesado, ha permitido un cobro indebido por la Municipalidad y un detrimento del derecho de la propiedad del funcionario público, quien ha reclamado dicha irregularidad imputable al jefe de la administración municipal (artículos 107, 108 y demás concordantes).

Que se lo acusa en el mismo caso de no aplicar la normativa provincial como fuente correlativa o supletoria de cómo se administra la Provincia en estos casos al decir que exige que para que se otorgue y pague un descuento del sueldo “deberá contarse con el consentimiento por escrito del agente” (art. 13 inciso 2º del Decreto Provincial Nº 754/2000), además de definir claramente en sus artículos 1º y 2º, la regla del no pago de descuentos y excepciones –dentro de las cuales no se encuentra la que estamos analizando– , respectivamente.

Que se lo acusa asimismo del carácter de facto institucional o de vía de hecho administrativa, inconsulta y de hecho al detraer dinero salarial –con todo lo que implica desde el punto de vista de su carácter alimentario del funcionario de que se trate–, generando un cobro indebido, inconsulto por lo tanto ilegítimo (que lejos de ser negado o de derivar responsabilidad ha sido confirmado por los escritos de responde del señor Intendente Municipal) y en contra Ghirardi en este caso particular, mermando su derecho constitucional (artículos 14, 14 bis y 17 de la Constitución federal) y su patrimonio inalienable y violando su derecho de privacidad (art. 19 de la Constitución federal).

- Se otorga la palabra al Señor Intendente para que ejerza su derecho a la defensa sobre esta acusación.

Quinta acusación y cargo:

Que en las actuaciones de investigación –que constan en el expediente que obra en la Comisión Investigadora– referida a la situación del señor GRAÑA, Gonzalo, por entonces Director de Juventud dependiente de la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Gral. Rodríguez, se lo acusa al señor Intendente Municipal de haber practicado descuentos mensuales del sueldo de Graña como concejal en el rubro Movimiento Nacional Justicialista, no habiendo Graña consentido tal merma salarial y de lo que surge manifiestamente irregularidades graves.

Que se lo acusa de irregularidad al señor Intendente Municipal, como jefe de la administración pública (artículos 107 y 108 y concordantes de la LOM), de no haber deslindado responsabilidades de antemano respecto del descuento practicado mensualmente por aportes al Partido Justicialista, los que nunca fueron autorizados por GONZALO GRAÑA.

Que se lo acusa en el mismo caso de no aplicar la normativa provincial como fuente correlativa o supletoria de cómo se administra la Provincia en estos casos al decir que exige que para que se otorgue y pague un descuento del sueldo “deberá contarse con el consentimiento por escrito del agente” (art. 13 inciso 2º del Decreto Provincial Nº 754/2000), además de definir claramente en sus artículos 1º y 2º, la regla del no pago de descuentos y excepciones –dentro de las cuales no se encuentra la que estamos analizando–, respectivamente.

Que se lo acusa asimismo del carácter de facto institucional o de vía de hecho administrativa, inconsulta y de hecho al detraer dinero salarial –con todo lo que implica desde el punto de vista de su carácter alimentario del funcionario de que se trate–, generando un cobro indebido, inconsulto por lo tanto ilegítimo (que lejos de ser negado o de derivar responsabilidad ha sido confirmado por los escritos de responde del señor Intendente Municipal) y en contra de GRAÑA en este caso particular, mermando su derecho constitucional (artículos 14, 14 bis y 17 de la Constitución federal) y su patrimonio inalienable y violando su derecho de privacidad (art. 19 de la Constitución federal).

- Se otorga la palabra al Señor Intendente para que ejerza su derecho a la defensa sobre esta acusación.

Sexta acusación y cargo:

Que se lo acusa de negligencias y omisiones injustificadas y reiteradas en la falta de contestación de sucesivas comunicaciones aprobadas por este Cuerpo en los términos del artículo 108º, Inc. 7), de la LOM, los cuales a la fecha no han sido respondidos, expirando holgadamente los plazos establecidos por las mismas, lo que justifica la declaración de gravedad institucional.

