DISCURSO SOBRE LA LEY DE RADIODIFUSION
(Proyecto 22-PE-09)

IVANA M. BIANCHI
DIPUTADA NACIONAL
PROVINCIA DE SAN LUIS
BLOQUE FREJULI.

Desde un primer momento, el oficialismo intento que el tratamiento del proyecto no se viera reflejado por la disputa entre el Gobierno y el Grupo Clarín, haciéndonos creer que era posible tener realmente una ley que no sea el producto de esa pelea, sino el resultado de un debate serio y pormenorizado.

Sin embargo, el ingreso del proyecto no fue más que una declaración frontal de guerra a Clarín, abriéndole el negocio de medios a las telefónicas (las cuales se convertirán en una fuerte competencia) y prohibiendo que un mismo dueño tenga canales de televisión abierta y cable, como actualmente sucede.
Sin perjuicio de ello, no puedo pasar por alto que el primer paso en falso dado por el gobierno, se dio conjuntamente con el tratamiento del proyecto. El mismo estuvo dado por el traspaso del futbol local a la televisión abierta, que implicó para todos los argentinos un desembolso de dinero que no se entiende ya que el mismo debería haber sido utilizado para solucionar el conflicto con el campo y con otros problemas de urgente necesidad como el desempleo, la pobreza, la salud, la inseguridad y muchos temas mas.

Cabe aclarar que con la excusa de que la ley a tratar es una deuda de la democracia, debido a que la sanción de la ley vigente es producto de la última dictadura militar, el gobierno busca apoderarse de algo que todavía no ha podido: los medios de comunicación.
Por ello, antes de pronunciarme sobre el proyecto ley, no debemos olvidar la implicancia del Derecho a la Libertad de Expresión en esta controvertida iniciativa del PE: “La Constitución Nacional, en su artículo 14, garantiza a todos los habitantes de la Nación gozar del derecho de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Asimismo, en su artículo 32 se estipula que no se dictarán leyes que restrinjan la libertad de imprenta. “

La introducción del Derecho a la Información como derecho humano en la Argentina se realiza a través de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (conocida como Pacto de San José de Costa Rica) aprobado por la ley 23.054 (marzo 1984). Este y otros Tratados internacionales relativos a los derechos humanos fueron incorporados con jerarquía constitucional a la Constitución argentina en la reforma de 1994 (art. 75 inc. 22).

La libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática. (Art. 1, Principios OEA).

Sin perjuicio de lo expresado precedentemente, la libertad de prensa es esencial para la realización plena y efectiva de la libre expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información.
Lamentablemente muchas veces las empresas van en contraposición con la libertad de prensa.

Este mecanismo de concentración y contaminación de la información se realiza en el mundo entero, lo cual no significa que sea correcto
Es por ello que la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha causado revuelo y preocupación, principalmente a aquellos que no quieren cambio alguno y pretenden continuar con la ley vigente impuesta.

Según el PE, los objetivos del proyecto son:
*Desmonopolizar el mercado y democratizar la radiodifusión, según el latiguillo que impuso la Casa Rosada cuando lanzó la iniciativa en pleno conflicto con el campo, que incluyó una dura embestida del Gobierno contra los medios.
*Reducir a la mitad la cantidad de licencias que puede tener un mismo dueño. Ese límite está hoy en 24. El Gobierno quiere llevarlo a entre ocho y doce.

*A partir de la nueva ley, el total del espectro se dividirá en tres: un 33% será comercializado por el sector privado (hoy tiene el 95% del mercado); otro 33%, por el Estado, y el restante por el sector privado no comercial, como gremios o cooperativas.

*Estas últimas tienen en la actualidad expresamente prohibido ingresar en el mercado de la televisión por cable. Con la nueva norma quedarán habilitadas para hacerlo.

*También se suplanta como autoridad de aplicación al viejo directorio militar por un organismo descentralizado y autarquico en el que habrá representantes de la Comisión Bicameral (3), del Poder Ejecutivo (2) y del Consejo federal(2).
¿Qué se esconde detrás de este proyecto de radiodifusión?

*El Gobierno analiza restringir a un 35% el máximo por el cual un mismo grupo empresario puede concentrar la explotación comercial en un mismo lugar. Esto roza de lleno al Grupo Clarín, que posee cerca del 80% de los abonados al cable en la Capital Federal.
Sí, en cambio, está casi cerrado un artículo por el cual el Estado podrá intervenir para fijar las tarifas de la señal por cable.

*Trascendieron que figura la incorporación en los órganos representativos de los pueblos originarios y sociedades de gestión de derechos; correcciones al destino de los fondos recaudados por gravámenes y tasas aplicables a los servicios, y recaudos para que las empresas comerciales, a través de fundaciones, no puedan ingresar en el tercio de espectro que corresponde a las organizaciones sin fines de lucro.

