En la nota de presentacion, Di Landro expresa: “mi preocupación y la de la mayoría de los vecinos de la ciudad que observan azorados, como, con absoluta impunidad y descontrol, se ocupan predios que se encuentran en aparente estado de abandono, pero como usted sabrá, cuentan con titulares que el municipio registra.

Si bien debemos reconocer que la ocupación ilegal de los bienes inmuebles es un problema de vieja data, no es menos cierto, que en estos últimos tres años ha crecido de forma absolutamente desmesurada.

No escapará a su conocimiento, al del Honorable Concejo Deliberante y al Señor Intendente que, la mayoría de las posesiones terminan siendo usurpaciones ilegales y que, muchas de ellas, se concretan de manera muy sospechosa y evidentemente programada.

Tampoco escapará a su conocimiento que la mayoría de la ciudadanía supone que, detrás de estas posesiones programadas, se oculta la infausta intención de generar clientelismo político.

Las consecuencias de las ocupaciones ilegales son inmediatas y, en muchos casos, devastadoras, porque no permiten planificar un crecimiento armonioso del distrito, porque generan una profunda inseguridad jurídica en los ciudadanos y porque instauran temor en los inversores. La consecuencia inmediata es el empobrecimiento paulatino, pero sostenido, de nuestra población y de la sociedad toda.

No debemos olvidar que nosotros, como dirigentes, somos responsables del bienestar de las generaciones futuras, y que es indelegable la responsabilidad del municipio.
Este debe cumplir y hacer cumplir todas las normas que regulen el tema, como código de edificación y verificación de titularidad, entre otras, y el cumplimiento de todas las penalidades que surjan en caso de que estas normas no se respeten”.

Los lineamientos generales aportados por el Prof. Di Landro para confeccionar una ordenanza son los siguientes:

El departamento ejecutivo deberá realizar un censo que permita conocer la situación fiscal y de posesión efectiva de cada uno de los predios de todo el distrito. El resultado del mismo servirá de diagnóstico para un amplio plan de regularización dominial, en el cual se fragmentará a la población en titulares, poseedores de buena fe y poseedores ilegales.

Conocida la situación real del distrito, se comenzará un proceso de regularización para todos aquellos que estén haciendo la posesión de buena fe, siempre que cumplan con el código de edificación urbano y que se comprometan a hacerse cargo de las deudas que tuviesen con el municipio. Para ello se tratará de ubicar al titular del bien inmueble y el municipio mediará entre las partes a fin de conseguir la venta o la donación del mismo, en caso de arribar a un acuerdo. Quedan exceptuados de estas tramitaciones todos aquellos que hayan ocupado el predio con un fin comercial.

En los terrenos en los que se hubiese comenzado cualquier tipo de edificación si la misma no se ajusta al código de edificación urbano se le dará un plazo de 6 meses para adecuarse al mismo. Durante dicho tiempo el municipio supervisará la edificación y en caso de que no se cumpliera con las normas en vigencia se iniciaran las acciones legales correspondientes.

El departamento ejecutivo creará, en el área que corresponda, un 0800 donde se pueda denunciar, en forma anónima, la ocupación ilegal de un terreno o vivienda. Esto posibilitará la iniciación de la correspondiente investigación por parte de un cuerpo creado para este fin: en esta línea se tomarán las denuncias de los vecinos para poder tener una interrelación frecuente entre el municipio y los contribuyentes que permita un mayor control del ordenamiento del distrito.

El departamento ejecutivo contactará a los titulares de todos los lotes vacíos y con deudas, a fin de intimarlos en forma perentoria a la regularización de la misma, o proponerle la donación del terreno a una familia careciente del distrito.

Se creará un registro de lotes en condiciones de ser donados por sus titulares, los cuales deberán seguir los pasos correspondientes para poder llevar a cabo la operación, actuando el municipio como intermediario.

Se creará un registro de posibles beneficiarios de lotes cuyos dueños estén interesados en hacer la donación de los mismos. Solo podrán acceder a dicho registro familias que se encuentren en situación de precariedad, que vivan dentro del distrito, que posean domicilio en General Rodríguez y que tengan niños menores. Los mismos estarán exigidos a acogerse a los requisitos que exige el código de edificación vigente y a las obligaciones fiscales que correspondan en cada caso.

El departamento ejecutivo creará una oficina en el área de asesoría legal, que tenga a cargo tanto la atención de la línea gratuita como la supervisión y el seguimiento de todas las operaciones que se concreten.

Se creará una comisión dentro del área de planeamiento; la misma tendrá a su cargo la confección de varios modelos de planos de edificación, la supervisión de la obra y la posterior tramitación ante los organismos provinciales correspondientes. El municipio exceptuará al beneficiario de todas las tasas por derecho de construcción.

La oficina de asesoría legal deberá hacer un seguimiento permanente de todos los trámites que corresponden a la escrituración por parte de los beneficiarios. Los mismos no podrán excederse de los 12 meses a partir del momento de la donación. (el municipio podría hacerse cargo de los gastos de sellado)

Se deberá proveer a los beneficiarios de un asesoramiento en materia económica a efectos de que puedan acceder a las diferentes líneas de créditos hipotecarios que ofrecen los bancos privados y públicos. El municipio intervendrá para gestionar dichos créditos impulsando también la firma de convenios con diferentes entidades bancarias.

Los titulares de bienes inmuebles que quieran acceder al conocimiento de su deuda con el municipio deberán presentar un recibo de la tasa y documento de identidad que acredite la titularidad o bien copia del boleto de compra venta con firma certificada ante escribano público. Si poseyeran escritura será documento suficiente para que puedan acceder al conocimiento de su situación fiscal.

Las inmobiliarias que soliciten la situación catastral, dominial o fiscal de cualquier predio deberán presentarse ante la autoridad competente con una copia de boleto de compra venta o escritura acompañada de una autorización certificada, con firma del titular, ante escribano público.