Que dichas comunicaciones sin contestar son las siguientes: Expediente Nº 4050-3971, Comunicación Nº 1555, en la sesión Ordinaria del 28 de mayo de 2009; Expediente Nº 4050-3983, Comunicación Nº 1561, en la sesión Ordinaria del 13 de agosto de 2009; Expediente Nº 4050-4001, Comunicación Nº 1559, en la sesión Ordinaria del 30 de julio de 2009; Expediente Nº 4050-4011, Comunicación Nº 1.562, en la sesión Ordinaria del 13 de agosto de 2009; Expediente Nº 4050-4012, Comunicación Nº 1567, en la sesión Ordinaria del 27 de agosto de 2009; Expediente Nº 4050-4017, Comunicación Nº 1569, en la sesión Ordinaria del 10 de septiembre de 2009.

Que además se lo acusa de la misma actitud de desprecio por las otras instituciones-cuerpo de la democracia y de la república por parte del señor Intendente Municipal; ya que por Expediente Nº 4050-4057, tramitó la Comunicación Nº 1582, en la sesión Ordinaria del 22 de octubre de 2009, en la que se fijó un plazo de quince (15) días para que conteste todas las comunicaciones anteriores y no habiéndolo realizado se considera grave la inconducta del señor Intendente Municipal, cuyos antecedentes obran en expediente Nº 1.6./2010, ratificando el criterio peticionante del Honorable Concejo Deliberante.

- Se otorga la palabra al Señor Intendente para que ejerza su derecho a la defensa sobre esta acusación.

Séptima acusación y cargo:

Que se lo acusa de irregularidades por incumplimiento de los deberes legales por haber sustraído de la órbita del Concejo Deliberante, decretos que han sido dispuestos bajo la condición de “ad referéndum” del Honorable Concejo Deliberante y que, a la fecha no han sido enviados ni tratados por este cuerpo legislativo, a saber: Decreto Nº 202/08 referente al convenio entre la Municipalidad de General Rodríguez y el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires, “programa protección y promoción de derechos de chicos y chicas en situación de calle”, Decreto Nº 205/08 con la empresa “S.I.C.O., Servicios Informáticos S.A.”, convenio de asistencia y soporte EFI-ASIST GOLD”, Decreto Nº 355/08, convenio con el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires, referente al “proyecto de prevención y responsabilidad penal juvenil”, Decreto Nº 416/08 por el que se asigna un régimen horario semanal a Andrés Rivadenera y Mauro Oksencuk, cargos de conducción de maquinarias Samsung afectadas a la limpieza de canales viales, Decreto Nº 978/08, convenio con la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires sobre “prestación de servicio de prevención de la salud y control de ausentismo”, Decreto Nº 1.174/08 de asignación de régimen horario de cuarenta (40) horas semanales al cargo de Cajero en el área de Calidad de Vida, Decreto Nº 1222/08 de creación de la Dirección de Museo Histórico Biblioteca Pública y Archivo Municipal Enrique Cadícamo; cuyos antecedentes obran en expediente Nº 1.7./2010.

- Se otorga la palabra al Señor Intendente para que ejerza su derecho a la defensa sobre esta acusación.

Octava acusación y cargo:

Que se lo acusa de haber cometido una la irregularidad grave por parte del Departamento Ejecutivo en una designación por fuera del sistema legal, artículo 3º inciso b) de la Ley 11.757, de una agente de más de cincuenta (50) años de edad, OTERO, María Cristina, el 1º de octubre de 2009, por Decreto 1.618/09.

Que es preciso rectificar por parte de esta Comisión Investigadora que ello no agrava la conducta al anular el Decreto precitado mediante otro acto administrativo Decreto 1765/09 del 29 de diciembre de 2009 –ante el requerimiento de la Comisión Investigadora de la nómina de personal por casualidad el mismo día en que el Concejo realiza el pedido–, pero confirma el error realizado con anterioridad, cuando el perjuicio contra el erario municipal ya se había consumado al haberse liquidado las sumas salariales correspondientes.

- Se otorga la palabra al Señor Intendente para que ejerza su derecho a la defensa sobre esta acusación.

 
 

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