*La autoridad de aplicación compuesta por representantes de la Comisión Bicameral (3), del Poder Ejecutivo (2) y del Consejo federal(2) es una falacia porque todos son oficialistas y van a controlar los medios a su criterio.
Es importante poner de manifiesto que las distintas organizaciones que agrupan a los periodistas argentinos consideran que el proyecto oficial es "excesivamente intervencionista", por las siguientes razones:

a)Para este proyecto deberían desaparecer numerosos canales de cable, entre ellos varios de noticias, que son los que le permiten al televidente contar con diversidad de opciones a la hora de informarse El proyecto K no sólo prohibe tener un canal abierto y un cable en la misma área, algo que no ocurre en ningún país del mundo. También prohíbe que el titular de un cable pueda producir contenidos, salvo la señal propia de cada localidad. En otras palabras, canales como TN, que hoy llega a 5 millones de hogares, mañana podría llegar sólo a los 500 mil de la ciudad de Buenos Aires, dejando al resto del país sin esa señal de noticias. Sólo podrían ver TN quienes fueran abonados de Cablevisión, y además porteños. Lejos de democratizar, esto parece reducir las opciones de la gente.

b)Lo mismo sucedería con América 24 o Canal 26, señales periodísticas que hoy se ven en todo el país. Si sus propietarios decidieran mantenerlas, sólo podrían funcionar como "canales propios" de sus sistemas de cable. Canal 26 sería sólo para los abonados de Telecentro y América 24 para los de Supercanal. En síntesis, de cinco canales nacionales de noticias que existen en la actualidad, tres de ellos quedarían con una "espada de Damocles". Muchísimos televidentes ya no podrían acceder a ellos.

Y serían económicamente inviables. De las cinco señales de noticias, sólo dos no tendrían problemas.

c)Tampoco en ninguna legislación del mundo se limita la producción audiovisual como lo hace esta ley. En Estados Unidos, por ejemplo, las señales más prestigiosas, como CNN o HBO, pertenecen a Time Warner, que es dueña de un gran sistema de cable. Lo único que la ley exige es que no más del 40% de los canales de ese cable sean producidos por Time Warner. Aquí, en la Argentina, se daría un extremo inédito: sólo un canal. El resto, por ejemplo Volver, Magazine, Metro o Quiero, deberían cerrar. Flaco favor a la diversidad y la producción nacional.

d)Algo parecido sucede con las radios, que a través de repetidoras llegan a otros puntos del país. El proyecto obligaría a que radios como Continental, Cadena 3 de Córdoba, Mitre o La Red tengan que abandonar de golpe a cientos de miles de oyentes, sobre todo en el interior. Otra vez, en lugar de sumar, el proyecto resta. Las cadenas de radios coexisten con los medios locales, dándole más opciones al oyente. En la Argentina probablemente la radio será cada vez más débil.

e)El proyecto le da al gobierno total discrecionalidad para determinar si un diario, una revista o un simple sitio de Internet pueden tener una radio o un canal. Hoy ese derecho no está sujeto al humor de ningún funcionario, ni puede ser usado como premio o castigo. Mañana sí. Otra herramienta para forjar un escenario mediático a medida. NO ES UNA LEY DE LA DEMOCRACIA.

DE LO EXPRESADO PRECEDENTEMENTE, SE DEDUCE QUE LO QUE PRETENDE EL P.E. ES LO SIGUIENTE:
1)Aumentar su poder sobre la prensa
2)Que el proyecto se convierta en ley antes del recambio legislativo del 10 de diciembre, cuando el kirchnerismo pierde su mayoria legislativa en ambas camaras del Congreso.
3)Que no existan mas medios de comunicación independientes que informen, difundan y controlen los actos de gobiernos que con esta ley quieren ser ocultados al pueblo argentino.
4)Censurar, callar , amenazar y controlar la información
5)Destruir la libertad de expresión
6)Ante la celeridad con que el oficialismo pretende imponer en el Congreso una nueva Ley de Radiodifusión busca que los medios del interior del país no participen y que el debate no sea federal.
7)Muchos medios del interior estarían excluidos del otorgamiento de licencias. Por ende, deberían cerrar muchas emisoras. (art. 32)
Conforme a ello, todas las emisoras de televisión abierta y radios del país que consumen el 80% del país que no tienen clave, estarían adjudicadas por el Estado. Ello implica la monopolización de los medios por parte del PE.
CRITICAN AL MONOPOLIO DE CLARIN PERO ESTA ES LA LEY DEL MONOPOLIO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR PARTE DEL ESTADO.

POR ELLO, considero que el presente proyecto de ley busca silenciar a los medios de comunicación actuales, quitarles sustentabilidad u obligarlos a vender. Y a los que queden, a depender de la pauta estatal o de otros negocios.
Asimismo, es importante manifestar que queremos medios públicos fuertes pero autónomos del poder de turno, medios comunitarios y medios privados, y que los mismos se expresen con independencia y pluralidad.
Por ultimo, quiero dejar constancia que es fundamental que la nueva ley sea discutida por el Congreso elegido el 28 de junio. El actual Congreso es legal, pero no es legítimo
En virtud de lo expuesto precedentemente, concluyo en afirmar que voto en contra del presente proyecto de ley.

IVANA M. BIANCHI
DIPUTADA NACIONAL
PROVINCIA DE SAN LUIS
BLOQUE FREJULI.